-Jorge Sierra / PALO DE MÚSICA–

Algunos se atreven a afirmar que en Guatemala ya existe una industria de la música. Y no es cierto. En Guatemala se está construyendo una industria, que es diferente. Apenas es una hojita verde. Hay varios ejemplos que lo prueban: la música nacional no suena en la radio; no existe infraestructura suficiente en los departamentos para realizar una gira de conciertos; no existen suficientes venues en la ciudad, no se diga en los departamentos; de hecho no hay productores de conciertos en los departamentos; no hay un estudio de grabación que se precie de profesional y completo (empezando porque ninguno tiene piano real); hay escasos sellos locales independientes, y un largo etcétera. Empiezan, sí, a levantarse bases pero en realidad falta aún mucho camino por recorrer.

Ante este panorama y ese repunte de música nacional, donde ya casi se graban alrededor de doscientos discos y se presentan más de cincuenta videoclips al año, conviene también pensar en elementos que afectan a la escena nacional de la música, de los que se hablan a sotto voce pero que igual en la superficie rápido se silencian y de los que todos los involucrados en la música, tarde o temprano, hemos sido víctimas. Me refiero a profesionales y otros no tan profesionales sin escrúpulos que no dudan en llevar a cabo prácticas poco éticas con objetivo de lucrar o sacar ventaja sin responder a las obligaciones contraídas en un convenio sea escrito o hablado. Sí, en Guatemala, en la música todavía no hay amparo en contratos reales y jurídicos.

En los atropellos y abusos a los que me refiero están esos grupos/solistas que terminan antes de tiempo su compromiso, que incumplen normas laborales. Pero también está esa otra parte: productores de conciertos que no pagan lo convenido a tiempo o no facilitan la labor artística, concursos de cantantes o de bandas con sistemas de funcionamiento poco éticos, empresas que acuerdan patrocinios y resulta que no aportan ni la mitad de lo pactado o lugares o venues donde tratan al músico como un bicho de la peor especie. Hay más etcéteras en esto, desde el cumplimiento de un horario y puntualidad, hasta presentarse ebrio a trabajar.

Hay casos de casos, como ese lugar en la zona 10 que contrató a una banda y cuando tocaba, a medio set, al dueño no le pareció la música y le pidió a sus empleados que desalojaran a los músicos, llevando sus instrumentos a la calle. O ese concierto programado este año en la Gran Sala del Teatro Nacional que fue cancelado porque una de las integrantes se negó a presentarse. Ya se habían vendido boletos. También está ese productor que a cinco minutos de iniciar el concierto le avisa a la banda que ya no les pagará lo convenido, que si desean pueden tocar o no.

No es de extrañar que esas ilegalidades y atropellos ocurran. Y como en todo: empresas de cable, de agua potable o gasolineras, roban, mienten, engañan y estafan hasta sistemáticamente. Una cosa es que no nos demos cuenta, otra que lo dejemos pasar y otra querer evitarse problemas. Pero que lo hay, lo hay. Lo mismo ocurre en el ambiente de la música.

Cabe entonces preguntarse ¿convendría crearse una lista negra de bandas, empresas y venues que incumplen mínimas normas de ética? ¿Contribuiría esa lista a construir una industria sólida y confiable? ¿Permitiría regenerar una escena que hace esfuerzos por erigirse con confianza? ¿Abogaría la misma escena por identificar a esos profesionales o no tan profesionales para, como mínimo, estar prevenidos?

En mi opinión, podría funcionar una especie de Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, conocida como Diaco, que es una defensoría del consumidor y usuario, regida por el Ministerio de Economía. En la rama de la música bien podría gestarse desde la Sociedad de Artistas de la Música y Obras Audiovisuales, conocida como Musicartes, por ejemplo, una sociedad de gestión colectiva que tramite y recaude por los derechos patrimoniales de los artistas, intérpretes o ejecutantes de música, donde se podría presentar la queja y desde donde podría salir una llamada de atención. Es apenas una idea y no estoy seguro que Musicartes tenga la potestad de hacerlo.

Y siguiendo ese papel de abogado del diablo que hago acá, al contar con una Diaco para la música se podrían incluso crear procesos de gestión de calidad, se abrirían libros de quejas, se brindarían capacitaciones legales, incluso, y se buscaría consolidar una escena (en aras de convertirse en una sana industria) más confiable y segura. Hago acá una reflexión y dejo abierta la puerta para opiniones.

Ilustración por Pablo López Learte, tomada de El confidencial.

Jorge Sierra

Dedicado en los últimos 13 años al periodismo musical. Desde hace 40 años produce programas musicales de radio. Ha escrito para revista Crónica y en los periódicos Siglo21 y elPeriódico. Participó en el tomo V, de Guatemala: historia reciente (FLACSO) y en el Manual del músico independiente. Ha rebasado los cincuenta, pero no hay novedad musical en cualquier parte del planeta que se le escape.

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