Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

Desde el anuncio de Jimmy Morales, los primeros días de septiembre, sobre su decisión de no solicitar la prórroga del mandato de la Cicig por dos años más, se desencadenó una serie de hechos que agudizaron la tensión y crisis política que mantiene en vilo al país desde hace poco más de tres años. Una crisis que sube y baja en intensidad, con la consecuente inestabilidad política, controversia e incluso confrontación entre quienes se inclinan por que continúe la lucha anticorrupción y quienes la rechazan porque ven en ella un peligro para sus intereses espurios.

La conferencia de prensa que pocos días después ofrecieron Jimmy Morales, dos de sus ministros (de Relaciones Exteriores y de Gobernación) y el procurador general de la Nación, el jueves 6 de septiembre, ratificando esa decisión y anunciando que no permitirían el ingreso del comisionado de la Cicig al país, quien por razones de trabajo relacionado con la labor de la Comisión se encontraba (y aún se encuentra) en el exterior, fue dar una vuelta más a la tuerca.

Aquella absurda decisión, tomada en razón de los intereses de la tríada mafiosa de empresarios-militares-políticos, muchos de ellos funcionarios públicos, acentuó la inestabilidad e incertidumbre políticas, y reforzó tres campos de controversia y confrontación. Uno, en el ámbito jurídico-legal con una fuerte controversia entre la Corte de Constitucionalidad (CC), por un lado, y el Ejecutivo y Legislativo, por otro, a raíz de la resolución de CC que ordena a las autoridades correspondientes no impedir el ingreso del comisionado y, asimismo, ordena al presidente utilizar el mecanismo de la negociación para resolver la controversia con Naciones Unidas.

Dos, en el ámbito internacional, que puede resumirse en una suerte de «declaración de guerra» del Gobierno guatemalteco a las Naciones Unidas, especialmente a su secretario general, quien abrió las puertas para resolver la controversia a través del diálogo en los términos que estipula el acuerdo de creación de la Cicig y de instruir al comisionado a dirigir a la Comisión desde el exterior y nombrar a un comisionado adjunto que trabaje desde el país. No obstante, esta declaración de guerra del Gobierno guatemalteco subió de tono con el absurdo y vergonzante discurso del presidente, el pasado martes 25 de septiembre, en la Asamblea General de la ONU, acusando irresponsablemente y sin ningún sustento a la Cicig y al comisionado Iván Velásquez. Tres, en el ámbito interno del país al provocar el rechazo social, especialmente de organizaciones y colectivos sociales, que se ha materializado en una serie de movilizaciones en varias ciudades y puntos del país no solo rechazando y condenando esa decisión, sino también exigiendo la renuncia del binomio presidencial y de los diputados del llamado Pacto de Corruptos; movilizaciones que previsiblemente continuarán y que, posiblemente, marcarán el tiempo que resta de acá a las elecciones de 2019, si es que estas se realizan.

En estos últimos episodios de la crisis, Morales ha mostrado, como lo ha venido haciendo a lo largo de estos casi tres años de mandato, que no tiene un equipo de asesores que le orienten sobre cómo gestionar el gobierno, cómo y qué decisiones tomar que no profundicen la crisis en la que se encuentran el Estado y la falsa democracia burgueses, garantes de los intereses del capital. Por el contrario, cada vez es más evidente que el incompetente presidente está rodeado por un grupo variopinto que representa una mezcla de intereses que van desde los de la burguesía nacional y transnacional, hasta los del crimen organizado y mafias de la corrupción, pasando por los intereses de una «casta» de políticos encargados de administrar el sistema. Todos ellos beneficiarios de un Estado garantista de privilegios, prebendas, corrupción y todo tipo de negocios, incluidos los ilícitos, como el narcotráfico, el contrabando y la defraudación tributaria.

Decididos a todo y temerosos que la lucha anticorrupción termine por alcanzarlos a ellos y a todos los que se benefician de este Estado mafioso, han cerrado filas obnubilados por librarse de la Cicig en una lucha ciega en la que han echado a andar toda la maquinaria del Estado a su alcance para lograr sus propósitos: salvaguardar el sistema y el Estado mafioso, los intereses de la tríada mencionada y, por supuesto, protegerse a sí mismos. Y en esa embestida por logarlo, han llegado a declararle, de hecho, la guerra a Naciones Unidas, a su secretario general y a la comunidad internacional, principalmente a los países que apoyan a la Comisión.

Considerando la reacción del Gobierno estadounidense a través de su Departamento de Estado, de su representante en Naciones Unidas y de su embajador en Guatemala, «reconociendo» que el Gobierno guatemalteco es un «importante aliado» en la «lucha» contra el narcotráfico, no hace falta decir que la decisión de no renovar a la Cicig ha sido pactada con el Gobierno de Trump y que su embajador ha jugado un papel clave. Basta saber que Álvaro Arzú Irigoyen era un viejo amigo del embajador Arreaga, desde sus tiempos de estudiantes. Ese apoyo estadounidense a la decisión de Jimmy Morales y de las mafias que lo rodean fue más claro al no haberse adherido a la declaración emitida por Alemania, Canadá, España, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea (miembros del G-13), Noruega y el Reino de los Países Bajos, en la que expresaron su pesar por la decisión del gobierno del Pacto de Corruptos.

Y es que el imperialismo, digo, Estados Unidos, no está interesado en limpiar la porquería que desde 1954 se ha construido con su apoyo abierto y encubierto. Más aún, le interesa que el sistema continúe funcionando como hasta ahora, porque es funcional a sus intereses. Le interesaba limpiar la superficie de la cloaca, que cambie algo para que todo siga igual. Porque la corrupción, como muchos de los negocios ilícitos (narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas), son mecanismos de acumulación de capital.

Por eso a Estados Unidos, a la burguesía guatemalteca, aglutinada en el Cacif y fuera de él, a las mafias y a la casta de políticos les interesaba que las elecciones del 2015 se celebraran a como diera lugar, puesto que con ello garantizaban la continuidad de este sistema profundamente podrido. Y las elecciones se realizaron pese a que buena parte de la sociedad civil organizada y muchísimos guatemaltecos exigían suspenderlas o, al menos, posponerlas hasta crear mejores condiciones políticas mediante una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que favoreciera la representación de los pueblos y mujeres, la democratización interna de los partidos, mejorar la fiscalización del TSE al financiamiento de los partidos, entre otros. El resultado es que el Ejecutivo y el Congreso continúan controlados y manejados por las mafias; más aún, que el Estado sigue siendo el Estado de las mafias, para beneplácito de aquella trilogía y de los Estados Unidos.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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