Rafael Cuevas Molina | Política y sociedad / AL PIE DEL CAÑÓN

En toda América Latina, las universidades públicas se encuentran bajo asedio. Se les cuestiona la pertinencia de sus graduados, se les acusa de dispendiosas, se considera que sus docentes son asalariados privilegiados y que son nido de subversivos.

No hay parlamento latinoamericano que no cuestione su presupuesto y, donde pueden, lo reducen. A veces, como pasó recientemente en Costa Rica, sin ruborizarse siquiera, las ponen a pagar impuestos, mientras se los quitan a las universidades privadas.

Considerándolas una carga para el erario público, las regañan porque no crean sus propias rentas. Teniendo tanto zángano dependiendo de su presupuesto, ¿por qué no vender servicios, cobrar la matrícula, acceder a fondos de fundaciones ansiosas de encontrar el resquicio adecuado para utilizar profesionales baratos?

Es una ofensiva que se desencadenó desde los años 80, pero que con el avance de los gobiernos conservadores de derecha, se ha agudizado. Como pica en Flandes, dentro de la universidad no falta quienes se apropian de este discurso y toman medidas para llevarlo a la práctica. Una de las más extendidas es el de la precarización del trabajo: cada vez hay más personal (docente y administrativo) que es contratado siguiendo el patrón de las maquilas. Se les contrata por tiempos definidos, ganan salarios de «a destajo», tienen menos derechos que los titulares y ven limitadas las posibilidades de ascenso en el escalafón universitario. Los ahorros logrados de esta forma son ingentes.

Otra estrategia es que algunas áreas empiezan a funcionar bajo la lógica de la empresa privada. Los estudios de posgrado, por ejemplo, deben pagarse, y los programas que los sustentan deben financiarse sus gastos: pago de personal administrativo, publicaciones, equipo tecnológico para impartir lecciones y docentes.

La privatización llega a otras áreas. Por ejemplo, los servicios de limpieza y seguridad se contratan a empresas privadas. En la jerga administrativo corporativa se dice, eufemísticamente, que se tercerizan.

Eso está pasando con Los Arcos. Dice la administración actual de la USAC que el delegar la administración del emblemático club universitario es pasajero y sirve para descargar obligaciones financieras a la universidad. Los sancarlistas pueden estar seguros de que, en primer lugar, no será pasajero, han hecho un contrato de corto plazo (un año) para lanzar un globo de prueba y medir la reacción de los universitarios. Si no responden, lo dejarán. En segundo lugar, los usuarios verán cómo se restringen sus derechos en la medida en que la lógica de club privado prevalezca.

Guardo recuerdos hermosos de Los Arcos. Mi papá, Rafael Cuevas del Cid, fue vocal de su Junta Directiva siendo muy joven, a mediados de los 50 del siglo pasado, y en un campeonato de ping-pong ganó un pequeño trofeo, que le acreditaba el tercer lugar, que estuvo siempre en algún lugar visible de la casa. Salgo con una calzoneta con un payaso estampado a la edad de 2 o 3 años en una foto en la que es evidente que el agua de la piscina era helada. Desde esa misma piscina vi cómo poco a poco empezaban a surgir los primero edificios de varios pisos en la Avenida de Las Américas, e iban dejando al club como una pequeña mancha verde en medio de los bloques de cemento.

Ahora, la administración actual se saca este as bajo la manga. ¡No se dejen, sancarlistas!

Rafael Cuevas Molina

Profesor-investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Escritor y pintor.

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