Víctor Manuel Reynoso Angulo | Política y sociedad / INTERÉS PÚBLICO

La vida humana, individual, familiar, social y sobre todo política, con frecuencia enfrenta dilemas. Un dilema es una exigencia contradictoria: debemos elegir entre dos valores y al elegir uno perdemos el otro. En la política exterior del país no siempre pueden coexistir la no intervención y la lucha por los derechos humanos. Cuando un gobierno viola sistemáticamente esos derechos, se debe intervenir. Es el caso de Venezuela hoy.

La Doctrina Estrada fue publicada en septiembre de 1930, frente a la práctica de los gobiernos de Estados Unidos que chantajeaban a los gobiernos de Obregón y Calles, al regatearles el reconocimiento como gobiernos legítimos. Consta de un solo párrafo que copio al final de este artículo para el lector interesado.

¿Han cambiado las relaciones entre las naciones en los casi 90 años que nos separan de la publicación de la doctrina? Sin duda, y mucho. En 1930 los derechos humanos no estaban en la agenda de las naciones. No estaban, prácticamente, en la agenda de nadie. Hoy están en el centro de nuestras preocupaciones.

Hoy, la interdependencia es notablemente mayor. Lo que pasa en un país afecta a otros países en mucho mayor grado que hace 90 años. Los varios millones de venezolanos que han dejado su país han afectado la vida de sus países vecinos.

El molde de los gobiernos nacionales le queda ya chico a un mundo que tiene problemas globales. En México lo hemos visto con la migración centroamericana. Las condiciones de vida en países como Honduras afectan al nuestro.

Esto en la cuestión práctica. En la cuestión de valores, en la preocupación por los derechos humanos, también hace que el molde de los gobiernos nacionales totalmente autónomos nos quede chico. Ningún gobierno nacional, creemos hoy, tiene la soberanía para violar los derechos humanos de su población. (Lo mismo podríamos decir de la ecología: ¿tienen los gobiernos nacionales el derecho de destruir la ecología en su territorio? Pero ese es otro tema).

La cuestión es compleja y difícil. Ningún gobierno, o casi ninguno, protege los derechos humanos de su población al cien por ciento. ¿Cuándo debe intervenir la comunidad internacional en caso de esa violación? ¿Cómo debe hacerlo?

No hay respuesta fácil. No existe un protocolo al respecto. La ONU está desarmada, legal y políticamente. Queda el criterio de naciones soberanas ante casos concretos. Por sus antecedentes, el criterio de Estados Unidos es sospechoso. No lo es el de los países europeos, ni el de gobiernos como el de Canadá. Todos ellos, y la mayoría de los latinoamericanos, han considerado que no podemos permanecer indiferentes ante la situación de Venezuela y que se deben tomar medidas para resolverla. No hay mecanismos precisos, no se diga ya legales, para hacerlo. Solo queda la presión diplomática, económica y moral.

El gobierno mexicano ha optado por la indiferencia, cobijada por la no intervención. La decisión no es fácil: se trata de un dilema, en el que al elegir un valor se pierde otro. Pero creo más sensata y más valiosa la posición de los países europeos y de la mayoría de los latinoamericanos que la de México. Esta última parece expresar la simpatía de nuestro presidente y de muchos integrantes de su partido por el régimen venezolano. Si un gobierno «de derecha» hiciera exactamente lo que está haciendo Maduro, no dudarían en criticarlo con severidad.

Termino. Como curiosidad, va la doctrina Estrada, que consta de un solo párrafo. Concreta, breve y clara. Poco conocida y confundida con cuestiones más abstractas como la libre determinación de los pueblos.

El gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que, a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades.

Víctor Manuel Reynoso Angulo

Profesor investigador de la Universidad de las Américas, Puebla. Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, maestro en Ciencia Política por FLACSO México y licenciado en Sociología por la UNAM.

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