-Ricardo Sáenz de Tejada | PUERTAS ABIERTAS–
Los primeros meses del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) fueron el escenario de una profundización del conflicto social en el que los actores políticos no solo innovaron su acción política, sino que modificaron la interpretación de los acontecimientos, lo que se tradujo en un cambio en el proceso político.
Aunque el acontecimiento que desencadenó el levantamiento popular en la zona metropolitana de Guatemala en octubre de 1978 fue el aumento al precio del transporte urbano en la ciudad, acordado en septiembre de ese año, en estas protestas se condensó el estado de ánimo favorable a la movilización política y social que se venía generando desde 1973. Este estado de ánimo se sostenía en un sentimiento de inconformidad real con las condiciones económicas y sociales, particularmente con lo relacionado a la inflación; y enfrentaba un Gobierno que era percibido como débil en términos de legitimidad y apoyo social en el marco general del agotamiento de un régimen político.
En octubre de 1978 estaba latente el clima de protesta social asociado a la huelga de los trabajadores del Estado de marzo de ese año, la irrupción del CUC como actor social en la manifestación del 1 de mayo, las protestas contra la matanza de Panzós a finales de mayo, las protestas contra el asesinato del asesor sindical Mario Mujía Córdova y el apoyo al FSLN en agosto, las protestas contra el despido y la captura de los trabajadores de la fábrica AGRITEX, y el conflicto suscitado en la fábrica Duralita que se solucionó con la toma de la embajada de Suiza.
Desde el inicio del ciclo de protesta en 1973, los movimientos sociales habían logrado recuperar las calles como espacio de lucha y mecanismo de presión al Gobierno que en una buena parte de casos resultó útil para la resolución de conflictos. La única represión abierta y violenta contra una manifestación se dio el 1 de mayo de 1974, cuando el gobierno interpretó esta protesta como una muestra de apoyo al Frente Nacional de Oposición. En adelante, aunque se mantuvo el asesinato de dirigentes y activistas, la acción policial abierta fue limitada.
Sin embargo, con el traspaso de gobierno la situación cambió. En la manifestación del 4 de agosto de 1978, el director de la Policía Nacional ordenó disolver por la fuerza la manifestación en protesta por el asesinato del asesor sindical Mario Mujía. Las calles del centro de la ciudad de Guatemala se convirtieron en un campo de batalla [2]. La AEU solicitó la renuncia de Chupina de la dirección de la Policía Nacional y lo acusó de genocida y criminal de guerra. Este amenazó a los participantes en las protestas.
A pesar de la represión, la respuesta de las organizaciones sociales a la violencia gubernamental fue relativamente moderada. Para la manifestación convocada para el 13 de septiembre por el CNUS, los dirigentes de esta entidad optaron primero por dar un aviso formal sobre la realización de la misma y, posteriormente, solicitaron su autorización. Las autoridades de gobernación aprobaron esta demostración en la que «más de diez mil personas, entre estudiantes, pobladores, obreros y algunos campesinos expresaron el miércoles su desacuerdo con el aumento del pasaje en el transporte urbano y numerosas personas aludieron a la lucha antisomocista que se libra en Nicaragua. Cientos de volantes fueron distribuidos entre manifestantes y observadores llamando a la solidaridad con el frente sandinista» (Inforpress, 14 de septiembre de 1978, p. 14).
Al día siguiente de esta manifestación y sin que mediara la convocatoria pública de alguna organización social, decenas de personas realizaron una protesta espontánea en los actos previos a la conmemoración del 15 de septiembre. Ese día, en zonas periféricas de la ciudad de Guatemala se realizaron desfiles de protesta locales (Ídem, p. 16).
El 29 de septiembre, trabajadores de la fábrica Duralita tomaron pacíficamente la embajada de Suiza para exigir la solución al conflicto laboral en dicha empresa, particularmente el cierre de una de las plantas de producción y el despido de decenas de trabajadores. El embajador suizo promovió reuniones con el Ministerio de Trabajo y con los dueños de dicha fábrica para lograr una salida al conflicto. Las partes lograron un acuerdo 3 días después y la ocupación de la embajada terminó pacíficamente.
