-Leonel Juracán | PUERTAS ABIERTAS–

Los hechos hablan por sí solos

El 30 de julio de este año, por medio de una pequeña y escueta nota de prensa, el Ministerio de Economía dio a conocer que había elaborado un «Reglamento técnico de bioseguridad de organismos vivos modificados para uso agropecuario» y que, cualquiera que lo deseara, podía consultarlo en una página electrónica y remitir sus opiniones o sugerencias a la Coordinación de Integración Económica o al correo del Ministerio.

El hecho de que tal iniciativa se haya lanzado desde el Ministerio de Economía, y no desde el MAGA, Digesa, Conap o Incap, organismos cuya función es precisamente regular la actividad agroindustrial, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad alimentaria, pone de manifiesto que en la actualidad dichas instituciones no sirven a los fines para los cuales fueron creadas, sino a los intereses de los productores mayoritarios de insumos vegetales e industrias, tales como Disagro, Mayafert o Prodesa, que por medio de acuerdos con el Gobierno central controlan, restringen y hasta impiden el desarrollo sostenible de la agricultura en Guatemala.

Este nuevo reglamento se promueve en el marco de una serie de acciones destinadas a monopolizar los servicios y bienes naturales de toda la región centroamericana. Actos como la usurpación de ríos y la construcción de hidroeléctricas tienen como fin establecer una interconexión eléctrica desde México hasta Panamá y, además, privatizar el servicio de agua potable, extremo que está claramente demostrado por la iniciativa de ley actualmente impulsada por el partido ARENA en El Salvador.

Los principales interesados en el Reglamento técnico de bioseguridad son los grandes terratenientes de Honduras y Guatemala, así como las empresas proveedoras de semillas y agroquímicos asentadas en ambos países, que buscan incrementar sus ingresos, sin que les importe la seguridad alimentaria, el derecho a consulta de los pueblos indígenas ni la bioseguridad de la región. Es por ello que asesinan y criminalizan a dirigentes y líderes comunitarios desde hace ya varios años, no solo en Guatemala y Honduras, sino en toda América Latina.

La mentira de la Ley Monsanto

Los vegetales transgénicos se encuentran en nuestro país desde hace casi treinta años, pues la legislación anterior a 1998 no contenía procedimientos para el manejo de organismos genéticamente modificados. Y los convenios comerciales firmados por Guatemala desde el 2004, sí garantizaban la protección a los derechos de propiedad intelectual sobre especies patentadas, a la vez que permitieron el ingreso de dichos vegetales. Ejemplos de ello son los calabacines de cáscara blanda; tomates de maduración retardada, que ingresaron al país desde 1989; diversas variedades de maíz introducidas por el Programa Mundial de Alimentos que ya habían sido prohibidas para consumo humano desde el 2002 en la Unión Europea; en épocas más recientes las papayas hawaianas, aguacates hass y variedades de papas.

En 1998 se emitió la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, así como un acuerdo ministerial, en los cuales se establecían multas por el ingreso de semillas, animales o productos procesados, sin el debido registro, así como formas de empaque para evitar su difusión en el ambiente. Todo esto fue vuelto a negociar dentro del extenso documento que dio origen al Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), en el cual se especifican aranceles y beneficios para la importación de harinas, vegetales procesados, así como vegetales frescos para el consumo. Dicho tratado reconoce también multas por el uso no autorizado de dichos vegetales, en beneficio del fabricante, debido al apartado que contiene la protección a los derechos de propiedad intelectual industrial.

Como era un hecho que los vegetales modificados ya se encontraban en el territorio nacional, no solamente para consumo, sino muchas veces en semillas que podían germinar, las empresas dedicadas a este comercio, ordenaron al Congreso guatemalteco suscribirse a la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, lo que dio lugar a la polémica Ley Monsanto. Esta ley tenía como objetivo la persecución penal de los agricultores que cultivaran transgénicos patentados, no regular su ingreso y comercio. El decreto fue pronto derogado, pero la oposición no se enfocó en el daño ya ocasionado a la seguridad alimentaria, ni al medio ambiente, sino en el gasto presupuestario que el Congreso exigía para implementar dicha ley. ¿Acaso había interés de los grandes terratenientes guatemaltecos, que ya estaban usando transgénicos sin permiso? Porque, de aplicarse Ley Monsanto, implicaría que, si un agricultor cultivase, por ejemplo, una especie patentada por Nestlé, toda su cosecha podía ser confiscada. Los grandes consorcios prefieren negociar la venta con el productor antes que entrar en conflicto en muchos casos, ¿existen ya esos convenios en secreto?

