Bienvenido Argueta Hernández | Política y sociedad / DANZA CÓSMICA

La amnistía para quienes han cometido el delito de financiamiento electoral ilícito crearía una doble ciudadanía que pondría en tela de juicio el ya debilitado régimen de derecho. Por un lado, existirían ciudadanos que se adjudicarían el falso derecho a comprar las voluntades de quienes representan el poder público, utilizando para ello pagos que no representarían casi nada en relación a los beneficios y privilegios a obtener. Por otro lado, surgiría el ciudadano cuyas acciones u omisiones contrarias a la ley en otros campos ajenos al de la política electoral tendrían mayores consecuencias penales en comparación con el delito de financiamiento electoral ilícito, pero por no poseer suficientes recursos económicos ni relaciones de influencias se vería sometido a penas mucho mayores. En otras palabras, se rompería el principio básico de igualdad frente a la ley y la proporcionalidad de las penas en términos de la gravedad de los delitos y sus efectos para los otros miembros de la sociedad. Las acciones delictivas se disolverían para aquellos que tienen la capacidad de pago.

El problema de la regulatoria del financiamiento electoral ilícito debería perfilarse en función de un horizonte temporal más amplio, sin limitarse a una perspectiva estrecha y peligrosamente interesada con el fin de resolver la situación de políticos, empresarios y crimen organizado en las últimas elecciones. Lo que está en juego es la perspectiva futura del país y las posibilidades reales de construcción de una auténtica democracia capaz de articular un estado de derecho. No se vale que para salvaguardar a quienes se desempeñaron como secretarios generales de los partidos políticos y los financistas de las familias más adineradas del país se eche a la basura las aspiraciones de los millones de guatemaltecos y se ignoren las consecuencias que se han tenido que pagar desde hace mucho tiempo.

El mensaje que dan los diputados del Congreso de la República al modificar el artículo 407 N del Código Penal marcará en gran medida el rumbo que tendrá una de las líneas fundamentales de la lucha contra la corrupción y la impunidad, sino la más importante. De hecho, el Ministerio Público presentó una propuesta que ya contempla una perspectiva bastante benigna por las implicaciones a la propia naturaleza y legitimidad del pacto social y legal contenido en la Constitución Política de la República, el cual se pretende disminuir e incluso reducir con medidas sustitutivas. El significado de estas leyes sería una invitación para los mismos grupos a continuar con las prácticas del financiamiento electoral ilícito, pues las penas no presentan una sanción que sea efectivamente disuasiva. Por el contrario, lo que se establecen son nuevos valores económicos al voto ciudadano, su manipulación y al engaño sin reparo alguno.

Como cuestión increíble, estamos a punto de presenciar que luego de que la lucha contra la impunidad estaba preparada para darle una estocada significativa a los grupos que tradicionalmente han cooptado el Estado, serán ellos, a través de la vía formal, quienes van a perpetuar, ante nuestra inacción, un régimen donde las leyes permitan delinquir y, peor aún, generar condiciones que vulneren y opriman los derechos de la sociedad en general.

Bienvenido Argueta Hernández

Aprendiz permanente de los relatos encantadores de las gentes y explorador de las historias que nos muestran mundos diferentes entretejidos entre poesía, cuentos y pinturas. Me gusta jugar, subir volcanes y cruzar arroyos, recorrer laberintos y ser capaz de observar estrellas, paisajes y sonrisas. Escucho jazz o rap y en los intermedios hago investigación social y escribo sobre filosofía y educación.

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