El mismo 29 de septiembre, un grupo de estudiantes de enseñanza media se concentró frente a la Municipalidad de Guatemala en protesta por el aumento al costo de transporte urbano. Este conflicto se venía incubando desde años atrás. El costo de un boleto mantuvo por décadas el precio de Q 0.05; para lograrlo, el Gobierno había venido aprobando una serie de subsidios para las empresas de autobuses urbanos que incluían la compra de diésel a precios más bajos, exenciones tributarias, exenciones para la importación de repuestos, etcétera. Sin embargo, las condiciones laborales y salariales de los pilotos tendían a deteriorarse. En julio de 1978, los trabajadores de la Federación Nacional de Obreros del Transporte –FENOT– iniciaron una serie de paros que buscaban un aumento salarial. En respuesta al mismo, el Ministerio de Trabajo acordó crear una comisión multisectorial integrada por el alcalde, la Universidad de San Carlos, representantes de los ministerios de Trabajo, Finanzas y Economía, empresarios, Iglesia católica, Cámara de Comercio e Industria, INCAP, CNUS y FENOT.
La negociación sobre un eventual aumento salarial a los pilotos de autobuses se estancó durante las siguientes semanas, por lo que el 10 de agosto la FENOT realizó un nuevo paro que dio lugar a que el 16 de agosto se interviniera el servicio de transporte urbano. Aunque la intención de las autoridades municipales con la intervención del transporte era la de normalizar el servicio en lo que se lograba una solución estructural al problema (que incluía la creación de una empresa única de transporte privada o municipal y la aplicación de un plan maestro de transporte urbano) el servicio no logró reestablecerse plenamente, y se mantuvieron las tensiones en torno al despido de pilotos.
El 25 de septiembre, la Municipalidad y el Gobierno central decidieron terminar con la intervención del transporte y autorizar el incremento del precio del pasaje en un 100 %, de Q 0.05 a Q 0.10; de inmediato el CETE y el CNUS rechazaron dicho aumento y convocaron a realizar paros [3]. Desde el 28 de septiembre se iniciaron medidas de hecho, el anillo periférico fue bloqueado por personas que vivían en las zonas aledañas.
Los enfrentamientos por el aumento al precio del transporte urbano se iniciaron en la mañana del lunes dos de octubre de 1978, cuando los vecinos de la colonia Carolingia formaron barricadas para impedir la entrada y salida a la colonia. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional fueron recibidos con piedras y palos, viéndose obligados a pedir refuerzos. La llegada de un mayor número de agentes se tradujo en actos de violencia indiscriminada, el uso masivo de gases lacrimógenos y armas de fuego [4].
Estas escenas se repitieron en otras colonias de la periferia de la ciudad de Guatemala como San Francisco, El Milagro y Primero de Julio. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, estudiantes de secundaria construyeron barricadas en las calles cercanas a sus centros de estudio, esparcieron tachuelas y destruyeron algunos autobuses. Al finalizar ese día el saldo de destrucción incluía a dos personas muertas por heridas de bala, 32 personas heridas de bala, decenas de detenidos, la destrucción de los vidrios de las vitrinas de varios comercios, así como de la mayoría de semáforos del centro de la ciudad [5].
Las protestas y las luchas callejeras se repitieron en los días siguientes, el martes 3 de octubre, policías y pobladores se enfrentaron en el asentamiento Cuatro de Febrero, lo que provocó la intoxicación por gases de decenas de personas, a las ocho de la mañana, los estudiantes de educación media realizaron barricadas y enfrentaron a las fuerzas de seguridad durante varias horas [6]. Por su parte, la policía informó haber realizado más de 400 capturas, así como nuevos muertos y heridos.
