La paz en Colombia es parte de ese sueño continental y mundial y por lo tanto, un derecho y también un compromiso de todas y todos. Tal sentimiento es el que embarga a la comunidad internacional y es también la enorme expectativa que hay por este proceso, que según el discurso del presidente es el «acuerdo de paz más completo y complejo que jamás se haya firmado» (Santos, 2017, Canal1.com). En esa misma dirección, algunos expertos internacionales lo consideran una guía para «la construcción de la paz» en el mundo (Herbolzheimer, Semana 2016). A partir de los planteamientos anteriores intentaré mostrar qué tanta coherencia hay entre lo dicho y lo hecho, entre el discurso y el proceso de paz en Colombia que incluye tres componentes: el acuerdo de paz entre FARC-Gobierno, la mesa de diálogos entre el Gobierno y ELN, y el movimiento por la paz desde los sectores sociales, que desde hace muchos años existe y construye paz dentro y fuera del país. Este proceso múltiple por la paz está enmarcado en el 2018 en un año electoral que complica y genera incertidumbre. Hagamos un breve recuento.

En enero pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, hacía un balance de la implementación de los acuerdos entre Gobierno-FARC durante 2017 y subrayaba que «(…) Colombia país con una de las democracias más antiguas del mundo» (NC Noticias, 2018). Esa caracterización ha sido construida desde el Gobierno, los medios de comunicación y sus aliados internacionales que promocionan a Colombia como «la democracia más antigua de América». Mediante tal afirmación, se ha representado socialmente a Colombia, intentando fijar un modelo mental y cultural del país en el mundo, enfatizando y sugiriendo que somos un modelo de «democracia» y ahora un «modelo de proceso de paz», dignos productos de exportación. ¿Qué tanta coherencia hay en ese discurso sobre la democracia colombiana y el proceso de paz actual? Intentemos que otras preguntas nos ayuden a reflexionar críticamente y a encontrar respuestas.

¿Es posible llamar democrática a Colombia, el país cuyo Gobierno ha generado una guerra de más de 60 años que aún no termina y ha causado la tragedia humanitaria más grande del continente y una de las mayores del mundo? ¿Cómo sustentar que hay democracia con un modelo económico y político excluyente, que ha colocado a Colombia en el puesto 12 de desigualdad en el mundo entre 168 países (PNUD, 2013) y a ser el segundo país más desigual de América Latina después de Honduras (Banco Mundial, 2015)? ¿Si ese modelo económico y político es la base de la desigualdad y la injusticia en Colombia, por qué el presidente Santos, premio Nobel de la Paz en 2016, lo defiende y no acepta su discusión en ninguna mesa de diálogo ni con las guerrillas ni con los sectores sociales? ¿Si ese ha sido el modelo causante de la guerra, podrá ese mismo garantizar los acuerdos y las transformaciones necesarias para una «paz completa»? ¿Por qué el presupuesto de Colombia para 2018 define 40 % para la guerra y el pago de la deuda, mientras recorta 20.5 % al sector agropecuario, será esta una señal positiva para el proceso de paz? ¿Cuándo va a pagar el Gobierno la deuda social que tiene con el país, por ejemplo, cumplir los 130 acuerdos que ha firmados desde hace varios años con campesinos, grupos étnicos y demás sectores sociales? Hagamos un balance de los acuerdos y los procesos.

La guerrilla de las FARC entregó las armas a los organismos internacionales, se concentró en los lugares acordados, entregó información sobre depósitos, recursos, ha resuelto problemas ante el incumplimiento del Gobierno en cuanto a vivienda y comida para los y las excombatientes, y fundó el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Para aproximarnos al cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno consideremos: el cuarto informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), la reunión de enero del 2018 entre Gobierno-FARC y el Informe de la Comisión Internacional de verficación de Derechos Humanos en Colombia 2017. Este último informe plantea cuatro conclusiones: «Incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos, creciente presencia paramilitar en amplias zonas del país, incremento de los asesinatos de líderes sociales y el debilitamiento del papel de la comunidad internacional». El Observatorio de Seguimiento (OIAP) establece que la implementación alcanzaba solo 18 %, y «el balance es precario». El dato anterior implica que «falta implementar 82 % de los acuerdos de paz», pues siguen sin concretarse procesos sobre la reforma agraria integral, la sustitución de cultivos ilícitos, la Unidad de Investigación para el Desmonte del Paramilitarismo y todavía hay excombatientes en las cárceles. Algo inaceptable ha sido la modificación hecha en el Congreso, por los partidos que se oponen al mismo, a varios proyectos que materializaban los acuerdos mediante leyes. Otro golpe certero al Acuerdo es la decisión de la Corte de echar abajo las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, contenidas en el punto 2 de los acuerdos, sobre participación política.

