Los derechos humanos y la Constitución Política

-Walter Guillermo del Cid Ramírez | PUERTAS ABIERTAS

La humanidad ha tenido saltos cualitativos cuyas huellas han marcado notorios avances. Luego de casi mil años de parsimonia, durante toda la Edad Media; se produce en 1492 el hito del encuentro, conquista y saqueo de los europeos hacia los pueblos originarios del ahora llamado continente americano, siendo, en efecto, uno de los registros más importantes para las culturas occidentales. Así, desde el ámbito de la evolución de las sociedades europeas y latinoamericanas, en dicha fecha se «marca» el paso hacia la Edad Moderna con sus acontecimientos culturales de importancia: el Renacimiento, la Revolución Industrial y la Revolución francesa de 1789. De este cruento evento surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí el punto de partida hacia la inspiración que, 159 años más tarde, sería adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su denominación nos entera de la dimensión de su alcance: Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

En los 30 artículos que conforman la DUDH se desarrollan los elementos que se han constituido en la rectoría que busca e incita a las variantes aplicables del derecho, el reconocimiento pleno de la dignidad y el valor intrínseco a cada ser humano, por su condición de ser humano. Por razones de tiempo, me detendré en un análisis de los primeros 15. Así, desde el primer artículo se enuncia que la igualdad de los derechos es aplicable a todos; se agrega que no puede haber distinción por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Los derechos a la vida, la libertad y la seguridad, se consignan en su tercer artículo. Y tales derechos, en nuestro propia Constitución se plasman en el artículo 4.

En el artículo 4 de la DUDH se enuncia que nadie estará sometido a esclavitud, ni a servidumbre ni a trata de esclavos en todas sus formas. Se le ha provisto un necesario énfasis a la promoción y sistematización de acciones conjuntas coadyuven a erradicar las figuras relacionadas con la trata de personas, entendida como una manera de favorecer la esclavitud en pleno siglo XXI, en ese esfuerzo se encaminan proyectos multinacionales. A continuación, se resaltan los derechos a que nadie podrá ser sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

En el siguiente artículo, se declara que nadie será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Una primera declaración derivada se produjo en diciembre de 1975. Nueve años más tarde se adoptaría la Convención alusiva al tema. Para nuestro país, ha significado la aprobación de la ley que crea la oficina para que cesen dichas prácticas contenida en el Decreto 40-2010. Su efectivo o nulo desempeño, no es objeto de análisis.

En los artículos del 7 al 10 se enuncian un conjunto de derechos relativos a garantizar el acceso a tribunales, la aplicación de la justicia y el debido proceso en todas las fases procesales. De nuevo es oportuno ver hacia nuestro entorno nacional. Aquí el derecho de igualdad ante la ley y el acceso a la justicia, así como el efectivo acceso a los tribunales (tantas veces conculcados para el más numeroso conglomerado de nuestra población), ha sido una negación a lo largo de nuestra historia. Se busca revertir tales acciones y ante ello, las resistencias son obvias y diversas.

Y en la manipulación de la verdad o el impulso de falsedades con fundamentos parciales de bases certeras, se ha producido un denodado interés por sectarizar la persecución penal y para ello, se hace de menos el contenido de los artículos 9 y 11. En el primero se establece el derecho a que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, el otro, relativo al derecho que se presuma la inocencia de toda persona mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Ambos preceptos han sido históricamente negados.

En nuestra Constitución Política, antropocéntrica por excelencia, se consignan con la misma fuerza y contundencia, ver artículos 6, detención legal, (aquí es necesario resaltar que este precepto constitucional fue concebido para evitar las terribles prácticas del pasado, cuando bajo el pretexto de defender los intereses del Estado -de todos los que le conformamos- se produjeron detenciones ilegales); el artículo 7, notificación de la causa de detención; el 8, derechos del detenido; 9, interrogatorio a detenidos o presos.

En la DUDH, en el artículo 12, se enuncia el derecho a que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Aspecto que le encontramos congruencia en el precepto constitucional contenido en los artículos 23 y 24.

En el artículo 13, se establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Así como que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Y aquí su congruencia con los enunciados constitucionales de forma específica con el artículo 26. Una homologación se produce entre los artículos 14 de la Declaración Universal y el 27 constitucional.

Y la totalidad de los avances en materia de derechos humanos quedan integrados, son parte de la Constitución Política de la República, tal y como fue concebida por el constituyente en el artículo 46, que textualmente dicta: «Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno» y esto, jamás, puede ni debe ser entendido como una pérdida de soberanía, por el contrario, afianza la concepción primigenia de nuestra Constitución, pues evidentemente, la evolución en esta materia fortalece en todos los órdenes el régimen de legalidad de Guatemala.

Algunos estudiosos como José Rubio-Carracedo, catedrático de Ética y Filosofía Política del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, admiten [1] que los derechos humanos es la aportación más valiosa de occidente a la humanidad. Otros liberales como Leopoldo Escobar y José Antonio Romero [2] coinciden en señalar que su aplicabilidad se obstruye ante aquellos Estados no democráticos, por lo que restan su «universalidad». Objetan, de igual manera, al afirmar que estos son parte de una agenda a cargo de muchos activistas que «desnaturalizan» los propósitos originales de los derechos humanos. Llegando al punto de proveerle a los entes jurídicos por sí mismos de voluntad propia, rompiendo con ello las nociones primigenias del derecho. Así, este tipo de cuestionamientos se ha visto «nutrido» por pensadores cuyo radicalismo propende a destacar que los derechos humanos son producto del liberalismo más puro. Ahí su interés por proveerle una connotación ideológica fincada en toda forma de izquierda.

Las razones de apropiación de la creación o génesis de los derechos humanos, así como estimular su continua «descalificación», tienen su basamento en la necesidad de perpetuar las desigualdades, hacer prevalecer las condiciones de explotación de las que son víctimas grandes conglomerados de la humanidad en todo el planeta y acentuar la desinformación al punto de provocar una creciente confusión. Lo anterior, por mencionar tan solo tres aspectos, a mi juicio, relevantes, pero no son los únicos.

Esas pretensiones, en estos momentos y de manera circunstancial, se sustentan en regímenes absolutistas que niegan el ejercicio de los derechos y libertades como una práctica impulsada a fuerza de mentiras en contumacia. Se pueden reflejar esas posturas en actos como la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sin embargo, puede afirmarse sin ambages y a la luz de la historia reciente, que su impacto es relativo en extremo; ahondar en ello puede ser objeto de una reflexión futura.

La lucha por el afianzamiento de la credibilidad en la preeminencia y plena vigencia de los derechos humanos es permanente. Es constante. Es imperiosa. El retroceso, es volver a la negación de la justicia, la obstrucción del derecho y a la universalización de las inequidades que nos tienen sumidos en los deplorables índices que reflejan la afectación de tantos conglomerados de guatemaltecos entre indígenas y campesinos. Por ello y más, no hay que caer en la trampa de su descalificación.

[1] José Rubio-Carraceo. Derechos humanos o derechos liberales.
[2] Leopoldo Escobar y José Antonio Romero. La visión liberal de los derechos humanos.

Walter Guillermo del Cid Ramírez

Actualmente asesor del procurador de los Derechos Humanos. Asesor-enlace entre los ministerios de Gobernación y de Agricultura, Ganadería y Alimentación con el Congreso de la República. Fue secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades. Jefe de Información del vespertino La Hora, en 2005. Enlace civil en la formulación del Libro Blanco de la Defensa de Guatemala. Asesor legislativo en el Congreso de la República de 1990 a 2000. Secretario general del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en 2001.

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