Conforme los días transcurrieron y la violencia policial fue en aumento, las protestas y los enfrentamientos se fueron reduciendo. Se continuaron haciendo barricadas en las zonas alejadas del centro de la ciudad, particularmente en la 6, 7, 13 y 19. Para limitar la participación de estudiantes de enseñanza media, el Gobierno decidió clausurar el ciclo escolar. El 4 de octubre se bloqueó la avenida Petapa a la altura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en dicha acción participaron tanto estudiantes como trabajadores de la fábrica CAVISA, posteriormente iniciaron una marcha al centro de la ciudad. La manifestación fue disuelta en la avenida Bolívar con bombas lacrimógenas y con la intervención de agentes policiales vestidos de particular [7].
El manejo de la crisis por parte del Gobierno se complicó, debido a que las fuerzas policiales resultaban insuficientes para contener las protestas urbanas y a la convocatoria a huelga fue sumando a la mayoría de las entidades del Estado. «Después de una semana de enfrentamientos con la fuerza pública, las organizaciones estudiantiles y de trabajadores llamaron a suspender las concentraciones en las calles y a continuar con la huelga en dependencias estatales y empresas privadas. Durante los días 10 y 11 de octubre, las distintas policías procedieron a dispersar a los huelguistas de la Municipalidad y a desalojar a los de varias dependencias estatales, entre ellas a los trabajadores de la Dirección de Correos y Telecomunicaciones, el Hospital General y el Hospital de Traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a los trabajadores de la empresa municipal EMPAGUA, con un saldo de numerosos heridos de bala, golpeados e intoxicados, principalmente en las dependencias municipales». Tanto los trabajadores del Estado agrupados en el CETE como un número importante de empresas que contaban con sindicatos se unieron al paro laboral que se extendió con distintos niveles de intensidad hasta el 13 de octubre. Ese día, el Gobierno central apoyó la decisión municipal de dejar sin efecto el aumento al precio del pasaje urbano a través de aumentar los subsidios a las empresas.
La respuesta de la Policía Nacional fue violenta. El pelotón antimotines se vio rebasado y utilizó, para disolver a las manifestaciones, centenares de bombas lacrimógenas, pese a la afirmación de las autoridades de gobernación de que no se utilizarían armas de fuego, las imágenes de prensa y televisión mostraron a personal de las fuerzas de seguridad disparando contra los manifestantes [8]. No se tiene un dato exacto sobre el número de víctimas, la CEH, a partir de un informe elaborado por la AEU consigna que «Los enfrentamientos provocaron 40 muertos, 300 heridos y más de 1500 detenidos» [9] (1999:188).
A pesar de que las causas que desencadenaron el conflicto fueron desactivadas y el paro concluyó, las acciones represivas iniciadas por el Gobierno no se detuvieron. Además de los muertos y heridos, las capturas, los despidos y los atentados contra dirigentes sociales, después de la manifestación del 20 de octubre fue asesinado Oliverio Castañeda de León, secretario general de la AEU, organización que jugó un papel central en las protestas de los días anteriores. Este hecho fue indicio de un cambio en la estrategia gubernamental para enfrentar la protesta social y provocó cambios en la visión y acción de los actores sociales y políticos.
En las protestas de octubre de 1978, los actores políticos y sociales opositores al Gobierno desplegaron los recursos acumulados en los años anteriores y recurrieron a la innovación de los métodos de protesta. En esto jugó un papel importante la interpretación que se tuvo del momento político, particularmente la debilidad y los problemas de legitimidad del Gobierno; una mayor interacción con las organizaciones insurgentes que influyeron en aspectos tácticos y organizativos de la protesta; y el ambiente social y cultural favorable al cambio. Estas innovaciones en las acciones de protestas, que indudablemente fueron interpretadas como amenazas por el Gobierno y su entorno, incluyeron:
a) La irrupción del CUC en la manifestación del 1 de mayo de 1978 y acciones de solidaridad con las reivindicaciones urbanas, especialmente en octubre [10].
b) El paro de las entidades públicas por parte de los trabajadores del Estado, en marzo de 1978 con demandas de aumento salarial y en octubre contra el alza al precio del transporte.
c) La toma de la embajada de Suiza por parte de los trabajadores de Duralita.
d) La preparación de unidades de autodefensa en las manifestaciones públicas, generalmente por parte del FERG, que permitieron enfrentar de manera más o menos coordinada a las fuerzas de seguridad.
