Carlos Castro Furlán | Política y sociedad / PERSIGUIENDO EL HORIZONTE

«Dime de qué presumes, y te diré de qué careces». Refrán popular

Este refrán popular le queda como anillo al dedo a Jimmy Morales y a su desgobierno. Los acontecimientos de la semana pasada nos han demostrado que este remedo de administración pública ha llegado a su final, y que son pocas las posibilidades que tiene de enmendar la plana y dar un giro que le permita retomar el rumbo.

Los asesores de la «Juntita militar» y los ministros que forman el primer círculo del gobernante (Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores; Enrique Dahegenhart Asturias, ministro de Gobernación; el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, y el procurador de la Nación, Luis Donado) están más perdidos y confundidos que el mismo Jimmy Morales en cuanto a la aplicación de la ley internacional, así como con respecto a la interpretación del acuerdo suscrito entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala en relación con la creación y funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Si no existieran las circunstancias de que el hermano y el hijo del presidente están sujetos a un juicio por apropiación ilícita de recursos del Registro de la Propiedad Inmueble, que el mismo presidente está siendo sometido a una acusación por financiamiento electoral ilícito y que la Cicig y el MP han solicitado que se le suprima el derecho de antejuicio para poder ser investigado; podríamos inferir que Jimmy y sus funcionarios padecen de esquizofrenia y bien se podría hacer una petición de renuncia por «enfermedad mental e incapacidad para gobernar».

La triste realidad de esta situación que se está presentando en Guate Maya con respecto a la petición del gobierno para solicitar la no extensión del mandato de la Cicig, así como la declaración de no grato y posterior prohibición de ingreso al territorio guatemalteco del comisionado Iván Velásquez, está basada en los temores del presidente Jimmy Morales y de sus funcionarios, de que si la Cicig continúa operando en Guatemala y prosigue con las investigaciones, ellos serán llevados a la cárcel, ya que en el caso del presidente hay pruebas contundentes y suficientes para que sea condenado por financiamiento electoral ilícito, porque existen declaraciones dadas por los empresarios que le proporcionaron los 15 millones de quetzales para la segunda vuelta electoral en su calidad de secretario general del partido FCN (en proceso de cancelación), los cuales él nunca declaró.

Lo que temen los funcionarios del actual Gobierno, es que las investigaciones de la Cicig se profundicen y logren descubrir el entramado de negocios sucios que se han montado sobre la estructura del Estado y que, al igual que sucedió con la investigación del caso la Línea, un hallazgo conduzca a una nueva pista que vaya desenredando la madeja que conecte con los verdaderos responsables de las estructuras de corrupción.

Sin duda, lo que hasta el momento ha descubierto la Cicig es nada más que la punta del iceberg de este secular sistema de apropiación de recursos del Estado por parte de los gobernantes de turno. Pero si se ahonda más, encontraremos que es un esquema muy bien planificado en el que participan empresarios, banqueros, narcotraficantes, contrabandistas, profesionales, abogados, políticos, diputados, alcaldes y testaferros, que han hecho de la corrupción y de la apropiación de los recursos del Estado su modus vivendi.

El real motivo de oposición a la Cicig y a Iván Velásquez es porque a los corruptos les urge suprimir al único ente que en toda la vida de esta nación ha sido capaz de fiscalizar la ejecución de los recursos que deberían ser utilizados en educación, salud, vivienda y en la búsqueda del bienestar común de toda la ciudadanía.

Es por ese motivo que yo caracterizo las últimas acciones emprendidas por esta caricatura de Gobierno como que están dando «patadas de ahogado».

La semana pasada estuvo caracterizada por el resurgimiento de la movilización ciudadana que había estado durmiente por un buen tiempo; fue el mismo Jimmy Morales quien, con sus sandeces de propuestas y acciones, reactivó la indignación popular.

Para empezar, anunció que no renovaría el mandato de la Cicig y solicitaba expulsar del país al comisionado Iván Velásquez. Este anuncio no hubiera causado tanta conmoción si lo hubiera hecho de forma normal, pero no, como comediante de segunda categoría que es, armó su «teatrito», haciéndose rodear de casi un centenar de oficiales del ejército que le servían de marco al susodicho anuncio.

No sé quién de sus asesores le habrá dicho que este escenario le daría autoridad y transmitiría a la ciudadanía una imagen de fuerza y respeto. Pero lo que causó en la ciudadanía fue un inmediato repudio, ya que esa imagen del presidente rodeado de militares nos devolvió inmediatamente a los tiempos de las dictaduras militares.

No contento con esta acción, el presidente sacó a más de dos mil policías y a tropas del ejército a que patrullaran las calles, para evitar una respuesta popular, y los ministros de Gobernación y de Defensa desplegaron jeeps militares artillados que se apostaron frente a la sede de la Cicig y de la embajada de Estados Unidos.

La respuesta popular no se hizo esperar y Codeca convocó a una reunión de todas las organizaciones populares para planificar acciones que se opusieran a las medidas del Gobierno.

El lunes 11 de septiembre se organizaron bloqueos de carreteras por parte de los 48 cantones de Totonicapán, el martes 12 fue el turno de bloqueos carreteros por parte de la Alcaldía Indígena de Sololá; las dos acciones de desobediencia civil fueron un éxito rotundo.

El miércoles 13 se organizó en la capital una manifestación multitudinaria en la que participaron más de 60 organizaciones de la sociedad civil que respondieron a la convocatoria de Codeca. Luego, el 14 y 15 de septiembre -atendiendo el llamado de la AEU- los tradicionales desfiles se convirtieron en protestas que pedían la renuncia del actual Gobierno en casi todas las cabeceras departamentales y municipios del país.

Por eso empezaba este artículo con el refrán popular «Dime de qué presumes y te diré de qué careces», empezando por el discurso del presidente, al cual califico como una de las más elaboradas piezas de estilo cantinflesco, en el que quiso lucir una erudición que todos sabemos que no posee y habló de todo sin decir nada, hasta la supuesta fortaleza que quiso mostrar al rodearse de los militares, como si el Palacio Nacional fuera un escenario en donde estaba presentando uno de los estúpidos segmentos del programa televisivo «La tropa loca», y el posterior despliegue de más de 2 000 policías y kaibiles armados con fusiles de asalto para intimidar a los manifestantes.

La Corte de Constitucionalidad ha votado por unanimidad en contra de la resolución de Jimmy Morales de no dejar entrar a Guate Maya al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, y conociendo a Jimmy y a sus asesores, no me extrañaría que este desacatara esa resolución, dando pauta a un golpe de Estado técnico y al posterior estado de excepción (estado de sitio).

Solo la movilización ciudadana puede detener a este energúmeno y a los eunucos mentales que le sirven como asesores y «achichincles».

Todas las fotografías fueron tomadas de Plaza Pública.

Carlos Castro Furlán

Ciudadano de Guatemala y del mundo. Sociólogo, economista, internacionalista y libre pensador. Exprofesor de la Universidad de San Carlos. Amante de la música, de los libros y de todo lo bueno. Mi pasión han sido el futbol, la carrera de larga distancia (maratón), los libros, las revoluciones y los procesos sociales en donde la organización popular ejerce cambios en favor de las mayorías.

Persiguiendo el horizonte