Carlos Enrique Fuentes Sánchez | Política y sociedad / EL EDUCADOR

Hace una semana fueron acusados algunos dirigentes y funcionarios del sector salud por haber incurrido en supuestas faltas al negociar un pacto colectivo lesivo al Estado. Lo extraño del caso es que los asesores jurídicos de los funcionarios del Estado hayan permitido que ocurrieran tales cosas durante la negociación, propiciando la persecución y la acusación contra funcionarios y los sindicalistas.

Durante los últimos trece años ha habido persecución contra los dirigentes sindicales y los sindicatos. Todo como represalia porque estos, en 2005, dieron a conocer una lista de más de 100 empresarios involucrados en evasión del pago de impuestos, incluyendo entre ellos a los «reyes del pollo» en Guatemala. Ahí se desató la persecución contra los líderes de todos los sindicatos de Guatemala y no se ha detenido. Fueron ataques empleando los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos en poder de la oligarquía guatemalteca, los que señalaron hasta aspectos familiares de los dirigentes. Después, en 2009, vino el ataque contra los pactos colectivos. Los señalamientos van desde que los trabajadores no dan nada a cambio de las ventajas que obtienen por los pactos firmados, hasta que tales pactos son lesivos al Estado.

Para el caso del último pacto firmado entre el STEG y el Ministerio de Educación, el mismo tardó dos años en ser aprobado y un año más en ser homologado, y todavía las autoridades de Gobierno se resisten a ponerlo en práctica, incurriendo en ilegalidad, ya que un pacto firmado y homologado es una ley que debe cumplirse, por ser uno de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Como todos los pactos colectivos de condiciones de trabajo, el del STEG está fundamentado en la Constitución Política de la República, el Código de Trabajo (Dto. 1441) y los convenios internacionales 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, ratificados por Guatemala. O sea, no es nada ilegal lo que se pretende por parte de los trabajadores(as) de la educación.

En la última marcha del magisterio realizada el jueves 31 de enero, el dirigente Joviel Acevedo indicó claramente que tal marcha no tenía ningún objetivo político-partidario, ni pretendía atacar o defender a ningún funcionario o institución, sino que era un movimiento plenamente gremial, magisterial. En la marcha se pidió una entrevista inmediata con la fiscal general, con la Procuraduría General de la Nación, con el Organismo Judicial y con la Contraloría General de Cuentas, para analizar el Pacto Magisterio-Mineduc, y evidenciar que el mismo no tiene nada de lesivo al Estado, poniendo a la disposición de dichas autoridades tanto el documento como a la comisión negociadora del STEG para dirimir cualquier duda. Se exigió también, durante toda la marcha, el respeto a la libre sindicalización, acabar con la persecución a los dirigentes y respetar el derecho a negociar pactos colectivos, por ser todos estos derechos de los trabajadores consignados en las leyes nacionales e internacionales.

En un programa televisivo nocturno, donde analizaban el pacto entre el Mineduc y el STEG, un conocido empresario decía que el magisterio no daba nada a cambio, que no se preocupaba por exigir más cobertura en preprimaria y secundaria, y otras cosas absurdas, con lo cual evidencia su desconocimiento de lo que es un pacto de condiciones de trabajo. Fue un papelón el del empresario, en tanto que el otro participante, un sindicalista, sentó cátedra de lo que es un pacto colectivo y de lo que debe ser el respeto a los trabajadores.

Es importante también señalar que no es «el pacto de Joviel Acevedo» o «el pacto del sindicato de Joviel Acevedo», porque ninguno de los dos son propiedad de Acevedo. Quienes deciden en el STEG son los 22 delegados departamentales. Acevedo solo es la cara visible del STEG, quien, junto a los otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional, da a conocer lo decidido en el sindicato. Los medios, comúnmente, se refieren a Acevedo como si él fuera todo el STEG, sin entender que detrás de él están la asamblea de delegados departamentales, las asambleas municipales y las comisiones encargadas de temas específicos. Lo importante, al parecer, es hacer ver mal al dirigente, para acabar con él, con el sindicato y con el sindicalismo, lo cual no han logrado a pesar de los múltiples esfuerzos de los empresarios. Hasta hoy, ni el MP ni la Cicig han encontrado mancha alguna en el STEG y su dirigencia, además poner a disposición el documento del pacto y a la comisión negociadora evidencia cierto nivel de transparencia en el actuar de dicho sindicato.

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.

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