Como fuere, el vacío legal sigue existiendo y las prórrogas han permitido inclusive la instalación de plantaciones experimentales. Dado que nuestros legisladores no cuentan con la capacidad para hacer un análisis profundo de las implicaciones que tienen dichos acuerdos, y nuestro desarrollo científico e industrial es insuficiente para enfrentarse a las potencias que buscan imponérnoslos, la situación exige una respuesta pronta y coordinada.

Riesgos ante la situación actual

Para nadie es secreto que Guatemala y Honduras están entre los países con más altos índices de desnutrición. Situación que se ve agravada por el cambio climático y la nula presencia del Estado en las comunidades afectadas. Ante esto, las empresas dedicadas a obtener transgénicos enarbolan la bandera del humanitarismo, diciendo que es un crimen impedir el ingreso de vegetales modificados a nuestras tierras.

Esto no es del todo cierto, puesto que los métodos actuales de mutación genética y tratamiento por enzimas, si bien pueden producir plantas más resistentes o de más rápido crecimiento, no permiten predecir los cambios que tendrán en sus productos metabólicos, es decir, las vitaminas, proteínas, grasas, azúcares y carbohidratos. Puede ocurrir que una planta de maíz crezca más rápido y dé mazorcas más grandes, pero sin los nutrientes necesarios, como en el caso del maíz que se cultiva para hacer gasoil, no apto para consumo humano y al cual pertenecen muchas de las variedades introducidas.

De ratificarse los convenios, las patentes seguirán en manos de las industrias, obligando a los agricultores locales a comprar sus semillas, cosa innecesaria puesto que existe en nuestro territorio una gran variedad de semillas, suficientes para evitarlo.

Según diversas investigaciones realizadas por arqueólogos y genetistas, el maíz empezó a cultivarse en Mesoamérica hace aproximadamente nueve mil años, como resultado de experimentos genéticos llevados a cabo por nuestros antepasados y alcanzó a distribuirse por norte, centro y sud América gracias los comerciantes Olmecas, civilización madre tanto de los Mayas como Aztecas, Totonacas, Toltecas y Mexicas. Es esa variedad genética la que persiguen las empresas como Bayer, Monsanto, Sygenta, puesto que pueden aprovecharla para generar sus propias variedades y patentarlas, esto es lo que a todas luces debemos impedir.

Legítima defensa

El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas establece claramente el derecho a consulta de las comunidades y respeto a sus autoridades. Mientras que, por otra parte, el Protocolo de Cartagena, al cual también nos hallamos suscritos, dictamina que los sitios geográficos reconocidos como origen de la diversidad de especies deben ser protegidos del ingreso de especies exóticas, ambos acuerdos han sido violados en el actual proceso.

Sin embargo, no basta con oponernos y derogar nuevamente el acuerdo que se nos impone. Actualmente el Centro de Investigaciones para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo de México (CIMMYT), en colaboración con el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola de Guatemala (ICTA), cuentan con el proyecto «Buena milpa» que se desarrolla en Huehuetenango y Quiché, en busca del mejoramiento de especies locales que ayuden a revertir la crisis alimentaria. Necesitamos más proyectos de esta índole, no solamente dedicados al maíz, sino más de nuestras especies vegetales.

25 de septiembre de 2018 (a cinco días de que se apruebe).

Leonel Juracán

Nació en la ciudad de Guatemala en 1981. Fue digitador y redactor en la editorial Ley-Va (2001-2002). En el 2000 fue director de redacción del periódico cultural de la Casa de la Cultura de Mixco. En 2003 y 2004 coordinó talleres formativos en Caja Lúdica y Folio 114. Ha publicado Guía práctica para manejar la invisibilidad (2001), Inflamable (2002) y Fúnebre y carnavalesco (2012). Su obra figura en distintas antologías como Tanta imagen tras la puerta (1999), Sueños de Guatemala (2004) y El futuro empezó ayer. Además, ha escrito para varias revistas, entre ellas Revista Alero Cultural (2008) y Revista USAC. Ha incursionado en el teatro con sus piezas Minoterapia (2004) y El basurero (2006).