-Mario Polanco / NO MÁS IMPUNIDAD–
Escapando del Ejército, miles de guatemaltecos se vieron en la necesidad de abandonar el país y vivir en campamentos de refugiados en diversos Estados de la República mexicana. Luego de doce años fuera, en 1994 un grupo de personas provenientes de diversos grupos étnicos entre los que se encuentran quichés, mames, poqomames, qekchíes y kanjobales regresa al país con apoyo gubernamental y de ACNUR, siendo asentados en la comunidad llamada Ocho de octubre ubicada en la aldea Xamán, Chisec, Alta Verapaz. Un año más tarde, cuando celebraban el primer aniversario de la comunidad, un grupo de integrantes del Ejército ingresó al área en que se producía la celebración, ello provocó un altercado verbal que dio como resultado la muerte de once personas, entre ellas tres menores de edad, además, veintisiete personas más quedaron gravemente heridas.
La incursión militar a la comunidad fue una provocación, debido a que para octubre de 1995 las hostilidades entre el Ejército y la guerrilla habían casi cesado, por lo que no existía ninguna posibilidad ni sospecha acerca que dentro de la comunidad se hubieran escondido algún guerrillero o hubiera pertrechos de guerra.
Ramiro de León Carpio, quien había sido procurador de los derechos humanos, en su calidad de presidente de la República visitó a las víctimas y les garantizó que el crimen no quedaría en la impunidad, que habría investigación y que la comunidad sería beneficiada a través de los programas sociales del Estado.
Nunca hubo inclusión de Xamán en los programas sociales y la justicia llegó a medias, no se capturó a todos los involucrados en la masacre. Una década más tarde, catorce de ellos fueron condenados tardíamente y continuaron recibiendo su salario por parte del Ministerio de la Defensa. Once más escaparon y durante más de dos décadas, a pesar de existir una orden de captura en su contra, la misma sigue sin ser ejecutada.
Debido a la imposibilidad de alcanzar la justicia haciendo uso de leyes internas, las familias de las víctimas y las propias víctimas sobrevivientes tomaron la decisión de interponer una denuncia contra el Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luego de cometida la masacre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había realizado una visita a la comunidad, rindieron un informe pormenorizado, en otras palabras ya conocían lo ocurrido, por lo que casi de inmediato llamaron al Estado así como a las víctimas y sus familiares a establecer un acercamiento a fin de llegar a una solución negociada.
Cuatro gobernantes conocieron el caso (Álvaro Colom, Otto Pérez, Alejandro Maldonado y Jimmy Morales), ninguno de ellos tuvo interés en alcanzar un acuerdo que impidiera que Guatemala fuera condenada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), debido a que visitas y ofrecimientos que delegados de algunos de esos gobiernos hicieron, generaban expectativas entre las familias y las víctimas. Por lo tanto, de común acuerdo entre cada una de las familias y el GAM, como organización acompañante, tomaron la decisión de pedir que se realizara la audiencia ante la CoIDH, esta fue realizada el pasado viernes 9 de febrero de 2018 a la cual asistieron representantes de las víctimas acompañados por Karla Campos y Maynor Alvarado, dos de los abogados del GAM y por el Estado de Guatemala representantes de COPREDEH, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores y, sin explicación de cuál sería el papel, también asistió un coronel representando al Ejército.
Este tipo de procesos contra el Estado pueden evitarse de manera sencilla, teniendo un Ministerio Público y jueces que trabajen efectivamente, que no permitan que haya denegatoria de justicia y que propicien que cuando ocurra un abuso, quien lo haya provocado o realizado sea llevado ante la justicia y esta se aplique de manera efectiva. Un Estado eficiente no será juzgado por estos órganos de justicia internacional y regional, porque la justicia se estará conociendo internamente de manera oportuna.
Seguramente habrá condena contra Guatemala en el caso que siguen niños, niñas, mujeres y adultos víctimas de la masacre de Xamán, sin embargo, esto no puede ser catalogado como el fin de un proceso, sino como una etapa intermedia, porque una de las formas de reparación que se exigen consiste en que el Estado por fin ejecute las once capturas pendientes y que los responsables intelectuales de esta masacre también sean investigados y castigados. 
Mario Polanco
Graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con Maestría en Seguridad y Defensa por la Universidad Mariano Galvez, actualmente director del Grupo de Apoyo Mutuo. Activista de derechos humanos, haciendo esfuerzos para que no haya más impunidad.
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