Edgar Ruano Najarro | Política y sociedad / LA RAZÓN DE LA HISTORIA

Al filo del mediodía del 20 de octubre de 1978, Oliverio Castañeda de León, joven estudiante de Economía, de 22 años, fue emboscado y muerto a tiros en la sexta avenida y octava calle de la zona uno, en la ciudad de Guatemala. Este asesinato guardó algunas características fuera de lo común: fue ejecutado a plena luz del día, a escasos 100 metros del Palacio Nacional, frente a cientos de personas que, en distintas direcciones, se retiraban del Parque Centenario, luego de haber presenciado el mitin con el cual finalizó la tradicional manifestación de conmemoración de la Revolución de Octubre.

Con ese asesinato se cumplió la amenaza de la que había sido objeto Castañeda de León, cuando, en una hoja suelta que circuló apenas dos días antes, el llamado Ejército Secreto Anticomunista –ESA– anunció que había «juzgado y condenado a muerte» a 38 personas y dio a conocer la lista respectiva, entre quienes, además del líder estudiantil, se incluía a dirigentes sindicales, profesionales, catedráticos y funcionarios de la Universidad de San Carlos, periodistas, personalidades de algunos partidos políticos de oposición y, en general, dirigentes de organizaciones populares. Para disimular el origen del ESA, entre los amenazados aparecían los ministros de Gobernación, de la Defensa y el director de la Policía Nacional. Oliverio Castañeda de León era el secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios –AEU–, entidad que pese a contar a lo largo de su historia (fue fundada en 1920) con gran cantidad de integrantes asesinados, detenidos o exiliados, nunca había visto el asesinato de su máximo dirigente.

La fuerza política que había llevado a la AEU a convertirse en parte integrante del movimiento popular en la segunda mitad de los años setenta estaba constituida por una organización política estudiantil que se denominó Alianza Estudiantil Progresista Frente, que en realidad era una coalición de grupos estudiantiles organizados en el interior de las distintas facultades y escuelas de la Universidad de San Carlos. En ello residía la fortaleza de Frente, pues respondía organizadamente a las características, a las necesidades y demandas de los estudiantes de cada facultad.

Frente ganó las elecciones para integrar el Secretariado y el Consejo de Representantes de AEU en mayo de 1976 y, desde esa fecha hasta octubre de 1978, mantuvo a la AEU y al conjunto del movimiento estudiantil universitario en las primeras líneas de las movilizaciones estudiantiles y populares de aquellos años. Esto fue posible gracias a que sus integrantes, individual y colectivamente, lograron articular las luchas universitarias habidas dentro del proceso general de reforma o transformación universitaria, con el activo apoyo y participación en las luchas y movilizaciones sindicales y populares que paralelamente se llevaban a cabo en el movimiento social guatemalteco, al punto de que estas movilizaciones estudiantiles formaron parte integrante del proceso general del movimiento popular de esos días.

Con el crimen de Oliverio Castañeda comenzó una larga cadena de atentados, asesinatos y desapariciones forzadas de cuadros de dirección de organizaciones sociales de todo tipo, de funcionarios y profesores universitarios y de partidos políticos de la oposición, en una espiral de terror que claramente estaba destinada a cumplir con un objetivo: descabezar y desarticular el pujante movimiento social que se había desarrollado durante la década de los años setenta, en especial entre 1976 y 1978, cuya característica más notoria era el protagonismo de las organizaciones y grupos obreros, que en su conjunto ejercían una relativa hegemonía y dirección sobre el resto los movimientos sociales.

Vista a distancia, la necesidad de cumplir con dicho propósito se le hizo imperiosa a la élite militar que controlaba el Estado guatemalteco en aquellos años, pues a finales de 1978 en el ámbito nacional era un secreto a voces que en el área rural, específicamente en algunas regiones de los altiplanos occidental y noroccidental, se desarrollaba aceleradamente el movimiento guerrillero. Asimismo, en el ámbito centroamericano, la crisis política se profundizaba vertiginosamente con la insurrección sandinista en Nicaragua. Todo parece indicar que la ola represiva en los núcleos urbanos iniciada en octubre de 1978 y continuada hasta 1980 y 1981, contra el conjunto del movimiento social organizado, tenía como verdadera finalidad destruirlo antes de que existiera la posibilidad de una conjugación o conjunción entre el alzamiento armado rural, que ya se perfilaba, y el movimiento social urbano que había alcanzado una politización y una capacidad de movilización quizá sin precedentes desde la rebelión estudiantil y popular de marzo y abril de 1962.

Así, una ofensiva militar estatal en el altiplano rural requería de un movimiento popular urbano en retirada, desarticulado, descabezado, sin ninguna posibilidad de movilización tan siquiera para levantar algunas protestas por dicha ofensiva, ya no se diga para unirse con los alzados rurales en una eventual insurrección generalizada, como sucedía en Nicaragua en esos días.

