Jacobo Vargas-Foronda / PUERTAS ABIERTAS–

El reciente fraude electoral en Honduras para impedir el triunfo del candidato presidencial de Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, iniciado a partir del 27 de noviembre de 2017, con el beneplácito estadounidense, su imperial agencia OEA y la parte retrógrada de la UE, han ejecutado todo un golpe de Estado técnico con disfraz electoral que se ha venido organizando por la reacción continental y mundial desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.

Toda esa política estratagema es para contrarrestar el avance de los gobiernos progresistas en los linderos del sistema capitalista de «libre mercado» de América Latina en Centroamérica. Ese andar reaccionario, muy hábilmente organizado, lo tenemos demostrado en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú, para mencionar los más relevantes.

A nivel mundial, con la caída del Muro de Berlín (1989), y la desintegración de la otrora URSS (1991), la reacción mundial celebraba «el fin de la historia», desaparición de las luchas ideológicas, y, en consecuencia, el despegar de un orden económico político mundial único con el supuesto unipolar liderazgo del imperialismo norteamericano, vociferando que la Cuba revolucionaria de Fidel Castro Ruz tenía sus días contados.

Semejante triunfalismo pronto se vio amenazado por la conocida Marea Roja Latinoamericana con los gobiernos progresistas de Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela (1999), Néstor Carlos Kirchner, Argentina (2003), Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil (2003), Evo Morales, Bolivia (2005), Rafael Vicente Correa Delgado, Ecuador (2006), José Daniel Ortega Saavedra, Nicaragua (2007), Fernando Lungo, Paraguay (2008) y José Alberto Mujica, Uruguay (2009). Toda una clara manifestación de que los preludios del fin del mundo carecen de todo fundamento teórico-político.

Lo acaecido en Honduras se vislumbra como el preludio de los próximos procesos electorales en Guatemala y México, si las organizaciones sociales y fuerzas políticas estructuralmente organizadas no inician, desde ya, un serio debate y lucha cívico-política sobre la enorme importancia de tener autoridades probas en la institución pública responsable de la organización, ejecución y proclamación de los resultados del proceso electoral en juego.

Por ello deben iniciarse las reflexiones sobre los procesos electorales montados y administrados por instituciones al servicio del sistema político, económico y social dispuestas a favorecer el montaje de una falsa democracia, o de cartón, como ha sido conceptualizada por el sociólogo Virgilio Álvarez Aragón. Empezar a discutir la validez, fortaleza, legitimidad y representatividad de las luchas políticas en los parámetros de un proceso electoral que bien puede estar viciado desde sus orígenes con claras manifestaciones de organizarse para la ejecución de futuros fraudes electorales en la región.

Otro aspecto, no menos preocupante, es el recurrir a una asistencia internacional, regional como la OEA, e incluso al sostén imperial estadounidense, como árbitros y garantes de la realización de los procesos electorales, tanto que desde el inicio favorecieron en Honduras la ejecución de elecciones con la participación de una candidatura claramente negada por sus propias normas constitucionales en los linderos de la cacareada «reelección» y múltiples denuncias de vínculos con el crimen organizado y la narcoactividad. A pesar de ello, Estados Unidos dio sus apresurados vistos buenos para la realización de la comparsa con un fraude electoral anticipado.

Manuel Zelaya ha denunciado que Estados Unidos y la OEA buscan dividir la Alianza de la Oposición contra la Dictadura «recomendando al candidato presidencial Salvador Nasralla desvincularse por completo de él por ser chavista y pregonar el socialismo democrático, y cuando la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Heide Fulton, avaló el recuento de votos realizado por el mismo TSE ejecutor del fraude». Por su parte, Salvador Nasralla claramente ha afirmado que «nos han robado, la OEA, la UE, los organismos internacionales y la embajada de Estados Unidos nos han engañado y son cómplices del fraude, nos robaron la Presidencia».

En el caso de Guatemala, ante el galopante afianzamiento de la corrupción y la impunidad político-delincuencial, la fiscal general, Thelma Aldana, claramente ha dicho que «sabemos que el crimen organizado en Guatemala es poderoso, que tiene tentáculos que han dirigido campañas de desinformación, amenazas de muerte, han tratado de desestabilizar al Ministerio Público, a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que contra esas estructuras paralelas hay que luchar». En este punto, no podemos afirmar que semejante situación no apunte al TSE de Guatemala. Lo cierto es que la conocida campaña con el lema «no te toca», en el último proceso electoral, estuvo fuertemente vinculada a fuentes de corrupción, impunidad y actividades delictivas en el país.

Con una derecha política altamente desacreditada y desgastada en comparsa a las reaccionarias elites económicas y el crimen organizado, que se agita, patalea y reorganiza, el actual acontecer en Honduras lo han de interpretar como su válvula de escape y reafirmamiento en el poder con el beneplácito imperial y su colonizadora agencia si se deciden a cortar otras cabezas de sus propias entrañas y ceder ante las exigencias de sometimiento imperial.

Al mismo tiempo, dadas las condiciones político-sociales históricas y actuales en Guatemala, con un incipiente despertar cívico-ciudadano en 2015, movilizaciones indígenas y campesinas, clamores convocando a una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional y fuertes oleadas hacia el surgir de un frente amplio político-partidario y popular que evoca el ideario revolucionario de 1944, se vislumbra un dificultoso caminar hacia el inicio de la construcción de una democracia popular participativa en 2020. ¿Habremos de lograr una limpia, incondicional, aceptación internacional ante un transparente triunfo electoral o llegar a la Presidencia bajo las condiciones de acuerdos de elites políticas en lo nacional e internacional a espalda de los Pueblos y la Ciudadanía?

El presente artículo fue escrito en diciembre, mientras los acontecimientos se desarrollaban.

Imagen principal proporcionada por Jacobo Vargas Foronda.

Jacobo Vargas-Foronda

Jurista y sociólogo. Aprendiz de escritor, analista y periodista freelance. Libre pensador y autodefinido como gitano, es decir, ciudadano universal.

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