Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

En países como Guatemala la ultraderecha ha tenido siempre una actividad intensa y apoyo económico y político desmesurado. Aquí, como en todas partes del mundo, representa lo más conservador y retrógrado sobre las visiones de mundo y sociedad, amparándose siempre en discursos excesivamente chovinistas, pseudoreligiosos, populistas y acientifícos.

Son, más que el freno, la actitud política más dañina para la la consolidación de la democracia, la que en su discurso supremacista dicen defender. Pero, además, las ultraderechas han sido, y siguen siendo, la otra cara, indisoluble, de la corrupción.

Con la crisis, tanto económica como ética, que el neoliberalismo ha producido en todas las sociedades capitalistas, las escasas conquistas de las minorías sociales y grandes masas empobrecidas no solo son cuestionadas sino atacadas y amenazadas con desaparecer, permitiéndose el avance y consolidación de las ultraderechas.

Pero si en algunos países estas corrientes que aunque minoritarias son estruendosas, en sociedades como la guatemalteca avanzan en prácticas terroristas, dedicándose de manera abierta a impedir que el sector justicia se desarrolle y que los sectores populares y distintas minorías ganen sus derechos.

Sin conformar una sola organización vigorosa, los distintos grupúsculos de ultraderecha se alían y confunden, unificados en el objetivo de impedir que la justicia sea aplicada de manera transparente a todos y que el poder público sea instrumento efectivo para la reducción de las desigualdades.

Mas, si todo esto ha sido pan de todos los días casi desde la caída del gobierno revolucionario en 1954, en los últimos meses, ensoberbecidos por el apoyo de las ultraderechas de países ricos como Estados Unidos, han avanzado en ataque violento a todos aquellos actores que, de una u otra forma, afectan los intereses de sus aliados permanentes, es decir, los grupos criminales que medran dentro y fuera del aparato del Estado.

Emparentados directa e íntimamente con el terrorismo de Estado que ensangrentó al país desde las décadas de los años sesenta hasta finales del siglo pasado, uno de sus objetivos es que no se juzguen los crímenes horrendos y cobardes cometidos en casi cuarenta años y, para ganar impunidad, trenzan alianzas con todos aquellos delincuentes que buscan el mismo beneficio.

Pero no solo están a la defensiva, en los últimos años, amparados en los aparatos de gobiernos carcomidos por la corrupción, han entrado activamente al ataque, decididos a destruir honras, patrimonios y hasta vidas, con tal de mantener su impune enriquecimiento.

Si contra los grupos campesinos que luchan por la tierra y mínimas mejoras a sus condiciones de vida se han multiplicado los asesinatos y destrucción violenta de sus pertenencias bajo el manto de la supuesta recuperación de propiedades privadas, en el ámbito de la justicia han redoblado sus ataques y denuncias falsas contra los escasos jueces y magistrados que han osado aplicar la ley a supuestos poderosos intocables.

Las aberrantes denuncias contra Thelma Aldana, Yassmin Barrios y Erika Aifán, aceptadas maliciosamente por la Corte Suprema de Justicia, son parte de ese plan terrorista que pretende anular públicamente a todos aquellos que no se plieguen a los intereses del poder e intenten que quienes han cometido crímenes sean sometidos a juicio. Sin evidencias contundentes que permitan a sus allegados demostrar su inocencia, han optado por aterrorizar a jueces, magistrados y activistas sociales, con la clara intención de impedir su trabajo independiente e obligar a las jóvenes generaciones de jueces a doblegarse ante sus presiones.

Eliminar la acción independiente y apegada a la defensa de los derechos de los ciudadanos de la institución del Procurador de los Derechos Humanos es una de sus metas, como lo es también poner de rodillas a la Corte de Constitucionalidad.

Hábilmente, los grupos criminales de todo tipo han encontrado en las acciones de la ultraderecha el instrumento adecuado para ampliar sus beneficios y salir impunes. Expulsar a la Cicig les dejó el terreno casi limpio, ahora están desesperados por desestabilizar y anular a la FECI y destruir a su responsable.

El terror no lo viven diariamente solo los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos o todo aquel que intenta movilizarse por un país donde impere la ley y no los intereses de unos pocos. También lo están viviendo jueces, magistrados y fiscales que intentan hacer cumplir la ley tal y como se debe.

Las otras derechas, menos violentas y sin ataduras con el pasado tenebroso del Estado militar terrorista, permanecen quietas, jugando a que no afecten sus intereses, imaginando que, luego de que la ultraderecha deje la tierra arrasada política, social y judicialmente, ellas podrán imponer «su democracia», desarrollando «su capital». Sin embargo, no logran entender que si ahora son cómplices silenciosas de la degradación de la política y la vida social del país, que está cobrándose en vidas y libertades, después tendrán que cargar no solo con los costos económicos, sino que deberán permanecer serviles ante los nuevos sicarios.

La ultraderecha terrorista no les expulsará ni expropiará, simplemente les obligará a pagarles por protección, dejándoles participar en sus negocios. La democracia será mucho menos que una palabra hueca. Tal parece que ni supuestos humanistas, neoliberales desarrollistas y cristianos demócratas se han dado cuenta de ello, y se consuelan con ver pasar por sus ventanas cuerpos y honras destrozadas por el impune terrorismo de la ultraderecha, imaginando que el asunto no es con ellos.

Fotografía principal por Mauro Calanchina, editada por Susana Alvarez Piloña.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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