Cada sector, cada movimiento social, fue objeto de la ofensiva del Estado, la cual rebasó la tradicional actitud represiva del Estado contra el movimiento popular, salpicada, como era costumbre, de asesinatos selectivos. No, esta vez la acción contra el movimiento popular estuvo enmarcada en un plan general de contrainsurgencia y los movimientos sociales fueron tratados como objetivos militares contra los cuales se emplearon los medios y las tácticas propias de una guerra. El ejército de entonces elaboró una concepción represiva que identificaba dos clases de subversivos: los subversivos armados y los subversivos no armados, y que inclusive, estos últimos eran los más peligrosos. En esta categoría incluyeron a todo el liderazgo social.

Decenas de dirigentes sindicales, estudiantiles, profesores universitarios, campesinos, religiosos, magisteriales, de pobladores y demás fueron liquidados con una precisión de cirujano, lo cual revela que se trataba de un plan minuciosamente preparado por un estado mayor de la contrainsurgencia con el uso tradicional de sus «secciones»: inteligencia, logística y operaciones, por lo menos.

En el caso del movimiento estudiantil, el encono fue enorme. Al asesinato de Oliverio le siguió a los pocos días la captura y desaparición para siempre de Antonio Ciani, integrante del mismo Secretariado que dirigía Oliverio. Al año exacto fue igualmente capturado y desaparecido Julio César Cortés, dirigente de AEU; en 1980 fueron asesinados o desaparecidos Gustavo Adolfo Hernández González, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina; Julio César Cabrera, dirigente de AEU y de El Derecho; René Alejandro Cotí, de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería; Julio César del Valle Cóbar, Marco Tulio Pereira Vázquez e Iván Alfonso Bravo, de la AEU; Marco Antonio Urízar Mota, presidente de la Asociación de Estudiantes de Humanidades; Rafael Urcuyo Orozco y Mario René Matute Iriarte, ambos miembros del Frente Estudiantil Robin García (FERG); Dwight Ponce, miembro del Secretariado de AEU en 1974.

En 1981, fueron asesinados Sonia Calderón, primera mujer presidenta de la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación; Juan Zea González, secretario general de AEU en 1974; Nelton Ademir Rodas Aguirre, dirigente de la AEU y de Frente; Aura Marina Vides Alemán, del mismo Secretariado de AEU de Oliverio Castañeda; Flavio Quezada, presidente de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura. En 1982, fueron asesinados César Tobías, que había sido presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina; Hugo Rolando Morán y Luis Colindres, del mismo secretariado de AEU de Oliverio Castañeda, en fin.

El listado de asesinatos y desapariciones forzadas de dirigentes estudiantiles es muy largo, sin tomar en cuenta a los cientos de jóvenes, hombres y mujeres, que no eran directivos, sino activistas del movimiento estudiantil. Un recuento llevado a cabo por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (siempre aproximado como todos los listados de esa naturaleza) ofrece la cifra de trescientos noventa y seis (396) estudiantes asesinados o secuestrados y desaparecidos hasta 1982.

Así pues, entre octubre de 1978 y finales de 1982, el objetivo de destruir el movimiento estudiantil como una fuerza movilizadora, y de gran influencia política en el proceso nacional, parecía haberse cumplido. En tal sentido, puede afirmarse que el asesinato de Oliverio Castañeda de León fue realmente el asesinato de un movimiento, el movimiento estudiantil universitario gestado en los primeros años de la década de 1970 y que alcanzó su plenitud en 1978 con la AEU, las asociaciones estudiantiles de facultad y las dos corrientes políticas y organizativas que dieron vida en ese último año al movimiento estudiantil: Alianza Estudiantil Progresista Frente y en menor medida el Frente Estudiantil «Robin García» (FERG).

Oliverio, con sus enormes capacidades y calidades personales, fue el resultado directo de dicho movimiento, fue la encarnación de la actividad cotidiana de cientos, si no miles, de estudiantes que se ligaron al movimiento estudiantil de aquellos años, tanto en los procesos de transformación universitaria, como en el apoyo al movimiento popular en la calle. Fue el caso de muchos otros, como el estudiante de ingeniería Alejandro Cotí (apoyado por el FERG), pero con la diferencia que ni este, ni otros líderes estudiantiles, contaron con una fuerza estudiantil tan vigorosa y organizada como la Alianza Estudiantil Progresista Frente.

Por todo ello, se puede afirmar que a partir del 20 de octubre de 1978, incluso hasta llegar a los meses de agosto y septiembre de 1989, con una nueva ola de asesinatos de dirigentes de AEU, el Estado militarizado perpetró el asesinato del movimiento estudiantil guatemalteco.

Fotografías por Edgar Ruano Najarro.

Edgar Ruano Najarro

Guatemalteco sociólogo e historiador. Se ha desempeñado en la docencia universitaria. Ha publicado diversos títulos cuya temática ha estado relacionada con la historia política de Guatemala del siglo XX.

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