-Marco Fonseca / PUERTAS ABIERTAS–

Sin duda alguna que Jimmy Morales estuvo envuelto en las negociaciones sucias del Congreso que resultaron en la aprobación de reformas penales desde por lo menos una semana anterior, si es que no desde antes. Pero ese plan se vio acelerado a partir del momento en que la CC invalidó, sobre la base de un razonamiento constitucional espurio, la decisión de todos modos y a todas luces políticamente ilegítima de expulsar al comisionado Velásquez.

La falla en la expulsión de Velásquez hizo, sin embargo, necesario acelerar un plan que, a decir verdad, se había venido fraguando desde el ascenso de Morales y el FCN-Nación al poder, es decir, un plan restaurador a ultranza, una restauración dentro de la restauración: ¿cómo invalidar no solo las demandas ciudadanas de 2015 sino también los crímenes mismos que han figurado de modo central en las investigaciones de la Cicig? Ya que no fue posible expulsar al comisionado de Guatemala, entonces se convirtió en necesario proceder a invalidar el trabajo que ha hecho por años.

Las reformas penales que se convirtieron en objetivo de un nuevo ciclo de protestas sociales vinculadas a las protestas de 2015 consisten, esencialmente, en una medida de «urgencia nacional» para eliminar uno de los crímenes más resentidos por la ciudadanía, porque es el conducto más directo y material hacia la cooptación del Estado: en primer lugar, el financiamiento ilícito a partidos políticos de cartón (Decreto 14-2017) y, en segundo lugar, el pago para no ir a la cárcel en caso de haber incurrido en financiamiento ilícito (Decreto 15-2017). ¡Doble blindaje! Es más, de acuerdo al secretario de Política Criminal del Ministerio Público de Guatemala, las reformas penales del Congreso también hubieran podido resultar invalidando unos 400 delitos y, con ello, evitar prisión para quienes los cometen. En otras palabras, un regalo directo no solo a la clase política corrupta sino también a mucha gente actualmente en prisión sirviendo condenas por un sinnúmero de delitos.

No se trata de reformas meramente coyunturales que benefician directamente a Jimmy Morales y a los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate. No se trata de «un Congreso sin agenda estratégica» como lo ha afirmado Ricardo Barreno. Es cierto que la decisión de Morales de expulsar al comisionado Velásquez se dio un día después de que la Cicig y el MP solicitaran levantar la inmunidad del presidente y sujetarlo a una investigación precisamente por financiamiento ilícito a su partido cuando fue él su secretario general. Es cierto, también, que solamente unos días después la alianza de la impunidad procedió a blindar al presidente mismo denegando la recomendación de la Comisión Investigadora del Congreso de retirarle la inmunidad por indicios razonables de posibles delitos cometidos y que ameritan investigación judicial. Aunque la reforma al Código Penal sí tenía, pues, esos antecedentes inmediatos y resultaba en esos beneficios directos para la clase política corrupta y dominante, se trataba sin embargo de una medida más profunda, perniciosa y perversa: era un intento de restauración dentro de la restauración, es decir, una restauración del crimen mismo que ahora se institucionalizaba abiertamente como legalidad, dentro de una restauración conservadora y neoliberal del orden político-económico mismo que empezó en enero de 2016.

Las reformas al Código Penal que ya fueron invalidadas por la Corte Constitucional, así como un paquete más amplio de reformas que aún están por venir y que aún van a poner a prueba las ya muy estiradas instituciones del Estado liberal de derecho así como la paciencia de la ciudadanía, son expresión también, como lo ha puesto un informante de Prensa Libre, de «la venganza del Mariscal» en donde cuadros importantes del conservadurismo militar enjaulados a consecuencia de investigaciones de la Cicig, como Otto Pérez Molina, Manuel López Ambrosio, Ulises Anzueto y Ricardo Bustamante. Estas gentes han venido planeando, junto a cuadros del FCN-Nación y la Avemilgua, así como sus partidarios/as en el Congreso, sus aliados/a en el Ejecutivo y empresarios cacifistas opuestos a la Cicig (como la Cámara del Agro y la Cámara de la Construcción), formas concretas de invalidar el trabajo de la Cicig y las demandas ciudadanas. No hay que ser ingenuos/as. Es un proceso estratégico que, dando dos pasos adelante, aunque se vea forzado a retroceder un paso atrás, se plantea no solo la renormalización de un sistema corrupto y cooptado sino también el reencauzamiento un modus operandi político cuya ilegalidad se convierte, ahora, en legalidad. El método es arrasar con todo lo que sea posible para, después de acciones de amparo y gritos de la ciudadanía, quedarse con lo que sea más probable.

Ante la derrota que sufrió Morales por parte de la CC este plan tuvo que ser «acelerado». Y su «aceleración» se hizo por medio y por parte de una alianza de la impunidad y la cooptación en el Congreso conformada por las bancadas mayoritarias FCN-Nación, UNE, MR, AC y Todos, aún sin el concurso explícito del Cacif, y con una crítica del mismo por su «modo acelerado», es lo que ha generado esta crisis política, con todo y la cancelación del desfile oficial para conmemorar las fiestas nacionales y un asedio al Congreso que duró casi todo el día de la Independencia, que de nuevo amenaza con profundizar la crisis de hegemonía que está en juego desde 2015. La realidad y amenaza de todo fue lo que llevó al Cacif primero a denunciar esta maniobra, no por mala idea o por ser ilegal, sino por «acelerada» y por generar una óptica de consolidación de la impunidad. Y, luego, en el gran día de la indignidad nacional, a defender a los diputados y demandar a las fuerzas de seguridad que les ofrecieran protección contra la «violencia» ciudadana.