El nuevo partido FARC señaló la situación crítica que vive el proceso, ratificó su compromiso con el Acuerdo y exige como mínimos: «salvar lo fundamental de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz; que funcione la “Unidad especial de lucha contra las organizaciones criminales”; tramitar reformas política y agraria y apurar los procesos de reincorporación política, económica y social de los excombatientes, así como la titulación de tierras para proyectos productivos». Iván Márquez, uno de sus voceros, enfatizó que «recurrirán al Tribunal Internacional de Justicia e instancias multilaterales para hacer cumplir lo firmado».

El presidente colombiano se limita a decir que están cumpliendo los acuerdos y ratificó su compromiso «absoluto» por la paz de Colombia y la reconciliación nacional.

Un segundo espacio de diálogo para terminar el conflicto bélico en Colombia es la Mesa de Negociaciones de Quito entre el Gobierno-ELN, que en esta última fase tuvieron 3 años de «contactos secretos» y las negociaciones se inciaron con 10 meses de retardo. A pesar de que habían acordado una agenda, desde el primer día el Gobierno quiso modificarla y ajustarla a su punto de vista. Acordaron algunas acciones humanitarias de liberación de «retenidos» por parte de la guerrilla, aunque el Gobierno no quiere reconocer que los asesinatos de los líderes y lideresas sociales son una campaña sistemática y tampoco quiere garantizar su vida. No reconoce la existencia del paramilitarismo, sino de bandas criminales y con la complicidad de algunos jueces continuó deteniendo, judicializando y desterrando más líderes y lideresas en varias partes del país.

Un aspecto positivo fue el cese bilateral del fuego que duró 101 días, concluyó en enero y que las partes habían acordado en septiembre 4 de 2017, que una vez terminara procederían a «evaluar y proponer un nuevo cese». Cuando terminó el cese, el Gobierno pretendió prorrogarlo automáticamente sin cumplir lo pactado y luego el presidente retiró su delegación de la mesa, el 10 de enero, justificando un supuesto incumplimiento de la insurgencia. La delegación del ELN ha informado que está en Quitó y seguirá allí dispuesta para iniciar el ciclo de conversaciones, «para evaluar el cese y pactar uno nuevo que supere falencias que tuvo el anterior»; además de que se inicie un «gran diálogo nacional», que desarrolle la participación de la sociedad colombiana en forma directa con sus agendas y propuestas hacia un pacto de paz.

En este segundo proceso se da una sucesión de hechos que complican la situación: el 9 de enero termina el cese bilateral e inmediatamente la guerrilla realiza acciones en donde mueren varios polícías y otros quedan heridos. El Gobierno decide no iniciar la ronda prevista. Entre el 22 y el 25 de enero se reunen Gustabo Bell y Pablo Beltrán, jefes negociadores del Gobierno y del ELN. El Gobierno ordena la captura de la cúpula de esta guerrilla y las fuerzas armadas arreciaron ataques en zonas donde tiene presencia la guerrilla, inclusive en zonas de población civil en el Chocó. El ELN ordenó un paro armado del 10 al 13 de febrero y realizó más de 20 acciones en varias partes del país. Ahora las conversaciones siguen suspendidas, mientras tanto sectores sociales organizados, la iglesia y comunidad internacional insisten a las partes que reinicien las negociaciones en Quito.

El tercer componente en este proceso lo constituye el movimiento por la paz desde los sectores sociales, que viene de tiempo atrás y cada día es más fuerte y ha sido invisibilizado y perseguido. A pesar de tantas guerras en Colombia, se han desarrollado más de 100 iniciativas desde los sectores sociales y algunos a mencionar son: el Movimiento de Mujeres contra la Guerra cuya consigna es «no queremos parir más hijos e hijas para la guerra». Las Comunidades de Paz que se niegan a ser involucradas en la guerra y exigen a los diferentes actores armados retirarse de sus territorios, como es el caso de la Comunidad de San José de Apartadó y varias comunidades indígenas, negras y campesinas que tienen sus guardias sin armas, para enfrentar solo con la palabra, el argumento y su vida a los guerreros de los distintos bandos.