e) La creación de piquetes que de manera coordinada incendiaron los buses urbanos pero que tuvieron un efecto ilustrativo y continuaron por parte de grupos que se formaban espontáneamente.
f) El establecimiento de barricadas en las calles que obligaban a la dispersión de las fuerzas de seguridad pero que no eran defendidas por los manifestantes.
g) Trasladar los focos de protesta fuera del centro de la ciudad, de manera que se ampliara esto, no solo a las zonas periféricas de la ciudad, sino a municipios aledaños como Amatitlán.
h) Destrucción de la garita de policía de Fraijanes.
i) Acción coordinada entre trabajadores del Estado, sindicatos de empresas privadas y organizaciones populares.
Por su parte, frente a lo que podía presentarse como una amenaza cuyos resultados eran imprevisibles, el Gobierno y las fuerzas de seguridad modificaron los patrones represivos utilizados hasta el momento y procedieron a:
a) Declarar ilegales a entidades que careciendo de personería jurídica legal fueron responsabilizadas de las protestas.
b) Uso de armas de fuego contra los manifestantes.
c) Detenciones masivas e indiscriminadas en las protestas.
d) Ataques y amenazas contra periodistas y reportes que cubrían las protestas
e) Activación del Ejército Secreto Anticomunistas como entidad para gubernamental que amenazaba tanto a líderes de izquierda como a funcionarios públicos.
f) Concentración de unidades policiales departamentales en la ciudad de Guatemala para reprimir a los manifestantes.
g) Asesinatos ejemplares.
El resultado del despliegue de los recursos disponibles y de la innovación del repertorio de acciones de protesta por parte de los grupos subalternos y la respuesta gubernamental contribuyó a una transformación de la percepción de amenazas y oportunidades y de las formas de acción política.
El asesinato de Oliverio Castañeda de León abrió una serie de crímenes políticos que tuvieron en común el hecho de desplegar abiertamente a las fuerzas de seguridad del Estado para realizarlos, incluyendo los de Alberto Fuentes Mohr en enero de 1979 y Manuel Colom Argueta en marzo de ese año [11].
Frente a las demandas y huelgas sindicales, la respuesta sistemática fue el asesinato o desaparición forzada no solo de dirigentes, sino activistas. Con relación al movimiento estudiantil se desencadenó un proceso de persecución que buscaba su disolución y que incluyó el asesinato y la desaparición forzada de decenas de estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aunque el Gobierno intentó convocar a procesos de diálogo, estos no fructificaron tanto por la desconfianza de los líderes sociales como por la continuidad de las políticas represivas. El asesinato y la desaparición forzada se convirtieron en la respuesta rutinaria de las fuerzas de seguridad a los desafíos que enfrentaron.
En general, puede afirmarse que la respuesta represiva a la movilización social desencadenada por el gobierno de Lucas García provocó la radicalización en un primer momento de la mayoría de las organizaciones sociales urbanas. Uno de los momentos de mayor radicalización puede ubicarse en la manifestación del 1 de mayo de 1980, cuando el CNUS afirmó: «la situación de represión y terror hace que los sectores populares cambiemos nuestros rumbos de lucha, (siendo) un imperativo histórico que nos volquemos a luchar por un gobierno revolucionario, democrático y popular, como la única alternativa posible que tenemos para enfrentar a los distintos gobiernos de turno de los explotadores y del imperialismo (…). Este primero de mayo podemos expresar abiertamente que la instauración del Gobierno Revolucionario Democrático y Popular será una realidad a muy corto plazo» (ASIES; 618).
En los meses siguientes continuó la represión contra las organizaciones sindicales que incluyó la desaparición forzada de decenas de dirigentes de la CNT, el asesinato de dirigentes y activistas hasta casi hacer desaparecer al CNUS.
Levantamiento urbano, insurrección y rebelión
La huelga y las protestas de octubre de 1978 fueron una coyuntura crítica en el sentido que definió los cursos de acción de los actores políticos y sociales involucrados, particularmente de los movimientos sociales y el Gobierno. Pese a que en términos estrictos no se trató de un evento contingente, las dimensiones de la participación popular en las protestas no habían sido previstas. La masividad y el desborde de las mismas no fueron anticipadas ni contaron con una dirección política que les permitiera trascender.
