-Virgilio Álvarez Aragón / PUPITRE ROTO–

Este jueves 1 de marzo, si las prácticas de litigio malicioso de los acusados no prosperan, dará inicio el debate oral y público del caso Molina Theissen. Serán enjuiciados cinco militares de alta graduación, acusados del secuestro, tortura y violación de Emma Guadalupe Molina Theissen y del secuestro y desaparición de su hermano Marco Antonio, para entonces de apenas catorce años. Los hechos sucedieron en el ya lejano mes de septiembre de 1981, en el ocaso del corrupto y sangriento régimen de Romeo Lucas García.

Emma fue secuestrada por miembros del Ejército en la ruta Interamericana, donde, en un retén, luego de registrarla, le fue encontrada documentación de la Juventud Patriótica del Trabajo -JPT-, organización para entonces proscrita legalmente. Sin embargo, los miembros del Ejército que la detuvieron, en lugar de presentarla ante juez competente para ser juzgada, la condujeron a la base militar de Quetzaltenango, donde fue sometida a crueles torturas, entre ellas la violación reiterada por parte de miembros del Ejército.

Secuestro, tortura y violación eran prácticas ya para entonces consideradas criminales, por lo que los miembros del Ejército que las practicaron, autorizaron y supervisaron, cometieron tan horrendo crimen sabiendo que actuaban fuera de la ley. No se restablece el orden ni el respeto a la ley cometiendo crímenes como esos. Los militares que los ejecutaron lo hicieron porque, sabiéndose impunes, encontraron en su víctima un instrumento para imponer el terror dentro de la sociedad y, así, acallada cualquier oposición, administrar el Estado a su sabor y antojo y en su beneficio personal.

Corrupción y violación a los derechos humanos van de la mano, son caras de una misma moneda.

Aquellos cobardes violadores se ensañaron con su víctima, a quien humillaron de la forma más vil y canallesca sin permitirle el derecho legal de defensa, mucho menos el de defender su integridad física. Incapaces de enfrentar el debate de ideas y propuestas, hicieron de la violación una práctica personal que les hiciera temible entre los suyos, disfrutando ser lacra entre las lacras.

Pero Emma Guadalupe encontró la manera de escapar, produciendo en sus victimarios la mayor de las afrentas. Cobardes en demasía, vieron sus crímenes puestos en cuestión, buscando por todos lados a la que, con deseos de vivir, consiguió escapar de sus mazmorras. Llegados a su casa solo encontraron a sus padres y hermano menor, a quien sin escrúpulos secuestraron y, todo hace indicar, torturaron vil y horrendamente. Sabían que la hermana no aparecería, por lo que ese secuestro, tortura y asesinato no se puede explicar más que como el intento por saciar en otro la furia de verse humillados por una débil mujer que logró salvar su vida.

Benedicto Lucas García, para entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército supo fehacientemente de los secuestros y, evidentemente, autorizó la comisión de tales delitos. Manuel Antonio Callejas era el jefe de Inteligencia Militar, es decir, la sección del Ejército que, bajo el supuesto de recoger información sobre las organizaciones políticas clandestinas, como era el caso de la JPT, secuestró, torturó y desapareció personas, sabido de que estos eran crímenes penados por la ley. El secuestro, tortura y violación de Emma Guadalupe, como el secuestro, tortura y desaparición de su hermano menor se inscribe en esa práctica del ilegal y criminal terrorismo de Estado.

Francisco Luis Gordillo y Edeliberto Letona Linares eran, para entonces, comandante y subcomandante de la Zona Militar de Quezaltenango, respectivamente, por lo que los crímenes sucedieron bajo su autorización y supervisión directa. Hugo Zaldaña Rojas, era el oficial de Inteligencia militar en esa misma Zona Militar, responsable directo de las prácticas de secuestro y tortura de desafectos al régimen.

El juicio, en consecuencia, reviste enorme importancia para el futuro democrático del país. Su condena sería un parteaguas entre la Guatemala de la sangre, tortura y muerte, y la Guatemala de la paz y el respeto a los derechos humanos. Porque los daños ocasionados a las víctimas directas y sus familiares son irreparables, y Guatemala toda debe saber que tales prácticas criminales no pueden quedar impunes y bajo ninguna circunstancia deben practicarse.

En este, como en todos los casos llevados ante los tribunales, sean del carácter que sean, no hay sed de venganza, mucho menos interés por desestabilizar instituciones. Hay el único, pero invaluable, interés porque la justicia se haga, de manera que su imperio permita a las víctimas saberse resarcidas, al menos socialmente, de los daños ocasionados.

Imagen principal tomada de #JusticiaparaMarcoAntonio.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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