La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular incluye en los pliegos de peticiones y en las movilizaciones el derecho a la paz con justicia social y ambiental, y en los últimos años se ha configurado un Comité de Impulso a la Mesa Social para la Paz en donde participan cerca de 100 organizaciones sociales, regionales y locales que vienen acompañando y acogiendo el llamado de la Mesa de Quito a participar tal como lo contempla el punto de uno de la agenda acordada entre Gobierno y ELN «con iniciativa y propuestas que hagan viable la paz en el curso y contexto de este proceso (…) en un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista que permita construir una visión común de paz». Este Comité de Impulso viene defendiendo e impulsando también la implementación de los Acuerdos de La Habana, además, recientemente se reunió con el presidente Santos primero y luego con la delegación del ELN conminándolos a reiniciar las conversaciones de la Mesa de Quito y de paso permitir la participación concreta de la sociedad en tal proceso.

La diáspora colombiana (migración, refugio y exilio) también ha trabajado desde los 80 y los 90 por la paz en Colombia acompañado delegaciones durante distintos procesos por la paz, impulsando y participando con diferentes ONG europeas, en eventos como: la Conferencia europea sobre derechos humanos en Bélgica en 1994 y el Primer Encuentro de Refugiados Colombianos en Londres en 1995, cuatro foros convocados por el Foro Internacional de Víctimas (FIV) entre 2014 y 2017 y la mayoría de las capitales europeas has sido sedes de eventos por la paz. En los dos últimos años han surgido otras organizaciones como Red de Víctimas por la Paz de Latinoamérica y el Caribe (REDVICPAZ LAC), la Constituyente del Exilio, los Cabildos Transfronterizos y el Círculo del Transtierro. Son inumerables los aportes desde el exterior por la paz en Colombia. Estas organizaciones y otras diásporas del mundo construyen expresiones de resistencia global, contra el mismo modelo que las expulsó de sus países.

Las y los colombianas(os) en el exterior hemos construido redes económicas, sociales, culturales y nodos científicos que quieren aportarle al país. La experiencia de vida y contactos con otros modelos de democracia, otros enfoques de vida, de convivencia con la naturaleza, otras concepciones y formas de participación, nos plantea que nos merecemos y es posible una Colombia soberana. No hay que olvidar que las comunidades diaspóricas han sido determinantes en los procesos de posacuerdos y posconflictos en buen número de países.

El contexto que ofrece el año 2018 para la continuidad del procesos de paz en sus diversas expresiones es difícil. Colombia tiene un año electoral, en el que eligirá el Parlamento -el 11 de marzo- y al nuevo presidente, el 26 de mayo. Este proceso está polarizando las fuerzas al rededor del tema de la paz y hay sectores de los partidos tradicionales y fuerzas opositoras al proceso de paz que viene demonizando y calumniando a quienes defienden los Acuerdos de La Habana y la Mesa de Quito. El nuevo partido Fuerza Alternativa del Común tuvo que suspender su campaña electoral ante amenazas, sabotajes y 12 miembros de ese partido fueron asesinados en los primeros 50 días de este año. La persecusión a las líderesa y líderes es implacable, «desde la implementación de los Acuerdos de Paz, hasta la fecha, 205 líderes sociales fueron asesinados en Colombia» (El tiempo.com) y 29 de ellos en lo corrido del 2018.

No obstante, hay fuerzas y voces que persisten en el sueño de la paz en Colombia. Durante el 22 y 23 de febrero, se realizó un evento internacional en Extremadura, España llamado «La paz es nuestra» y se está conformando una plataforma internacional por la paz de Colombia. Hace pocos días se publicó un importante llamado de «300 intelectuales de 4 continentes, que llaman a estar atentos sobre amenazas y violaciones al proceso de paz en Colombia» e insisten en que se debe «apoyar los esfuerzos y protejer la vida de todos aquellos que, en Colombia, construyen día a día la paz a través de sus prácticas sociales, políticas y culturales». (Lo que está sucediendo en Colombia nos concierne a todos, 6/2/2018, Gomez, Chaluleau y Estripeaut). Con igual vehemencia Helmut Scholz del parlamento europeo en reciente visita afirmaba: «En Colombia la esperanza está en los movimientos alternativos». Al mismo tiempo, Pepe Mujica expresidente de Uruguay y garante del proceso precisó: «Esto no puede tener retroceso. Si este proceso de paz de Colombia fracasa. Fracasa América Latina».

Por José J. Gamboa, Congreso de los Pueblos

Todas las fotografías e imágenes de este texto fueron proporcionados por José Gamboa.