A diferencia de las jornadas de marzo y abril de 1962, en las que existió una clara demanda política –la renuncia del presidente Idígoras Fuentes–, en octubre de 1978 la reivindicación se limitaba al restablecimiento de la situación previa respecto al precio del transporte urbano. No se trató por lo tanto de una insurrección en el sentido político del término [12]. Fue un levantamiento popular en el que se pusieron en juego los recursos organizativos y las experiencias de movilización y protesta de los años anteriores. Pese a que la racionalidad que guió a los líderes sociales y a los militantes insurgentes se orientaba al enfrentamiento con el Gobierno y en algunos a una eventual insurrección que diera lugar a un triunfo revolucionario, este se planteaba para un futuro mediato, no estaba a la orden del día en ese octubre.
En el levantamiento confluyeron varios factores como la acumulación de las experiencias de protesta y de recuperación de la calle que se venían dando desde 1973; los recursos organizativos desarrollados por los trabajadores del Estado, las organizaciones sindicales, los estudiantes universitarios y de enseñanza media, los pobladores y el ambiente cultural favorable al cambio que permitió la participación espontánea de hombres y mujeres que, sin pertenecer a algunas de las organizaciones sociales, se incorporaron a las protestas. Como se indicó antes, el entorno regional influyó, las luchas populares en Nicaragua y El Salvador reforzaban la participación y el compromiso con un esfuerzo transformador.
Sin embargo, las organizaciones sociales no contaban con apoyo dentro de los grupos de poder ni con aliados entre los partidos políticos. Los partidos progresistas exploraban en ese momento la ampliación del sistema de partidos prometida por Lucas García y no podían arriesgar la eventual legalización de sus entidades. Las organizaciones insurgentes, aunque efectivamente contemplaban en su imaginario el escenario leninista de la insurrección urbana como momento culminante de la lucha revolucionaria previo a la toma del poder, en ese momento concentraban sus energías en el fortalecimiento de sus estructuras militares, particularmente en las zonas rurales, de manera que no existían condiciones para esto.
A pesar de los alcances limitados del levantamiento, desde el Gobierno, la amenaza fue interpretada tomando en cuenta la situación internacional y el reinicio de las actividades guerrilleras. La respuesta inicial a las protestas fue reactiva, a pesar del despliegue de todos los recursos disponibles fue difícil contener la movilización popular, aunque oficialmente se informó que se había ordenado a los policías no disparar, el número de muertos y heridos de bala muestra lo contrario. Asimismo, la paralización de las actividades del sector público limitó aún más la capacidad de actuar frente a las protestas. En aquellos primeros días de octubre de 1978 existió incertidumbre sobre los alcances de la protesta; si a principios de julio las autoridades del gobierno de Lucas habían advertido que terminaba la apertura política iniciada en tiempos de Laugerud García, las protestas reforzaron la decisión y desencadenaron actos de represión no imaginados.
Para los líderes y militantes de los movimientos sociales, la respuesta represiva tampoco fue prevista. Aunque durante los años previos se habían dado asesinatos y desapariciones forzadas, se pensaba que estos no eran parte de una política sistemática. Incluso, se consideraba que eventos como la matanza de Panzós no se repetirían por los costos que significaban para el Gobierno y el Ejército. En el caso del secretario general de la AEU, tanto él como su entorno consideraban que desde su fundación nunca había sido tocado el principal dirigente estudiantil, y que pese a las amenazas, se descartaba un atentado[13].
La participación descarada de las fuerzas de seguridad en este asesinato –incluso se rumoró la presencia del director de la Policía Nacional, el coronel Chupina, en las cercanías del parque central– no dejaba lugar a dudas sobre su proveniencia. A este hecho le siguieron otros asesinatos emblemáticos, la desaparición forzada de dirigentes sociales y el ataque indiscriminado contra los movimientos sociales. La coyuntura crítica de octubre de 1978 generó una secuencia de eventos reactiva que en un principio fortaleció y radicalizó la movilización social urbana. La continuidad y la intensidad de la represión fueron destruyendo a las organizaciones sociales hasta hacerlas casi desaparecer. El ambiente favorable a la transformación social fue ahogado por el terror luquista y las demostraciones callejeras, conquistadas por los movimientos sociales, se volvieron lugares de peligro y muerte. 
