Sindy Hernández Bonilla | Para no extinguirnos / SIMBIOSIS

En Guatemala, como en otros países ricos en diversidad natural y cultural, la explotación de minerales metálicos y no metálicos ha sido seriamente cuestionada tanto por la población que habita en los territorios en donde se encuentran los yacimientos, como por sectores ambientalistas y de la academia.

Uno de los cuestionamientos a esta actividad es la falta de respeto a la vida. Por lo general los yacimientos minerales se encuentran en suelos en donde la población tiene un vínculo ancestral importante con la tierra, no solo porque representa su medio de vida y de trabajo, sino también por la relevancia que constituyen los recursos naturales, como los bosques, la diversidad de fauna y flora, así como el valor inmensurable del agua.

Fuera deldebate de si genera o no empleo, el hecho es que para obtener minerales se debe destruir la vida: un cerro o una montaña y con ello todo lo que lo habita. Los minerales a explotar se encuentran en el subsuelo, mezclados con otros minerales que no necesariamente tienen valor comercial, por lo que en ocasiones los «desechos» se lixivian o disuelven con productos químicos. Por ejemplo, para extraer el cobre se utiliza ácido sulfúrico, y en el caso del oro cianuro. Este tipo de soluciones químicas también movilizan otros metales pesados, como el cadmio, con un riesgo alto de contaminar las aguas superficiales y subterráneas.

La mayoría de los proyectos mineros tienen una duración de 10 a 40 años. Luego las empresas mineras se trasladan a otros lugares dejando tras sí muerte, contaminación y desempleo. En Guatemala el ejemplo más reciente es el proyecto minero Marlin en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, del departamento de San Marcos, que inició actividades de explotación en 2003.

Durante una consulta comunitaria en 2005, 99 % de la población de Sipacapa dijo estar en contra de las actividades mineras, postura que fue ignorada por el Gobierno. En 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado guatemalteco la suspensión de las actividades mineras por la contaminación de las fuentes de agua de 18 comunidades e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental, hasta que la Comisión adoptara una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares.

Sin embargo, en 2011 la CIDH modificó las medidas cautelares que había otorgado, retirando la solicitud de suspensión de las operaciones de la mina, de descontaminar las fuentes de agua y de atender los problemas de salud en las comunidades. La mina cerró a finales de mayo de 2017, y hoy se encuentra en el proceso de limpieza y desmontaje de la planta de procesamiento. El cierre conlleva la fase de restauración o recuperación ambiental, un hecho contradictorio: se mataron árboles, la vegetación y la fauna para extraer minerales, ahora se intentará restaurar lo destruido.

Desde mi punto de vista, opino que se intentará, porque la evaluación de impacto ambiental del Proyecto de la Mina Marlin ya advertía que se limitaba a recomendar como reclamación de la escombrera la siembra de gramíneas, puesto que la acumulación de millones de desechos tóxicos almacenados no permitirá que se construyan viviendas ni obras de infraestructura, tampoco actividades agrícolas, y así reducir la exposición de personas a posibles contaminantes en lo suelos. Será un área de extremo peligro para las personas, animales y toda la biodiversidad del lugar.

Es decir que aun cuando esta evaluación indicaba que el área sería prácticamente una zona inútil, el proyecto se desarrolló, no primó el bien común, las autoridades de turno no protegieron a sus habitantes, la fuente de trabajo, el recurso hídrico, los bosques, los dejó vulnerables. Se pasó por alto el derecho a la vida.

La empresa minera plantea además que la propiedad de la mina puede ser utilizada para instalar un call center, como fuente de empleo. Significa que además de los daños socioambientales, la mina no constituye una fuente sostenible de empleo. Al cierre de la mina, los empleados deberán buscar o regresar a su trabajo anterior, ya que los conocimientos adquiridos en la mina no les serán de utilidad.

Actualmente, se encuentra en suspenso la continuidad de otro proyecto minero: El Escobal y San Juan Bosco, de la mina San Rafael. Luego de protestas de los pobladores del municipio de Casillas, del departamento de Santa Rosa, que responsabilizan a la mina de los daños de sus viviendas, a mediados de 2017 la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender provisionalmente la licencia de exploración y explotación.

Esta semana, la Corte de Constitucionalidad recibirá los resultados de los estudios solicitados a centros de investigaciones de universidades y al Ministerio de Cultura y Deportes, los cuales les permitirán emitir una resolución definitiva sobre la continuidad o no del proyecto minero San Rafael Las Flores.

Me parece que es un momento oportuno para que en Guatemala se evalúen los factores económicos, sociales, ambientales, culturales e institucionales que conlleva la explotación minera. Analizar si vale la pena la extracción de minerales así como los costos sociales y ambientales que dejan estas empresas. Evaluar si la actividad minera es una alternativa económica para la población guatemalteca o si por el contrario genera más costos que beneficios.

Como ciudadanía tenemos el derecho de pronunciarnos sobre la conveniencia de continuar con una actividad económica muy dañina y conflictiva, quizá podemos tomar como ejemplo a países hermanos como El Salvador y Costa Rica, que decidieron decirle ¡no a la minería!

Sindy Hernández Bonilla

Amo la naturaleza y por ende la vida. Me apasiona trabajar y siempre estoy aprendiendo. Tomo en serio y empeño lo que hago: el trabajo, mis relaciones, mi entorno. Escribir es un ejercicio que además de estimular mi creatividad, permite compartir algunas de mis inquietudes y reflexiones principalmente de la biología o la ecología.

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