-Ricardo Barrientos / MANIFIESTO–

El transporte público continúa siendo una tragedia cotidiana para los usuarios, caracterizada por violencia, abusos y vejámenes de toda índole, todos impunes.

Por desgracia, esta no es, y seguro no será, ni la primera ni la última vez, ni tampoco la única que se denuncien los insoportables abusos que a diario sufren las y los usuarios del transporte público de pasajeros de Guatemala. Una calamidad cotidiana que una diversidad de victimarios: propietarios, pilotos, ayudantes o «brochas», extorsionistas, alcaldes, funcionarios de fideicomisos municipales, empresarios, etcétera se ceban con sus víctimas, las y los usuarios.

En el transporte público guatemalteco, ser hombre o mujer es una diferencia trágica por la naturaleza de los vejámenes que se sufren, todo un crescendo diverso de formas de acoso, desde miradas lascivas, pasando por comentarios ofensivos hasta violaciones sexuales consumadas dentro de las unidades de transporte. Como un aspecto positivo, pero sin duda demasiado poco y demasiado tarde, es la persecución penal de algunos de estos acosadores en buses.

También la edad hace mucha diferencia en el transporte público, ya que a diario personas mayores son víctimas de despliegues inhumanos de crueldad o menosprecio al exigirles la tarifa usual, o incluso aún más elevadas. No se diga de personas con necesidades especiales o con movilidad limitada. Ante la prisa por «pelear pasaje» o el descarado y sistemático irrespeto a las reglas de tránsito, poca o nula esperanza queda para el respeto de la condición humana.

Por supuesto, no debe generalizarse, porque más de algún piloto, ayudante o propietario honesto y respetuoso habrá. Pero por desgracia la gran mayoría de casos y testimonios dan cuenta de una calamidad casi general, quizá menos aguda en el sistema capitalino de Transmetro. Para el resto de modalidades de servicio, incluidos el urbano en otras ciudades y el extraurbano, el abuso y el vejamen se han tornado la norma.

Esta calamidad añeja y persistente es inaceptable y debe rechazarse porque hay instituciones con la autoridad de prevenir y sancionar los abusos. Las municipalidades son la primera línea de responsables y culpables. Quizá como segunda línea es la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), que pese a tener una Defensoría de los Usuarios del Transporte Público, está desbordada o le ha alcanzado la plaga de la negligencia o incapacidad: la semana pasada una persona intentó comunicarse para denunciar un abuso, pero no logró que le respondieran el teléfono…

Y luego están las autoridades superiores de los Organismos del Estado. El Ejecutivo tiene la facultad constitucional para intervenir servicios públicos como el transporte, y no lo ha hecho, en parte porque los transportistas juegan un papel importante en la politiquería sucia del acarreo de votantes en el día de las elecciones… El Legislativo podría aprobar sanciones drásticas, fortalecer el presupuesto de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público y elevar sustancialmente el impuesto sobre circulación de vehículos particulares, como una transferencia justa de quienes nos transportamos en vehículo particular, para financiar soluciones que beneficien a quienes sufren vejámenes en el transporte público.

En fin, rutas técnicas y políticas para solucionar este problema las hay, y de hecho es uno de los problemas guatemaltecos que están sobrediagnosticados. Es una cuestión de voluntad política para buscar las soluciones e implementarlas. Quizá ante la coyuntura actual de ineptitud y corrupción galopante en el Gobierno y en el Congreso, la ventana de esperanza y oportunidad se encuentre en la PDH.

Así, un mensaje para el procurador Jordán Rodas: atención para la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público, es una prioridad. Quizá me atrevería a sugerirle respetuosamente que empiecen por responder el teléfono para recibir denuncias…

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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