Morales está en deuda no solo con su bancada sino también con la alianza de la impunidad entre UNE, MR, AC y Todos, partidos de cartón, porque le blindaron la inmunidad. En este sentido preciso es que podemos decir, ciertamente, que la economía moral e ideológica del Legislativo funciona, ahora mismo, de acuerdo a la lógica de pago de favores. Pero hay que ir más lejos. Por ello, quienes esperaban que por principio o por pragmatismo político Morales vetara las decisiones ilegítimas del Congreso parecía más bien un cálculo de costos y beneficios de acuerdo al método de dos pasos adelante y solo uno para atrás. De hecho, un día después del paso de esas antirreformas en el Congreso, Morales se dirigió a la nación y dijo que las reformas «serán sometidas a su respectivo análisis jurídico. Si se determina que si son nocivas para el pueblo de Guatemala, y atentan contra los intereses de la Nación, utilizaré mi derecho de veto». Con esto el cabecilla visible de la restauración se dejaba las puertas abiertas. Si hubiera tenido el chance de vetar las reformas, sin embargo, Morales habría también confirmado al mismo tiempo el grado de cinismo político con el que sus aliados/as en todo el Gobierno manejan las instituciones y procedimientos del Estado. Y ello es igualmente desdeñable de todo intento de depuración, ya no digamos democratización, del Estado. Pero la decisión de la CC de invalidar las reformas al Códico Penal porque las considera «una seria amenaza para el sistema judicial guatemalteco» le quitó a Morales la necesidad de hacer este cálculo político mezquino.

¿Cómo es que Morales concibe el momento presente de la crisis del Estado en Guatemala? El mismo nos ha dicho cómo lo concibe. En el momento mismo que él, sus consejeros y sus aliados/as en el Congreso estaban fraguando la restauración de la ilegalidad dentro de la restauración conservadora y neoliberal, el presidente se fue a inaugurar la renovada Plaza España y, bajo la excusa de exaltar la gesta histórica criolla de la llamada «Independencia» del país, Morales invocó directamente a un icono del franquismo español y, con él, los valores de la restauración conservadora y neoliberal de esa patria. Morales invocó la figura de José Moscardó Ituarte (Madrid, 26 de octubre de 1878 – Madrid, 12 de abril de 1956) quien fue un militar español franquista y quien, durante la guerra civil española, defendió el Alcázar de Toledo frente al asalto de las fuerzas republicanas y populares. Aunque Morales hizo esto también como parte de una apología por el bono militar corrupto que ha recibido en ocho pagos separados de Q 50 000.00 cada uno, una medida militar que fue ella misma impuesta en diciembre de 2016 como parte de la restauración militar y empresarial, Morales afirmó: «Tener un país libre e independiente es caro». Además de ser un discurso reaccionario, también revela el estado mental e ideológico del presidente al momento que se legaliza el crimen en nombre de la soberanía nacional.

Sin dejar pasar mucho tiempo, el nuevo procurador de los Derechos Humanos lanzó un recurso de amparo para suspender los decretos que modificaban el delito de financiamiento electoral ilícito y ampliaban las condenas conmutables de cinco a diez años. Claro, Rodas Andrade estaba argumentando, como mucha gente entre la ciudadanía, que la decisión en el Legislativo era «ilegal». La verdad es que, aunque no nos guste y a pesar de lo que ya a dicho la Corte de Constitucionalidad, no fue en sí misma ilegal, pero sí fue podrida, ilegítima, desapegada totalmente al espíritu incluso de los aspectos garantistas de la Constitución neoliberal y definitivamente contraria al proceso de depuración que ha venido apuntalando la Cicig y el MP. Apelar a la Corte de Constitucionalidad como garante del Estado neoliberal de derecho, sin embargo, es como siempre arma de dos filos. No olvidemos en ningún momento que la CC actual, aunque haya detenido la actual maniobra de la alianza de la impunidad, es ella misma parte de la restauración conservadora y neoliberal.

Ante los hechos que aquí hemos descrito y analizado de modo muy breve, es urgente preguntar: ¿qué más prueba necesita la ciudadanía organizada para articular una rebelión general, pacífica, democrática pero profundamente rupturista? El Estado ha quedado al desnudo: está profundamente cooptado por el sector privado; la restauración conservadora y neoliberal ha sacado las uñas y ha intentado legalizar, descaradamente, todo lo que la ciudadanía ha venido demandando que se depure y se castigue desde 2015; la alianza neoliberal anticorrupción (la Embajada, la Cicig, un sector pequeño del Cacif, la buena sociedad civil, varios colectivos urbanos y algunos movimientos sociales e indígenas) está, en este momento, en la defensiva (aunque los casos en marcha en las cortes y en las oficinas de la Cicig/MP den la impresión opuesta). Las protestas ciudadanas del 14 y 15 de septiembre, sin embargo, nos han dado razón para creer que la posibilidad de articular el poder constituyente en un poder también destituyente es algo no desdeñable. Las principales demandas que articuló la ciudadanía durante todo su asedio al Congreso corrupto el 15 de septiembre hasta bien entradas las horas de la noche nos dan esperanza. Esas demandas son:

– Que se repita la votación para retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales.

– Que los diputados que votaron en contra de las reformas al Código Penal sean los nuevos integrantes de la Junta Directiva y que renuncien quienes votaron a favor.

– Que los ministros también dimitan de sus cargos.

– Que haya reformas profundas y estructurales a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Más allá de todo esto, solo queda una salida real para depurar el Congreso y transformar al Estado neoliberal de derecho: finalmente entender lo que han venido diciendo los movimientos sociales mayoritarios, es decir, es hora de una Asamblea Nacional Constituyente. ¡Es hora de la #Refundación!

Marco Fonseca

Doctor en Filosofía Política y catedrático en la Universidad de York, en Toronto.

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