Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

Al presidente Jimmy Morales se le agotó el tiempo. En lo administrativo, es imposible que en 12 meses se puedan ejecutar políticas o programas que reviertan la debacle e ineptitud que caracterizan a su gobierno, y en cuanto a sus cada vez más descarados propósitos de instigar un rompimiento institucional, apenas le quedaría una semana para consumarlo.

Esto último, porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene previsto convocar a elecciones generales el 18 de los corrientes y, a partir de ese momento, la Ley Electoral y de Partidos Políticos prescribe en su artículo 194 que: «El proceso electoral deberá realizarse en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales. La declaratoria de un estado de excepción no suspenderá el proceso electoral».

Hasta el miércoles pasado, el plan de atentar contra la institucionalidad por parte del Ejecutivo marchaba con insolencia y descaro. La etapa inicial consistió en la expulsión del comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, luego vinieron las restricciones a la capacidad operativa de dicha entidad y, en una fase posterior, las baterías estarían dirigidas contra instituciones públicas, como la Corte de Constitucionalidad, en revancha por haber ejercido un importante contrapeso al totalitarismo de Morales.

Sin embargo, con lo que no contaban el presidente y los nuevos monjes negros que lo manipulan, era con la irrupción de un actor que, en un infantil error de cálculo, consideraban «cooptado» (para usar la palabreja de moda). Me refiero al gobierno de Estados Unidos, cuyo mensaje de «preocupación por el futuro de los esfuerzos anticorrupción en Guatemala» tiene un contenido inequívoco de desaprobación a los oscuros planes del Pacto de Corruptos.

(Por cierto, resulta curioso que en estos tiempos se vea a los gringos como los grandes componedores de las crisis políticas en el país y hasta se mencione con satisfacción su intervencionismo, solo que a diferencia de 1954, ahora son los ultraconservadores los enemigos declarados del «intervencionismo yanqui». Sin embargo, tampoco puede soslayarse la realidad: Guatemala depende, en su pasado, su presente y su futuro, del estado de humor de la Casa Blanca ).

El punto es que la crisis de desesperación del mandatario, que le ha llevado a adoptar medidas que rayan entre lo anodino, lo trágico y lo estúpido, tiene motivos poderosos para evolucionar a un estado de histeria. Aherrojado desde dos frentes –la garantía de los derechos individuales durante el proceso electoral y el tirón de orejas de Washington– la situación para Morales parece carta jugada.

Es cierto, no se puede asumir que el mensaje se haya captado en su magnitud, tomando en cuenta la porfía y obcecación que Jimmy y algunos de sus ministros han puesto de relevancia en el proyecto contra la Cicig. Incluso, es posible que en un arrebato extremo, sigan adelante y, haciendo caso omiso de las normas constitucionales y ordinarias, se lancen de cabeza a terminar con la precaria institucionalidad que nos va quedando.

Aún así, los daños causados a estas alturas por parte del presidente más torpe de nuestra historia son terribles y es demasiado tarde para esperar propósitos de enmienda. Según la opinión vertida por varios juristas en los medios guatemaltecos, Morales ha cometido delitos de toda índole, incluso violaciones a la Carta Magna, que no van a quedar impunes y tarde o temprano le pasarán factura.

¿Cuál es el mejor camino, entonces, para evitar que el presidente le cause más daño, ya no solo a la institucionalidad sino a la sociedad en su conjunto, la interrupción del proceso electoral incluida?

Solo veo una solución: su renuncia inmediata al cargo para el cual fue electo (la cantidad de votos que lo llevaron al poder a estas alturas es irrelevante y sabe más a broma que argumento a su favor).

En esa línea, el Consejo Editorial y varios autores que utilizamos el espacio de gAZeta nos hemos adherido a esa exigencia urgente, junto a una serie de propuestas que pueden darle una salida a esta crisis política, originada en motivaciones espurias y personales, siendo una de las más importantes: «La convocatoria a un diálogo nacional, con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales del país, para la búsqueda de una salida legal y racional a la crisis provocada por el Gobierno, que permita el fortalecimiento del Estado de derecho, para el bien de toda la población».

Sí, ya se sabe que los llamados al diálogo suelen ser acciones «románticas», superficiales y generalmente inútiles. Pero también se sabe que sigue siendo la vía privilegiada para la solución de grandes crisis. De eso hay ejemplos positivos, aquí y en diversas partes del mundo.

La renuncia inmediata, incluso, puede beneficiar al mandatario, porque así se evitaría seguir cometiendo atrocidades jurídicas y morales, como el haberse inventado la facultad de derogar, mediante un Acuerdo Gubernativo, una ley del Legislativo.

Lo que sí es cierto, es que no se escapa del juicio de la historia ni del largo brazo de la ley. No es descabellado afirmar que, en la Presidencia o fuera de ella, en el futuro de Morales cada vez es más segura una larga estadía en los separos del Mariscal Zavala.

¡Renuncie ya presidente… cada vez tiene menos posibilidades de salir indemne de la jaula que usted se construyó!

Fotografía tomada de Sercano.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

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