Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

Los cambios en la cúpula del Ministerio de Gobernación a finales del pasado mes de enero trajeron consecuencias que ya en ese momento se intuyen. Más allá de las razones por las que renunciaran el exministro Francisco Rivas y la plana mayor que en ese entonces dirigía la cartera, que gozaban del apoyo de la embajada estadounidense, esa circunstancia fue aprovechada por el grupo de empresarios-políticos-funcionarios-mafias conocido popularmente como el Pacto de Corruptos para retomar el control de una institución que ha sido clave en muchos aspectos: negocios sucios, tumbe de drogas y dinero del narco, apoyo al narcotráfico y otras actividades delictivas. Fue una maniobra de múltiples efectos.

El actual ministro Enrique Degenhart llegó al cargo porque así lo quiso el entonces alcalde de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, quien no solo fue el articulador del Pacto de Corruptos, sino, hasta su muerte, el principal cabecilla de la oposición y los ataques a la Cicig. Por ello, los patrones empresarios-políticos-funcionarios-mafias del mencionado Pacto le encomendaron, como una de sus principales misiones, obstaculizar el trabajo de la Comisión y reducir sensiblemente su seguridad, mientras en el frente político-diplomático continúa la ofensiva por que se revisen y disminuyan sus atribuciones o, por lo menos, se sustituya al comisionado.

Esto es lo que explica por qué el ministro, desde sus primeros días al frente de la cartera, empezó a trabajar para retirar a un considerable número de agentes de la PNC que se encargaban de tareas investigativas en los casos que persiguen el MP y la Cicig, así como de brindar seguridad a la Comisión. Lo intentó en marzo, primero, dando las instrucciones de reasignación de 11 agentes; posteriormente, a principios de julio ordenó que se redujera de 45 a 25 el número de agentes asignados a esa instancia, medida que fue criticada por distintos “sectores” de la opinión pública, por el MP en tiempos de la exfiscala general Thelma Aldana e, incluso, por la actual encargada de esta institución, Consuelo Porras.

Lo más revelador del papel encomendado a Degenhart es haber ordenado, una semana después de asumir el cargo, que toda información relativa a operativos que se fueran a ejecutar conjuntamente con el MP y la Cicig, se trasladara al Viceministerio de Seguridad, ya en manos de su equipo de confianza. Esta artimaña permitió, a mediados de abril, la filtración de información que evitó la captura de tres personas vinculadas al caso de corrupción que involucra a exfuncionarios del IGGS y que se conoce en el Tribunal Undécimo de Sentencia.

Además, con el propósito de obtener información sobre casos que investigan el MP y la Cicig, personal del Ministerio de Gobernación, por órdenes de Degenhart, retuvo y sometió de manera ilegal a interrogatorio a tres agentes de la PNC que participaban en investigaciones que realizaba la Comisión. Pese a que el ministro negó en reiteradas ocasiones que estuvieran retenidos, de los agentes no se supo su paradero por varios días, por lo que la oficina del PDH promovió una serie de acciones para garantizar su integridad e, incluso, presentó recursos de exhibición personal.

La segunda misión de Degenhart ha sido posicionar nuevamente a viejas estructuras criminales que han operado desde el Ministerio y la PNC. Lo primero fue destituir a toda la cúpula de la PNC y nombrar en su lugar a conocidos ex policías y cargos policiales que habían sido sustituidos por su participación en actividades ilegales, tales como el tumbe de drogas y dinero del narco, allanamientos ilegales con ese propósito, protección al narco, entre otras. De la mano del actual ministro regresaron al Mingob integrantes de la estructura criminal La Charola que ha funcionado dentro del cuerpo policial desde hace varios años, dedicada principalmente al tumbe de drogas.

En poco tiempo, Degenhart ha destruido lo poco que se había avanzado en materia de reforma policial en la última década. Una institución que ha sido seriamente cuestionada en su corto tiempo de existencia, alrededor de dos décadas, por múltiples razones; entre estas la existencia de estructuras criminales como la mencionada La Charola y otras que han estado dedicadas a «limpieza social», que han formado parte de estructuras más amplias dirigidas desde los más altos cargos del ministerio. Solo es de recordar las ejecuciones extrajudiciales realizadas en el marco de la operación Pavo Real montada desde la cúpula del Mingob, la PNC y el Sistema Penitenciario el 25 de septiembre de 2006, durante la cual fueron asesinados siete reos del Comité de Orden y Disciplina que controlaban la Granja Penal Pavón; asimismo, el Plan Gavilán, para la recaptura de reos fugados de la cárcel El Infiernito, Escuintla, durante la que fueron ejecutados extrajudicialmente tres reos.

La tercera función de Degenhart (que no la última) está orientada a incrementar la persecución, intimidación y represión contra líderes comunitarios dedicados a la defensa del territorio y otros líderes sociales. En algunas de las últimas manifestaciones se ha identificado a agentes de la PNC vestidos de civil fotografiando a quienes participan. La represión sufrida en los últimos meses por miembros de Codeca, CCDA, UVOC y CUC no es gratuita. Solo entre mayo y junio alrededor de ocho dirigentes comunitarios fueron asesinados. Recientemente se reprimió violentamente a pobladores de varias comunidades que manifestaban contra la suspensión del servicio de energía eléctrica.

En estas acciones se nota una clara participación de «agentes» del Estado y grupos armados privados que pertenecen a empresas propietarias de proyectos contra los que se dirige la protesta social y la resistencia por los daños socioambientales que provocan. Hay un reavivamiento de cuerpos armados al estilo de los viejos escuadrones de la muerte que cometen estos crímenes de los cuales el Mingob es responsable por acción o por omisión.

En síntesis, el ministro Degenhart es uno de los operadores de los empresarios-políticos-funcionarios-mafias aglutinados en el Pacto de Corruptos que, hasta ahora, ha seguido diligentemente las órdenes de sus patrones. Veremos hasta dónde llega.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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