Víctor Manuel Gálvez Borrell | Política y sociedad / DESDE ESTA ORILLA

A partir del 2015, se ha producido, dentro de la mayoría de la población guatemalteca, un particular interés por los juicios, sobre todo por los más mediáticos. Y entre ellos, por aquellos en los cuales los presuntos acusados son enviados a prisión preventiva. Con ello la sociedad parece satisfacer un velado deseo porque la justicia se aplique a quienes, difícilmente, se habían sometido a ella. Traducen la idea de Eduardo Galeano, quien alguna vez escribiera: «La justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos», para referirse a las normas jurídicas tan laxas y débiles para aplicarse a los ricos y poderosos y tan extremas contra los pobres. Un ejemplo de lo anterior es la situación actual del sistema penitenciario y dentro de este, de una de las causas del crecimiento de la población cancelaria como lo es la previsión preventiva.

En efecto, para agosto de este año, se habían acumulado más de 24 000 reos en 21 centros penitenciarios (Prensa Libre, 16-08-2018). El incremento de la población cancelaria empezó a convertirse en un problema hacia el 2008 y no recibió mayor atención. En este sentido, desde hace 20 o 30 años, en las cárceles guatemaltecas no se registraban pandilleros y el crimen organizado, el narcotráfico y las extorciones tampoco tenían la presencia y peligrosidad actual. Como parte de las razones del crecimiento actual de la población cancelaria, se encuentra la persecución penal mejorada, el incremento de la prisión preventiva y el alargamiento de las condenas. Por otra parte, y para terminar de complicar la situación, la tecnología (celulares que facilitan que nuevos delitos se comentan desde las prisiones), los grupos de «autogobierno» desde las mismas y el hacinamiento existente, han convertido a las cárceles del país en verdaderos infiernos (Prensa Libre, 7-10-2018, entrevista Corinne Dedik). Como consecuencia de lo anterior, si en 2008 la población de reclusos era de 8 400 personas, en 2018 pasó a ser de 24 400. El 47 % (11 600 personas) se encuentra en prisión preventiva y de estas, 41 % lleva más de dos años en la cárcel (CIEN: Prisión preventiva, radiografía de un reto para el sistema de justicia, 28-11-2018).

La prisión preventiva es el encarcelamiento de la persona sometida a investigación, hasta que se llega a juicio, pues esta aún no ha sido condenada. Procede cuando otras medidas cautelares no aplican (fianza, prisión domiciliar, presentarse a firmar el libro del tribunal), cuando hay temor de que el acusado escape o que altere el desarrollo normal de la investigación. Es una medida excepcional y, además de ello, contraria al principio de presunción de inocencia. A pesar de lo anterior, los diputados, dentro de su tradicional demagogia y oportunismo para ganarse la simpatía de los votantes fingiendo drasticidad, han alterado el carácter excepcional de la presión preventiva, incrementándola. Así, por ejemplo, en 2008 establecieron que los acusados de femicidio no deberían tener medidas sustitutivas y en 2013 reformaron el artículo 264 del Código Procesal Penal, estableciendo 10 delitos para los que obligaban a los jueces a aplicar presión preventiva, lo que disparó el número de acusados en las cárceles (Edgar R. Ortiz, La República, 9-08-2018). La discusión sobre la «aceptación de cargos» y la «ley del control telemático» (brazaletes) podría enmendar parcialmente los casos de prisión preventiva, pero aún no se aplican. Sobre todo, cuando los diputados, como los actuales, están dándose cuenta -ellos mismos y sus «amigos»- que son responsables de delitos por los que se les aplicaría prisión preventiva. Así, la serpiente ya no mordería solo a los descalzos como hasta ahora.

Víctor Manuel Gálvez Borrell

Doctor en Sociología, de la Universidad de Paris I. Trabaja en la Universidad Rafael Landívar como coordinador de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Desde esta orilla