-Ricardo Gómez Gálvez / GUATEMALA: LA HISTORIA INCONCLUSA–

Como quien no quiere la cosa, la historia nos vuelve a jugar una mala pasada.

Por qué cuesta mucho admitir que la mejor legislación en materia electoral y de organizaciones políticas de la historia moderna de Guatemala fue aquella emitida por el Consejo de Estado de la dictadura militar, en 1983.

Legislando con la vista puesta en el retrovisor y apabullados por la envergadura de la represión política indiscriminada ejercida por el Ejército a lo largo de la guerra sucia, pero en especial entre 1978 y 1984, los constituyentes aprobaron en el Decreto 1 de la Asamblea Nacional, una ley que tenía mucho de electoral, pero muy poco de organizaciones políticas democráticas que sirvieran de semillero para un fortalecimiento futuro de la Democracia.

Ahora que el sistema perverso que resultó de todo aquello ha colapsado, las claves del sistema electoral y de participación política que hay que consensuar, diseñar y consiguientemente construir, en un espacio de tiempo de por lo menos veinte años, descansan en las innumerables experiencias vividas por la sociedad guatemalteca y por las comunidades del país, desde la Revolución de Octubre de 1944. Y todas esas experiencias se resumen en un hecho incontestable: en Guatemala está prohibido disentir del sistema autoritario, conservador, excluyente e inequitativo imperante desde la mal llamada independencia. No se trata de ser o no ser “comunista”, se trata de doblegarse abyectamente o indignarse activamente ante el peso criminal y oprobioso que ejercen sobre la población, los grupos dominantes del país, sus corifeos y testaferros. A ello hay que agregar ahora, las distorsiones de la injerencia funesta en la actividad política, de la narcoactividad y del crimen organizado.

Como alguna vez afirmó un distinguido intelectual social cristiano, mentor de varias generaciones de dirigentes sociales y políticos: en este país, los políticos ideológicos están en la oposición, incluso cuando están en el Gobierno.

Es por ello que el camino correcto para emprender una reforma política debe abandonar las reformas parciales, incoherentes y contradictorias a la Ley Electoral vigente. Debe convocarse a una refundación del sistema electoral y de organizaciones políticas, que sea capaz, antes de que sea demasiado tarde, de dar cauce a las aspiraciones de participación democrática de la mayoría de los pueblos y las comunidades que integramos esta entelequia llamada Guatemala.

Por lo tanto, debe legislarse por separado una ley del Tribunal Supremo Electoral y de un novedoso Instituto Nacional Electoral para distinguir las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas de una nueva institucionalidad electoral democrática. Por separado una ley de organizaciones políticas, que tome como referente el Decreto 31-83 del Consejo de Estado, desconcentrando el sistema de organizaciones políticas, terminando con el monopolio de los partidos tradicionales, para dar cauce al carácter multicultural y plurilingüe de la sociedad guatemalteca, consagrado en la Constitución; y finalmente una ley reguladora de eventos electorales, para normar los procesos electorales y los de consulta popular.

Los principales temas a abordar con este enfoque serían:

1. Financiamiento público de las campañas electorales y del funcionamiento ordinario de las organizaciones políticas: con énfasis en el financiamiento estatal, con un sólido acompañamiento y fiscalización ciudadana, además de enfatizar en la formación política de los afiliados a las organizaciones políticas.

2. Democratización imperativa del funcionamiento interno de las organizaciones políticas: garantizando asambleas plenarias con participación de un mínimo de 40 % de afiliados, representación proporcional en el reparto de escaños de los comités ejecutivos de las diferentes jurisdicciones, nacional, departamental y municipal; prohibición de las planillas únicas, elecciones primarias para cargos de elección popular.

3. Fortalecimiento de las funciones de vigilancia y fiscalización del funcionamiento interno de las organizaciones políticas: por parte de la autoridad administrativa del sistema, de la instancia privativa jurisdiccional y de una nueva instancia de participación ciudadana adscrita al nuevo Instituto Nacional Electoral.

4. Regulación conexa apropiada del otorgamiento de las licencias de señales radioeléctricas y televisivas que otorga el Congreso de la República: para facilitar y abaratar su uso en tiempos durante las campañas electorales.

5. Acortamiento severo de la duración de las campañas electorales: no más de 60 días.

6. Nuevas y drásticas figuras delictivas de carácter electoral: con penas de privación de libertad para los personeros legales y de multas particularmente onerosas, so pena adicional de cancelación definitiva de las organizaciones políticas involucrada en las transgresiones.

7. Distinción de la potestad jurisdiccional de la administrativa del sistema electoral: autonomía plena de la jurisdicción electoral y de partidos políticos por parte del TSE.

8. Ampliación de los modelos de organización política, desconcentrando el sistema electoral: creación de las organizaciones políticas partidarias regionales o departamentales, como entramados territoriales agregativos, que deberán dar lugar a verdaderos partidos políticos nacionales.

9. Reorganización del sistema electoral en subdistritos electorales en un sistema mixto: con listas semiabiertas, plurinominales, entre 2 y 3 escaños por subdistrito y un listado nacional.

10. No reelección de diputados y alcaldes: los diputados y sus conjuntos familiares legales, dos períodos de por medio y los acaldes municipales y sus conjuntos de familiares legales, solamente una vez.

11. Elección parlamentarias cada dos años.

12. Reforzar las medidas existentes en el marco de la Constitución Política destinadas a desestimular el trasfuguismo parlamentario.

13. Revocatoria de los mandatos electorales mediante iniciativas y reguladas por la ley, mediante consultas populares.

14. Establecimiento de instancias y procesos legales para otorgar carácter vinculante a los programas electorales de los partidos políticos, en el marco de la ley, creando una instancia pública de carácter técnico, independiente y neutral para supervisar el cumplimiento de los programas de gobierno.

15. Acciones afirmativas para promover la inclusión de los grupos excluidos: mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.

16. Lista de candidatos a diputados con participación alterna de género.

17. Distinción entre la función jurisdiccional y la función administrativa del Tribunal Supremao Electoral. Creación del Instituto Nacional Electoral, encargado de la administración del sistema electoral y de organizaciones políticas.

18. Fortalecimiento institucional del Tribunal Supremo Electoral en su función exclusivamente jurisdiccional. Suprimir los amparos ordinarios en contra de sus resoluciones.

19. Fortalecimiento de la validez del voto nulo, de tal manera que si este voto es mayor que el obtenido por el candidato con mayoría relativa, la elección deberá repetirse con renovación de candidatos.

Solamente dando un salto de calidad en la naturaleza misma del sistema político de participación ciudadana, se podrá ampliar las vías que conduzcan finalmente a la instalación de una democracia de ciudadanos, y por qué no, en el futuro, y por virtud de las innovaciones tecnológicas y de las telecomunicaciones, estos instrumentos nos acerquen de nuevo a la democracia directa de la antigua Grecia, por la vía de referéndum ciudadano, por medio de la internet.

Ricardo Gómez Gálvez

Político de vocación y de carrera. Cuarenta años de pertenencia al extinto partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Consultor político para programas y proyectos de la cooperación internacional y para instituciones del Estado.

Guatemala: la historia inconclusa