Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL
«La corrupción no tiene signo ideológico. Corruptos hay tanto en la izquierda como en la derecha». Estoy segurísimo que estas frases se le han hecho muy familiares, después de que medio mundo las repite. Es uno de esos cómodos axiomas que ayudan a aparentar que uno conoce mucho acerca del tema.
Pues no señor. El hecho de que se haya convertido en una verdad aparentemente irrefutable, solamente constituye un lamentable accidente de manipulación conceptual. El caso del expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva es una muestra fehaciente de persecución ideológica disfrazada de lucha anticorrupción. O politización de la justicia, si lo prefiere.
He seguido con mucha atención este proceso y no son pocos los juristas brasileños y de otros países que confirman la alarmante consumación de un linchamiento político en contra del exmandatario. Sin embargo, se trata de un proceso que en realidad empezó años atrás, cuando se armó un juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff, a quien se despojó ilegalmente de la Presidencia en 2016.
Poco después, Lula fue acusado de haberse beneficiado de un esquema criminal de la constructora OAS -exsocia de la tristemente célebre Odebrecht- con Petrobras, al recibir parte de la propina pagada por la constructora al Partido de los Trabajadores (PT) y de la cual Lula se habría beneficiado con 3.7 millones de reales (1 117 215.00 dólares) que se habrían usado en la remodelación de un apartamento.
Esta acusación ha sido calificada como una «fantástica farsa jurídica» porque dicho departamento nunca fue de Lula, lo cual se demostró al ser subastado por la empresa que realmente es la propietaria del inmueble y lo recaudado fue a parar a la empresa propietaria del inmueble. De nuevo: un proceso absurdo, sin pruebas, con una condena con base en las «convicciones» de quienes lo acusan como enemigo político.
En julio de 2017 el exgobernante brasileño fue sentenciado por el juez Sergio Moro a nueve años y medio de prisión, señalado de corrupción y lavado de dinero. En enero de este año, el Tribunal Regional Federal de la 4ta. Región (TRF-4), en Porto Alegre, ratificó la sentencia y la aumentó a 12 años y un mes de cárcel. Empero, Lula presentó un recurso de habeas corpus para que se evaluara la legalidad de su arresto, pero este fue denegado el jueves pasado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, por apenas un voto (6 contra 5).
Todo lo ocurrido durante el proceso confirma que el caso Lula se inscribe dentro de una estrategia de lawfare (guerra jurídica), término que se refiere al «Uso de la ley para lograr la subordinación, la conquista o el control por medios jurídicos, de grupos o personas a quienes interesa desalojar de la escena pública» (Charles J. Dunlap Jr., Duke University School of Law, 2001).
Sin embargo, esta guerra jurídica nunca puede lograr su objetivo avasallador si no va acompañada de otra gran aliada: «la guerra mediática». Más específicamente, el aparato superestructural de los medios de comunicación desarrollando el rol de propagandistas y construir una enorme presión pública en contra del objetivo.
¿Cómo actuaron estos instrumentos en el caso de Lula?
En lo jurídico. De acuerdo a los abogados Valeska Teixeira Zanin Martins y Cristiano Zanin Martis, defensores de Lula, en el juicio no se pudo demostrar la existencia de pruebas materiales contra el expresidente, tanto así que en la sentencia el juez Moro no pudo señalar cuál sería el acto de «corrupción pasiva» para favorecer a la constructora OAS y, en el colmo de los colmos, solo hace referencia a ignotos «actos indeterminados» (¿?).
«La investigación nunca logró probar que el expresidente tuviera una sola cuenta bancaria o una propiedad indebida». Y de manera igualmente categórica, el abogado italiano Luigi Ferrajoli declaró al New York Times que: «El proceso contra Lula se caracteriza por su impresionante ausencia de imparcialidad puesto que durante el proceso, los fiscales y jueces han actuado de forma parcial, sin apego a la legalidad y violando las garantías del expresidente brasileño».
En lo mediático. De manera increíblemente descarada, el juicio se libró en los medios, al permitir que fiscales y jueces emitieran opiniones que condenaban al dirigente brasileño desde antes de llegar al banquillo. Así posicionaron una agenda prefabricada, que llegó a niveles vergonzosos de publicar noticias falsas y crear una línea de opinión condenatoria del exmandatario.
En las vísperas de resolverse el habeas corpus, los medios incrementaron sus mecanismos de presión, anunciaron movilizaciones de «miles de personas» en contra de Lula cuando en realidad se trataba de un par de docenas. Incluso, se publicaron editoriales en los cuales se exigía el encarcelamiento, sí o sí, de Lula da Silva.
Curiosamente, este caso tuvo un invitado inesperado: el pronunciamiento político de oficiales de las Fuerzas Armadas en demanda del encarcelamiento de Lula, ejerciendo presión descarada sobre el Tribunal y enviando un pésimo precedente al resto de ejércitos de Latinoamérica que desde hace tres décadas se habían abstenido de participar directamente en política.
Con estos elementos, nadie -a menos que sea un cretino o un mentecato- puede negar la existencia de una guerra ideológica en contra del expresidente de Brasil. Las razones son obvias: Lula se perfilaba como el seguro ganador de las elecciones presidenciales de octubre próximo, lo cual significa una seria amenaza para el proceso de rearticulación del poder conservador en la región.
O más específicamente: después de retirar a Rousseff y retomar el control político, a la derecha brasileña le es urgente no soltar el poder. El asunto es clarísimo: Lula sacó a 28 millones de brasileños de la pobreza, y eso, en países sojuzgados por la derecha, constituye pecado mortal.
Fotografía principal tomada de Telesur.
Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.
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