-Carlos Enrique Fuentes Sánchez / EL EDUCADOR–

Con más indignación que sorpresa se pueden enfrentar los registros del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que revelan que, durante 2017, 90 899 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años estaban embarazadas y que, 1 248 de ellas son menores de 14 años. ¿Qué les pasa a los guatemaltecos? ¿Cómo es posible que más de mil doscientas niñas, en edad de jugar, hayan sido embarazadas? ¿Qué tipo de «hombres» habitan en Guatemala?

Las consecuencias de estos embarazos en niñas menores de 14 años, ya por violación o estupro, los conoce la sociedad guatemalteca: recién nacidos mal formados o con deficiencias mentales, dado que las estructuras reproductivas de la niña aún no terminan de madurar; y niñas madres que jamás adoptarán su papel, porque aún no tienen la edad mental para serlo, aunque se les obligue a ello. Por otro lado, destrucción de la inocencia, de un futuro promisorio y de una vida digna para la niña madre. En los otros casos, con adolescentes mayores de 14 años, igual, la destrucción de su vida futura y la continuidad de la pobreza.

¿Causas? Padres, compadres, padrastros, familiares, «amigos» de la familia, «guías espirituales», patronos que, sobrios o borrachos, por engaño o por obligación, abusan de las pequeñas niñas, destruyéndoles la vida. ¿Qué tipo de «hombres» habitan Guatemala? Es que resulta increíble e indignante que un adulto pueda realizar tal acción con una niña, sabiendo que la misma está aún en edad de jugar, no de criar hijos. Esto solo puede ocurrírsele a un desequilibrado mental, a un borracho o un drogado, lo cual no les exime de culpa alguna.

Ciertamente, la mayoría de los casos se evidencian, según los registros, en los departamentos con mayoritaria población indígena: Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y Quiché, en ese orden, pero esto no quiere decir que la población indígena sea culpable. No. Si bien es cierto que hay casos en que las adolescentes son entregadas para matrimonios concertados entre familias indígenas, no se debe olvidar que, en dichos departamentos, sobre todo en la franja transversal del norte, hay muchas fincas, agroindustrias y empresas, en donde los patrones y sus hijos se aprovechan de la necesidad de trabajo de las mujeres indígenas en general, y particularmente de las mujeres adolescentes, a quienes abusan por violación o estupro, teniendo las mismas que aguantarse para conservar su trabajo.

No hay que olvidar que, además, muchas amas de casa de las ciudades, prefieren una doméstica indígena, «porque son más trabajadoras, se quejan menos y hasta pueden servir de “desagüe” a mis patojos». ¡Vaya pensamiento! Es asqueroso saber que haya patronas que piensen y actúen así. Esto incide en que, tanto en la capital como en Quetzaltenango, el número de adolescentes abusadas y embarazadas es mayor.

¿Qué hacer ante estas realidades? La escuela, la iglesia y la sociedad deben actuar en conjunto. El Ministerio de Educación, a través de las y los maestros de cada escuela, debe trasladar el mensaje de prevención a las niñas de la primaria invitándolas a que no permitan el ultraje y que lo denuncien aunque sientan miedo. Y denunciar a todos aquellos maestros que sepan que están abusando de las niñas. La iglesia, católica o protestante, a través de los sacerdotes, los pastores, los acólitos o los ancianos, debe aprovechar la escuela dominical y los cursillos de cristiandad para educar a las niñas y niños para que eviten el abuso de cualquier persona cercana a ellos y llamar a la grey, hombres y mujeres, a denunciar el abuso. Sobre todo, hacer que las madres de familia crean e investiguen cuando sus hijas les digan que el papá o algún familiar están abusando de ellas.

Si bien el número de madres infantiles disminuyó en los dos últimos años, no es suficiente. El problema se debe erradicar totalmente. Eso requiere, además, de la acción de la sociedad en general. Si en la capital y Quetzaltenango hay más embarazos en adolescentes, es hacia allí donde deben enfocarse las baterías. Las ONG y los canales televisivos nacionales y locales deben invertir más de sus fondos en dar charlas y presentar mensajes televisivos cortos, pero crudos, para orientar a las adolescentes a evitar y denunciar la violencia sexual.

Las autoridades deben endurecer las leyes contra los violadores, ampliando el número de años de cárcel y creando la responsabilidad de trabajar, desde la cárcel, para ayudar al mantenimiento de los hijos que procreen. Falta mucho por hacer. ¿Cuándo comenzamos cada uno a hacer lo que nos corresponde?

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.

El educador