Ruth del Valle Cóbar | Política y sociedad / HILANDO Y TEJIENDO: MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS

Seguramente no habrán escuchado estos nombres, porque son mujeres que vivieron hace algunos años en «el área rural», específicamente en el área Ixil, al norte de Quiché. María tenía 27 años y su hija Josefa apenas llegaba al mes de nacida.

El 29 de agosto de 1990, María estaba con su hija Josefa en Santa Clara, municipio de Chajul, Quiché, cuando efectivos del Ejército guatemalteco, acompañados por miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil, llegaron a la comunidad, donde capturaron a 86 de sus residentes. La mayoría de los habitantes del lugar eran familias desplazadas que se habían refugiado en las montañas, como resistencia a las estrategias del Ejército contra la población civil durante el conflicto armado interno.

Las personas detenidas fueron trasladadas a la base militar en Santa María Nebaj, donde María y su hija fueron vistas por última vez. Varias de las personas detenidas fueron liberadas posteriormente, no así María y su hija.

Como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, detenciones y posteriores desapariciones forzadas, como sucedió con María y su hija, fueron hechos comunes como parte de las estrategias militares contra el «enemigo interno», es decir, prácticas del Estado. María y su hija fueron parte de ese 83.3 % que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) identificó como víctimas del conflicto armado interno de origen maya. María y Josefa pertenecían a la comunidad lingüística ixil.

María era parte de las organizaciones que se oponían a la participación de la población civil en las Patrullas de Autodefensa Civil, porque consideraban que era una aberración obligar a las personas a hacer un servicio militar disfrazado, obligando a los hombres de entre 15 y 60 años (en teoría, pero en la práctica se vio patrullando hombres de 12 u 80 años), convirtiéndolos en cómplices de la represión contra su pueblo.

Alguna gente diría… si la que participaba era María, ¿por qué desaparecer a su hija de un mes? En aquellos años nos acostumbramos a escuchar, cuando alguien era desaparecido o asesinado, que tal vez «en algo andaría metido», colocando la responsabilidad de los hechos en la víctima y no en los perpetradores, agentes del Estado.

Sin embargo, nada justifica que María haya desaparecido, que pudiera haber sido torturada, violada, obligada a ver la tortura de su pequeña hija… o que la niña haya sido sustraída y entregada a alguna familia. Como lo señaló también la CEH, la guerra «creó un escenario propicio para que la niñez estuviera expuesta a multiplicidad de violaciones. Se ha documentado que en el teatro de operaciones militares (…) niños y niñas fueron víctimas de desaparición forzada».

Entre los testimonios recogidos por el proyecto REMHI, se encuentra el relato de una persona que estuvo detenida en Amachel, donde María estaba detenida, y quien relató que ella había identificado a un hombre (proporcionando nombre y apellido, porque ella lo conocía) que habría participado en la violación sexual de la que fue víctima.

La desaparición de María y Josefa se une a la de cientos o miles de personas que fueron desaparecidas y/o ejecutadas en el área Ixil entre marzo de 1982 y agosto de 1983, durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, como ha sido presentado y demostrado en el juicio por genocidio que se siguió contra él y el general Mauricio Rodríguez Sánchez.

Esa política de tierra arrasada que aniquiló aldeas enteras, que borró del mapa comunidades mayas, fue una política de Estado, supuestamente dirigida a «quitarle el agua al pez», es decir, a quitarle el soporte y apoyo al movimiento guerrillero, pues supuestamente la población civil le respaldaba y le facilitaba alimentación y movilización.

Todas las estrategias militares contrainsurgentes del Ejército de Guatemala fueron desarrolladas con la asesoría de militares estadounidenses, argentinos, chilenos, israelíes, taiwaneses, entre otros, como se ha logrado documentar en los esfuerzos de reconstrucción de la memoria histórica, tanto de la CEH como de la Iglesia católica (Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI). Estas investigaciones permitieron identificar que, entre 70 y 90 % de la población ixil fue arrasada en esos años.

Ríos Montt fue condenado por el genocidio, aunque después las argucias legales dejaron en impasse la condena y, finalmente, falleció sin haber vuelto a la cárcel. Muchas de las víctimas sobrevivientes repiten que, para ellos, se hizo justicia; que lo que hizo después la Corte de Constitucionalidad no fue más que una maniobra, pero que a sus ojos la justicia estaba hecha.

Hay otras víctimas como María y Josefa que no han podido ver la justicia.

Como parte de las obligaciones de reparación del Estado, el 25 de agosto de 2008 fue declarado el «Día de los niños y niñas víctimas del conflicto armado interno», el cual debe conmemorarse todos los años.

Fotografía, 25 de agosto de 2008, Día de los niños y niñas víctimas del conflicto armado interno, de Ruth del Valle.

Ruth del Valle Cóbar

Feminista, defensora de derechos humanos, investigadora social, constructora de mundos nuevos. Ha pasado por las aulas universitarias en Ciencia Política, Administración Pública, Psicología Social, Ciencias Sociales. Transitado del activismo social al político, incluyendo movimientos sociales, organizaciones sociales, entidades gubernamentales y del estado.

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