-Ruth del Valle Cóbar / HILANDO Y TEJIENDO: MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS–

El 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer, recibimos la terrible noticia de que se había producido un incendio en el hogar de protección, conocido como Hogar Seguro Virgen de la Asunción: un megahogar donde se albergaba la niñez y adolescencia en riesgo para que el Estado la protegiera de la violencia de la que era víctima, en sus casas, familias, entornos sociales, etcétera. De ese hecho fatídico resultaron fallecidas 41 niñas y adolescentes, y otras 15 sobrevivieron con daño físico y marcas en el cuerpo y el alma.

La noche anterior, un grupo de niños y niñas había salido del lugar, lo cual fue realizado con la complicidad (más pareciera que intencionalmente) de monitores y monitoras, personas que debían cuidarles y protegerles. En cuanto el grupo salió de las instalaciones del hogar, los monitores llamaron a la policía quien, con lujo de fuerza, fue a «capturar a quienes se habían fugado». Hay que recordar que los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran en los hogares de protección del Estado han llegado ahí porque son víctimas de violencias cometidas por las personas que están cercanas a ellos, para que se les proteja y asegure una vida libre de violencia. Si bien es cierto llegan para que el Estado los proteja, y generalmente media orden de juez, estos NNA no están «detenidos» como para que tengan que «escaparse» o ser «capturados o recapturados». En el lenguaje correcto, esta acción se llama «evasión de proceso». Como castigo a haberse «escapado», fueron encerradas 56 niñas en un cuarto, separadas de los niños, después de haber pasado la noche sentadas en el suelo afuera del hogar esperando que una jueza que no quiso hacer su trabajo llegara a practicar una exhibición personal y autorizara el reingreso de los niños, niñas y adolescentes.

El resultado de esta nueva forma de maltrato contra las niñas ya es ampliamente conocido: a las niñas se les encierra bajo candado en un espacio donde están hacinadas, se produce un incendio y las autoridades se niegan a abrir el lugar, lo que llevó a que varias de ellas fallecieran en el mismo lugar y otras después.

Lo que sucedió el 7 de marzo era la culminación de una serie de hechos que habían ido orillando a los NNA a la desesperación. La niñez guatemalteca sufre a manos de las personas adultas; la Procuraduría de Derechos Humanos había verificado 725 denuncias durante 2013, de las cuales 375 fueron por maltrato infantil; dando seguimiento al trabajo de la Procuraduría General de la Nación para que otro miembro de la familia se hiciera cargo de los niños/as y se les brindara apoyo psicológico.

Como parte de sus funciones, la PDH supervisa los hogares para que estén registrados ante el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), pero en 2013 también identificó que solo el 29 % estaba legalmente autorizado; la mayoría de hogares son privados, habiendo solo siete estatales. También identificó que la mayoría de ellos no tenían especialidad en la atención de perfiles específicos de niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad o sujetos a procedimientos administrativos y judiciales. Asimismo, que los y las jueces de niñez y adolescencia envían a los niños y niñas en situación de riesgo a estos hogares, sin buscar alternativas familiares. De acuerdo con las personas especialistas en la atención de la niñez, lo idóneo es que los NNA permanezcan con familias y no en instituciones donde pierden ese vínculo.

Pero otra cuestión que tenía cansados a los NNA eran el hacinamiento y las malas condiciones de infraestructura de los hogares, con deficientes condiciones sanitarias, mala alimentación, mezcla de NNA con distintos problemas (perfiles) y sin una atención especializada.

Ese mismo año una adolescente con capacidades especiales fue agredida sexualmente por cinco adolescentes que también se encontraban albergadas; aunque las autoridades le proporcionaron atención psicológica y las separaron, meses después se supo que la misma adolescente había reingresado al hogar por nueva orden de juez; en el seguimiento se identificó que la chica tenía una seria afectación emocional. Además, hubo un incendio en el área donde estaban albergadas las niñas-madre y otro grupo de adolescentes había evadido proceso, siendo detenidas la mayoría por la PNC.

Las adolescentes también se quejaban de los castigos que les aplicaban cuando «se portaban mal» o protestaban, con una visión criminalizadora y totalmente violatoria de sus derechos.

Nuevamente un hecho fatal en 2013 llamó la atención: una adolescente de 14 años fue estrangulada la noche del 17 de octubre por dos de sus compañeras, cuando las autoridades las habían encerrado en un baño para que «reflexionaran», porque estaban haciendo relajo y quebrando vidrios. Cabe mencionar que el perfil de las tres era totalmente distinto y nunca debieron estar juntas.

Por otro lado, la PDH había denunciado posible trata de personas en dicho hogar, por los relatos de las adolescentes, lo que parecía realizarse con complicidad del personal del hogar.

Asimismo, había recomendado al Organismo Judicial la revisión de la política de los jueces de niñez y adolescencia que privilegian institucionalizar a los NNA en lugar de buscar formas de permanencia en el seno de la familia, búsqueda que le corresponde a la PGN.

Un serio problema en Guatemala es que el Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia no es tal, no solo porque la política pública venció y no ha sido actualizada, sino porque no hay verdaderos planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo que garanticen, protejan y restituyan los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia. Por ello viven en constante peligro sus derechos a la vida, la seguridad, la integridad, el desarrollo integral, derecho a la familia, su indemnidad sexual.

La institucionalidad del Estado no ha puesto su mejor esfuerzo en la niñez guatemalteca, por lo que hay que llamar la atención del Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Secretaría contra la Violencia, Explotación Sexual y Trata de Personas, el Sistema de Alerta Alba-Keneth y la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Bienestar Social, el Consejo Nacional de Adopciones, pero fundamentalmente la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia, que es quien debe impulsar la elaboración y aprobación de políticas públicas de protección de la niñez en el país.

La niñez guatemalteca está abandonada a su suerte; de nada sirven las declaraciones de buenas intenciones ni todo el dinero que la cooperación internacional ha invertido en el impulso de políticas que no se cumplen.

Este 8 de marzo será un Día Internacional de la Mujer en el que recordemos a 56 niñas víctimas de la indolencia del Estado y de la acción criminal de algunos funcionarios y funcionarias. El 13 de marzo, Día de la no Violencia contra la Niñez, recordaremos también a estas niñas que fueron víctimas de la violencia hace un año, como en 1990 lo fueron Nahamán Carmona y otros «niños de la calle» que fueron torturados y asesinados por agentes de la policía nacional guatemalteca.

Basta ya de violencia contra nuestros cuerpos. Ni un golpe más. Ni una muerta más.

Ruth del Valle Cóbar

Feminista, defensora de derechos humanos, investigadora social, constructora de mundos nuevos. Ha pasado por las aulas universitarias en Ciencia Política, Administración Pública, Psicología Social, Ciencias Sociales. Transitado del activismo social al político, incluyendo movimientos sociales, organizaciones sociales, entidades gubernamentales y del estado.

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