Mario Polanco | Política y sociedad / NO MÁS IMPUNIDAD

El pasado viernes 20 de abril, Jimmy Morales en uno de sus exabruptos dedicó aproximadamente 45 minutos a atacar a la Cicig. Los argumentos estuvieron centrados en el rechazo a la investigación que se ha realizado por parte del ente internacional en torno al financiamiento electoral ilícito que recibió el partido que lo llevó a la Presidencia.

La molestia del presidente se expresa también en la investigación que se ha realizado por la supuesta participación de su hijo y su hermano al haber extendido facturas de manera fraudulenta, que hacen suponer, pudo haberlos conducido a enriquecimiento ilícito e incluso a lavado de activos.

La familia, amigos y el propio Jimmy están señalados de haber incurrido en actos anómalos, muchos de los cuales pueden ser catalogados como delitos y eventualmente pueden ser condenados por un tribunal, lógico es que los grupos oscuros, los que están al margen de la legalidad, estén apoyando esa lucha en favor de la corrupción y la impunidad.

En el discurso procorrupción del viernes recién pasado, el presidente creyó que se encontraba en alguna de las obras de teatro en las que actuó antes de llegar a dirigir durante cuatro años al Estado, en algunos momentos incluso pidió aplausos a los asistentes que habían llegado a participar en un acto en favor del soldado caído en acción.

Jimmy Morales se ha hecho asesorar por los grupos más oscuros que existen en Guatemala, el peligro que esta asesoría representa es que están dispuestos a romper el orden institucional si es necesario. Se ha generalizado el rumor acerca de que pretenden, en el contexto de la conmemoración del Día de los Trabajadores, aplicar la ley del orden público en cualquiera de sus modalidades: estado de prevención, estado de alarma, estado de calamidad pública o estado de sitio.

Argumentando que la Cicig constituye un peligro, el presidente, sin la anuencia del Congreso de la República, podría decretar hasta por 15 días cualquiera de las medidas contenidas en la ley del orden público que en términos generales implicaría: a) militarizar los servicios públicos, incluso si se prestan por parte de empresas privadas; b) no permitir movilizaciones sociales e impedir huelgas y la libertad de locomoción; c) disolver por la fuerza cualquier expresión social de descontento; d) limitar la circulación de vehículos e impedir que se estacionen en determinados lugares públicos y e) imponer la censura a los medios de comunicación.

Estas medidas podrían provocar la violación a los derechos fundamentales, debido a que sin orden de juez podrá allanarse viviendas, detener a cualquier persona y llevarla a instalaciones diferentes a las establecidas legalmente, sin limitación del tiempo que puedan estar privadas de libertad.

El estado de prevención equivaldría a un golpe de Estado, debido a que, al limitar los derechos constitucionales, sería el presidente en gabinete el que establecería el control total de las instituciones, impidiendo que la Constitución Política de la República garantice el cumplimiento de los derechos de la población.

En esas condiciones Jimmy Morales podría expulsar del país a Iván Velásquez y a toda la Cicig, podría ocupar las instalaciones del Ministerio Público y del Organismo Judicial y destruir cualquier documento, prueba o evidencia que lo involucre o que afecte a sus familiares y amigos.

La sociedad guatemalteca tiene en sus manos la posibilidad de impedir una medida de esta naturaleza, puede lograrlo pacíficamente manifestando su descontento con las actitudes de Jimmy Morales y sus asesores. El Ejército debe mantenerse al margen de cualquier medida arbitraria que pretenda la mafia que rodea al presidente.

Guatemala se encuentra en peligro, la posibilidad de que se retroceda es latente, Jimmy Morales puede convertir a Guatemala en un país fracasado, donde los niveles de caos sean similares a los que existen en otros países del continente.

Mario Polanco

Graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con Maestría en Seguridad y Defensa por la Universidad Mariano Galvez, actualmente director del Grupo de Apoyo Mutuo. Activista de derechos humanos, haciendo esfuerzos para que no haya más impunidad.

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