-gAZeta / PREGUNTAS A-

Hoy se cumple el primer año de los trágicos sucesos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, los medios noticiosos habían reportado la noche anterior, problemas con menores que habían evadido la tutela del Estado debido a tratos denigrantes y comida en mal estado.

A la mañana siguiente y en medio de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, comenzaron a reportar un incendio en el Hogar, no tardaron en multiplicarse en las redes, imágenes de desesperación de padres, bomberos y personas que buscaban ayudar a contener el fuego. Lo que todos vimos en las fotos de la habitación donde fueron encerradas 56 niñas y adolescentes como reprimenda a su protesta, fue la radiografía exacta del sistema de protección del Estado de Guatemala.

«Era una bomba de tiempo», mencionaban representantes de organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, «no atendieron nuestras denuncias».

Los menores llegan a estos lugares porque en su entorno son víctimas de diversas violencias y no cuentan con un referente familiar o cercano que asuma su cuidado, por ello, es el Estado quien debiera garantizar sus derechos, una vida digna y su desarrollo.

Esto no ha sido así, pues precisamente este tipo de instituciones se encuentran bajo secretarías que han sido bastión para el pago de deudas de campaña y compromisos políticos, por lo que no todos los perfiles de las personas que ocupan dichos cargos son los idóneos para el trabajo de orientación, cuidado y acompañamiento que la niñez y adolescencia necesitan.

El cúmulo de toda esta falta de atención, claridad e interés por atender las problemáticas de la niñez y adolescencia dejó un saldo mortal de 41 menores y 15 más que han afrontado las graves secuelas que las quemaduras dejaron en sus cuerpos y sus vidas.

En el organigrama de la institución, el presidente Morales se encuentra como máximo responsable, por lo que la Bancada Convergencia interpuso una denuncia penal, sin embargo la Corte de Constitucionalidad consideró que no se le debería retirar la inmunidad para ser investigado, la denuncia quedará a la espera de que termine su mandato y dilucidar si tiene o no responsabilidad. Ciertamente, en otras sociedades, por un caso tan grave, otros mandatarios habrían dimitido, en Guatemala ha quedado claro que el mandatario, lejos de afrontar busca a toda costa evadir la ley, por este y otros casos, de ahí la importancia de la elección del cargo de fiscal general de la Nación, de la aprobación de leyes que buscan la reducción de condenas y de la permanencia de la Cicig en el país.

El 8 de marzo de 2017, un horrible incendio de 9 minutos nos llevó a conocer a 51 niñas, ¿pero qué está pasando con todos los casos de menores bajo la tutela del Estado? ¿Las condiciones han cambiado? ¿Los responsables están respondiendo penalmente por lo sucedido?

Paula Barrios, representante de la organización Mujeres Transformando el Mundo -MTM-, querellante adhesiva en representación de 3 familias de niñas víctimas del incendio, nos aproxima a lo que ha sucedido durante el primer año.

¿Cuáles han sido los avances?

Valdría la pena hacer una distinción entre avances en materia de justicia penal, avances en la recuperación de las niñas sobrevivientes y avances en el fortalecimiento de un sistema de protección.

En materia de justicia penal han sido pocos los avances, a 1 año aún se discute la posible responsabilidad de 8 funcionarios para enviarles a debate oral y público, los delitos que el Ministerio Público les adjudica son maltrato contra menores de edad, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo, algunos se encuentran en prisión preventiva y otros gozan de medidas sustitutivas.

Sin embargo, los hechos sucedidos el 7 y 8 de marzo del 2017 en las instalaciones del Hogar Virgen de la Asunción se deben analizar en su integralidad, ya que 5 hogares lo integran, eso quiere decir que en las mismas condiciones se encontraban más niñas/os y adolescentes de diversas edades quienes por diversas circunstancias estaban bajo un sistema de protección, se supone que el Hogar Virgen de la Asunción era un espacio seguro para todos ellos y ellas.

¿Fue un crimen de Estado?

A mi criterio el crimen inició mucho tiempo antes, los malos tratos que los jóvenes denunciaban reiteradamente, la indiferencia y la falta de personal capacitado a cargo del Hogar, desde las autoridades de la Secretaría, yo me pregunto por qué Anahí Keller fue nombrada como subsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social, cuando su experiencia es productora de televisión. ¿Por qué, si el Hogar responde a un sistema de protección, su seguridad se encontraba a cargo de militares? ¿Por qué las instalaciones se encontraban en tan mal estado? ¿Por qué carecían de mobiliario e insumos para atender dignamente a las niñas/os y adolescentes que se encontraban en resguardo?

¿Quiénes debieron haber evitado que esto sucediera?

Las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social quienes conocían de las condiciones dentro del Hogar, el personal del Hogar Virgen de la Asunción. La indiferencia de una sociedad que les criminaliza y por ende considera que lo que les pasó es consecuencia de las mismas actitudes de las niñas.

En entrevista con un medio internacional, el presidente Morales dijo que las menores que murieron eran jóvenes en conflicto ¿eso es cierto? ¿Por qué razones estaban institucionalizadas las niñas?

Las niñas, niños y adolescentes dentro del Hogar se encontraban bajo un sistema de protección, algunas de ellas estaban allí por diversas circunstancias de vulnerabilidad, todos requerían la protección del Estado.

A un año, ¿cómo están las menores sobrevivientes? ¿Qué futuro les espera?

Las niñas sobrevivientes del incendio están en recuperación, sin embargo, las lesiones han sido muy fuertes, algunas sufrieron amputaciones de dedos y extremidades, quemaduras de segundo y tercer grado en sus cuerpos. Requieren de atención médica permanente y seguramente diversas cirugías para su recuperación.

Pero a mi criterio, sobre todo requieren de continuar en el sistema de protección y que las instituciones de Estado continúen acompañando y trabajando con sus familias para lograr su integración nuevamente.

¿Las condiciones en los hogares ha cambiado?

Esto no lo podría asegurar, sin embargo, hemos podido ver por los medios de comunicación, los múltiples cambios de autoridades de la Secretaría de Bienestar Social y el Hogar Virgen de la Asunción fue cerrado meses posteriores al incendio.

¿Qué medidas de no repetición deben plantearse?

La tragedia que provocó la muerte de 41 niñas y las graves lesiones de 15 sobrevivientes, entre la afectación que otros niños/as y adolescentes internos también sufrieron el 7 y 8 de marzo representa varios retos para el Estado de Guatemala; en principio transformar y fortalecer el sistema de protección para niñas/os y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, garantizarle a las sobrevivientes una calidad de vida y garantizarles un proyecto de vida.

A mi criterio el Estado de Guatemala debe generar mecanismos para erradicar las causas que provocan que niñas/os y adolescentes deban ser referidos a un sistema de protección que implique el internamiento a un Hogar, debe priorizar políticas para la niñez guatemalteca, pero sobre todo para las niñas, quienes actualmente son las más excluidas e invisibilizadas por el Estado.

Por AlenKa Tenas

Paula Barrios: representante del colectivo Mujeres Transformando el Mundo.