Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

Los altos escalones de la lumpen oligarquía chapina parecen no entender aún que su alianza con el Pacto de Corruptos les lleva directamente al precipicio. Satisfechos con haber expulsado de Guatemala al equipo de investigadores internacionales que desnudaron su ilegal financiamiento con el que impusieron al corrupto de Jimmy Morales, en su gigantesca estulticia, estimulan y financian el acoso que al Estado de derecho están promoviendo la Junta Directiva del Congreso, sus aliados y financistas.

Los indicios que la Fiscalía Contra la Impunidad ha aportado, respecto a las sospechas de corrupción en el proceso de selección de los candidatos a futuros miembros de la Corte Suprema de Justicia, son suficientes para eliminar de los listados a todos aquellos candidatos sospechosos de haber intentado imponer de manera ilegítima su nombre.

Como se sabe, fueron estas evidencias las que llevaron al Ministerio Público a presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad –CC– para suspender esa elección, el que fue concedido por ese alto organismo, con un solo voto en contra. Como consecuencia de esta resolución, los cuatro magistrados de la CC que la aprobaron fueron denunciados ante la Corte Suprema de Justicia, misma que rápidamente dio trámite al antejuicio en su contra, mas, integrada ilegalmente, entre otras cosas porque los magistrados suplentes participantes están entre los que se comunicaron con Gustavo Alejos y por lo tanto tienen conflicto de intereses, la CC emitió un amparo, exigiendo que el expediente de ese antejuicio le fuese entregado, cosa que la Junta Directiva del Congreso no ha cumplido.

Como consecuencia de este proceder de la Junta Directiva del Congreso, constituida a causa del receso parlamentario en Comisión Permanente, el 29 de junio del corriente año la CC dictó una certificación de lo conducente en su contra, pero esta, de manera pública y descarada, ha desobedecido tal disposición. Pasado más de un mes, el Ministerio Público, responsable de la denuncia que dio lugar a todo este proceso, no ha actuado penalmente ni recurrido a diligencias como el secuestro del expediente, acción que faculta la ley, y así detener el desacato en el que han incurrido los diputados miembros de esa Comisión.

Intentando enderezar el entuerto, la CC resolvió el amparo de manera definitiva el 24 de julio recién pasado, ordenando a la Corte Suprema de Justicia integrar un nuevo pleno para resolver el antejuicio en contra de cuatro de sus miembros, pero con apego a la jurisprudencia que establece, como elemento fundamental, que los magistrados de la CC no pueden ser perseguidos por el contenido de sus resoluciones. Pero esta sentencia tampoco ha sido respetada por la CSJ, entrando también en desacato, argumentando que el expediente está en manos del Congreso y que no puede hacer ya nada, cuando retenerlo es la ilegalidad cometida por los diputados, y recuperarlo es una responsabilidad de la CSJ y del MP.

Esto, según lo afirman más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil en su carta pública enviada a la jefa del Ministerio Público, está poniendo en grave riesgo el Estado de derecho, «pues cuando una orden del máximo tribunal no se acata se pierde la certeza jurídica, sobre todo cuando se trata de los organismos del Estado. Esto provoca que cualquier persona busque “hacer valer la ley con su propia mano”, lo que hace imposible que se detengan las arbitrariedades». Y, agregan,

El MP tiene como obligación hacer cumplir la ley de manera objetiva e imparcial y con mayor énfasis en este tipo de crisis institucionales, como la que el país enfrenta en medio de esta pandemia desgarradora. Ante eso, demandamos que el MP actúe penalmente contra los diputados miembros de la Comisión Permanente y de la Comisión Pesquisidora, quienes se niegan a acatar la sentencia de la máxima corte, y así se pueda detener el atropello ilegal que estas personas con intereses criminales quieren llevar a cabo con la finalidad de elegir cortes que comprometen el Estado de derecho.

Ante este escenario, más que riesgoso para la estabilidad jurídica y política del país, han guardado total y absoluto silencio los que con miles de subterfugios se han apropiado de las riquezas nacionales. Siendo uno de los principales grupos de presión, está más que claro que este comportamiento del Cacif, y de los más prominentes millonarios a quienes obedecen, no es más que una muestra pública de apoyo a las actuaciones de la Junta Directiva del Congreso y la fracción mayoritaria de la CSJ que pretende, a cómo de lugar, imponer una CSJ que satisfaga los intereses de los sectores más oscuros y corruptos de la política y la economía del país.

Estos prominentes miembros de la lumpen oligarquía chapina no logran entender que, de consumarse tan aberrante proceso de nominación de los próximos magistrados, el país entrará en una espiral descendente de ilegalidades y atropellos de los que ni ellos mismos estarán exentos. Rotas las mínimas amarras de la legalidad, el país entrará en un largo y oscuro ciclo en el que imperará la ley del más fuerte y ellos, aunque por ahora sean supuestamente los más poderosos, no serán capaces de enfrentarse a los intereses del crimen organizado.

Si actualmente se frotan las manos al ver que los magistrados de la CC, así como el procurador de los derechos humanos, están siendo expuestos a los mayores atropellos y desacatos, considerando que con ello demuestran que son solo sus intereses los que importan y quien no los satisface queda excluido y vilipendiado, de imponerse el nuevo orden, que en sí es el orden de las mafias y los corruptos, ni ellos mismos saldrán indemnes, pues vendrán otros que con más fuerza que maña se impondrán sobre ellos.

Todos los Estados que han sido cooptados y controlados por las mafias más voraces y hasta carniceras lo han hecho con el apoyo inicial de las oligarquías, ejemplo claro es la Honduras de ahora, pero también lo son, en América Latina, Bolivia y Ecuador.

Negarse a actuar ahora a favor del imperio la ley solo les traerá daños en el corto plazo, haciéndole a la sociedad más difícil y arduo el proceso de construcción de un nuevo país, en el que ellos, por su propia tacaña ambición, quedarán excluidos.

Es de esperar que las fuerzas progresistas y democráticas, tanto de izquierda como de derecha, entiendan que es urgente e indispensable la construcción de un solo frente que tenga como objetivo la construcción de un país en el que la ley sea respetada por todos y para todos, estando más que claros que el Cacif y quienes lo sostienen no tienen ya cabida en ese proyecto de nación.

Imagen principal tomada de Twitter.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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