Ricardo Barrientos | Política y sociedad / MANIFIESTO

Aún en el muy optimista caso que alguien honesto gane la Presidencia del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial continuarían capturados por las mafias.

Supongamos que en las elecciones de junio-agosto de 2019, por fin Guatemala alcanza su anhelado sueño de que una persona honesta y capaz resulte electa para la Presidencia de la República. Supongamos además que anunció con antelación que su gabinete de Gobierno también estará integrado por funcionarios probos, con experiencia y conocimiento; que presentó con anterioridad su propuesta de plan de gobierno, la cual está bien elaborada y goza de respaldo técnico robusto; que su campaña se caracterizó por debates de altura y con ideas, con un financiamiento mínimo y muy transparente; y, entre otros parabienes, que los primeros días luego de asumir el cargo se caracterizan por un alto grado de cumplimiento y consistencia entre lo ofrecido en la campaña y lo hecho ya en el poder.

Sin embargo, aún en ese escenario estaríamos muy lejos de estar tranquilos y confiados de que todo marchará bien. Aseguraría el inicio de una ruta de recuperación en solo uno de los tres poderes del Estado, cada uno tan importante como el otro. Aún cuando lográsemos elegir a una persona idónea en el Ejecutivo, ¿tendría el apoyo del Legislativo? El Congreso de la República es importantísimo, y la historia reciente nos ha demostrado que una legislatura corrupta puede ser un obstáculo insalvable para recuperar a Guatemala. ¿Qué tipo de bancada oficial lograría nuestra presidencia idónea, mayoritaria o minoritaria?

Por ejemplo, el Congreso es el poder que aprueba los principales instrumentos de política fiscal. La Constitución establece que si bien el Ejecutivo propone el presupuesto, sus modificaciones y fuentes de financiamiento, incluyendo la deuda pública y los impuestos, así como las reformas a las leyes tributarias, es el Congreso el que decide. Así que en un caso se recupere la Presidencia del Ejecutivo, al permanecer el Congreso capturado por las mafias de la corrupción tendría el poder de poner a un gobierno honesto financieramente de rodillas, al bloquearle el presupuesto y sus fuentes de financiamiento, impidiéndole además una reforma fiscal integral para ordenar y corregir las finanzas públicas. Esto en lo fiscal, pero el boicot sería similar en otras áreas en las que urge legislación, la laboral, ambiental, económica, social, etcétera.

Pero, estirando el optimismo, supongamos que en las elecciones de junio de 2019 además de la presidencia del Ejecutivo, lográramos recuperar también al Congreso, eligiendo diputadas y diputados que verdaderamente representen a la ciudadanía y sus expresiones diversas. Por desgracia, aun en el idílico escenario de Ejecutivo y Legislativo en vías de recuperación, resta el Organismo Judicial, que considero quizá el foco de corrupción e impunidad más desatendido. Y es que en 2019, además de las elecciones generales de junio en las que elegiremos a la Presidencia y Vicepresidencia del Ejecutivo, diputadas y diputados, alcaldes y el resto de corporaciones municipales, en septiembre se realizará la elección para una nueva Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones.

El corazón del éxito de la lucha contra la corrupción y la impunidad es la recuperación del sistema de administración de justicia, especialmente del Organismo Judicial. En todo caso, a las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo los elegimos en las urnas, pero a las del Judicial no, y el riesgo que en 2019 continúen impunes las mismas mafias es altísimo.

No basta tener buenas candidatas y candidatos al Ejecutivo y Legislativo, y elegirlos en los comicios generales de junio. Además estamos obligados a, quizá por primera vez, vigilar y limpiar las elecciones de septiembre en el Organismo Judicial.

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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