-Fernando González Davison / DING DONG–

Óscar Clemente Marroquín dijo que “la Cancillería ha tenido abundantes épocas grises en nuestra historia, pero con ese personal actual, posiblemente esta sea la más negra de la diplomacia chapina que nunca ha brillado”. Ella misma, con la venia de un nuncio obnubilado, ha provocado más repetidos desencuentros frontales con la comunidad internacional en año y medio por estar contra de la Cicig y del embajador Todd Robinson, pues EE. UU. financia en un cuarenta por ciento a dicha Comisión.

En medio de esa confrontación, la Cancillería también planteó un distractor a sus planes anti Cicig (cuando ante la ONU se planteó expulsar a don Iván Velázques de Guatemala y declararlo no grato). Ese distractor era la propuesta de una consulta popular para llevar el diferendo con Belice a la Corte Internacional de Justicia. El Congreso, que tenía tantas leyes engavetadas importantes, aprobó de inmediato la solicitud y la cursó al Tribunal Supremo Electoral. Lo hizo con rapidez, quizás porque la solicitaba el canciller Carlos Morales, pues ir a la consulta tenía un propósito secreto: la candidatura del canciller a la Presidencia por el partido oficial. Pero todo eso se vino abajo cuando el canciller se disgustó con el presidente en Nueva York por haber sido mal atendido en la ONU y este lo destituyó cuando el canciller volaba a Japón a una visita oficial, que se interrumpió por esa razón. Qué desazón para varios excancilleres y embajadores que así perdieron a su candidato.

Lo cierto es que este era el candidato por el que apostaron varios excancilleres, embajadores e integrantes de la recién creada Comisión de Soberanía y otros. También estaba el publicista Juan Callejas, que iba a estar a cargo de la publicidad millonaria que se iba a gastar en promover el «sí» en la consulta popular, prevista para marzo de 2018, la que haría el mismo canciller Morales para promocionarse como el candidato oficial en las elecciones presidenciales venideras. Así consolidaría su nombre al sonar por la televisión y los diarios, con dinero del erario público. La consulta misma fue una trampa en la que cayó el cuestionado canciller Haroldo Rodas cuando Belice pidió tener también su propia consulta popular. Rodas dijo que sí y firmó un convenio con Belice en 2008, siendo Morales su viceministro, encargado de la Comisión de Belice. La trampa la puso Belice que no tenía en su Constitución un artículo para hacer una consulta popular sobre el diferendo, como la nuestra que sí lo tiene. Y se aceptó hacerla “al mismo tiempo”, sabiendo que su pueblo iba a decir que no. El canciller Eduardo Stein hace poco señaló que Guatemala correría el riesgo de quedar en el limbo en su reclamo histórico en un santiamén, de hacerse esa consulta popular, pues, para ir a la Corte Internacional de la Haya, el pueblo de Belice también tiene que decir sí a la consulta, y se sabe que dirá no, por las encuestas, dado que no tiene nada que ganar.

Lo increíble es que hace pocos días nuestro Tribunal Supremo Electoral anunció que la consulta se realizará en marzo de 2018, sabiendo que llevamos las de perder. Además, debería priorizar la reforma de la Ley Electoral y no meterse a distractores. Habría que enviar un memorial de amparo a la Corte en contra de esa resolución, por varias razones. Uno, evitar el gasto superfluo de más de trescientos millones de quetzales para realizarla en 2018, mientras hay gente en Chiquimula que se muere de hambre en el Corredor Seco y no hay dinero para rescatarla; dos, el Tribunal Supremo Electoral no tiene jurisdicción alguna en temas de política exterior y menos en uno tan sensible como nuestro diferendo histórico con Belice; tres, la solicitud de consulta popular provino del interés personal de una figura y no del interés nacional por resolver el diferendo histórico que viene desde 1859; cuatro, la Cancillería actual no tiene la menor capacidad para defender el legítimo reclamo territorial de Guatemala ante Belice, por lo que se verá en menoscabo los intereses de la nación.

Posdata: El TSE considera que la consulta servirá en definitiva para trazar la línea fronteriza para que ya no haya víctimas. Me extraña que María Eugenia Mijangos se justifique diciendo: “También puede parecer quizás inoportuno, inapropiado o políticamente incorrecto de parte del órgano electoral celebrar esta consulta en las circunstancias que vive Guatemala; sin embargo, cabe la reflexión de que no es posible continuar postergándola”. Pero este criterio es obtuso porque pierde de vista que con esa consulta el reclamo de Guatemala corre el riesgo de perder sus derechos por siempre. La frase “que no es posible seguir postergándola” no tiene sentido, pues podría hacerse en 2019, sin tener que erogar los trescientos millones de quetzales. Un año más no es nada para el siglo y medio que tiene el diferendo. No hay justificación ni jurídica ni política para hacerla en 2018. No es correcta ni oportuna esa interpretación por un tribunal que no tiene nada que ver con política exterior. Es más, la Cancillería no tiene cómo respaldar los derechos de Guatemala en una corte internacional. El mismo excanciller Edgar Gutiérrez, favorable a la consulta popular, aconsejó que se hiciera en las elecciones generales de 2019 para evitar el despilfarro en cuestión. Hay que enmendar si hay sensatez.

Fernando González Davison

(1948) Escritor, internacionalista y exdiplomático guatemalteco.

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