[2] En un informe confidencial elaborado por agentes de la Policía Nacional sobre esta manifestación, se identifican a dos líderes estudiantiles y a varias de las organizaciones participantes en dicha manifestación, asimismo asimismo se indica que «Siendo las 17:20 horas, el pelotón modelos de la Policía Nacional, inició la dispersión de los manifestantes, utilizando para el efecto bombas lacrimógenas. Siendo secundados por nuestro servicio, logrando así que se disolviera en la 5ª avenida de 15 a 18 calle zona 1, no volviéndose a agrupar en dicho sector; acciones de esta clase fueron llevadas a cabo por nuesro servicio en los siguientes sectores. 8ª avenida, 9ª avenida, 7ª y 6ª avenida entre 8ª calle, 9ª calle hasta la 14 calle zona 1. Logrando así la desintegración de grupos; así también se disolvieron grupos frente a la municipalidad capitalina, 21ª calle entre 5ª y 6ª avenidas hasta la 18 calle, logrando así también obtener fotografías de este movimiento y volantes que circularon». (Archivo Histórico de la Policia Nacional GT PN 30, Serie S002, Caja 300079, fecha 1978-02-xx—1992-xx-xx legajo 3 expediente N°. 483210192112008, documento N°. 1923912)
[3] La propuesta de convocar a una huelga provino de la dirigencia de la AEU y fue respaldada por el CETE y posteriormente asumida por el CNUS en su conjunto (Entrevista con Edgar Ruano, Managua, julio de 2009).
[4] Diario Impacto, 3 de octubre de 1978, p. 3.
[5] Información preliminar, sistematizada de documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional.
[6] Diario Impacto, 4 de octubre de 1978, p. 2.
[7] Diario Impacto, 5 de octubre de 1978, p. 4.
[8] De acuerdo con el ex vicepresidente, Francisco Villagrán Kramer «la persistencia del vandalismo dio lugar a que la policía usara sus armas causando heridos, por lo que el autor, como Vicepresidente (sic), desde la residencia del Ministro de la Defensa le solicitó con carácter urgente al gobierno de Estados Unidos vía Rally Shelton (funcionaria amiga en el departamento de Estado), que le vendiera a la policía de Guatemala bombas lacrimógenas a fin de que no tuviera que usar armas de fuego. Si bien la ayuda militar se suspendió en 1976 el gobierno de EEUU (sic) consideró que el pedido no entraba dentro de las restricciones autorizando de inmediato la venta». (2004:82)
[9] Según Premo (1981:441) «fueron al menos 30 personas muertas, 350 heridas y 600 arrestados. Un recuento parcial realizado por la policía nacional da cuenta de que entre el 2 y el 7 de octubre 17 civiles murieron por arma de fuego, 88 civiles fueron heridos de bala, 775 personas fueron capturadas, 11 vehículos de la policía resultaron dañados, 1 agente murió por arma de fuego y 2 resultaron con heridas de bala» (Archivo Histórico de la Policía Nacional GT PN 30, Serie S002, Caja 300079, fechas 1978-02-XX—1992-XX-XX. Legajo 3, Expediente N°. 483219192112008, documento N°. 1923371).
[10] La movilización indígena y campesina tuvo un doble valor simbólico. Para los grupos dominantes constituía una amenaza a los fundamentos del orden político, económico y social, cuyas bases descansaban en la exclusión y explotación de este grupo de población; para los movimientos que desafiaban al poder representaba la materialización de la pregonada «alianza obrero¬campesina», fuerza fundamental de la revolución.
[11] El mismo día del asesinato de Oliverio Castañeda de León, la AEU declaro que «Los asesinos, identificados plenamente por cientos de personas que pasaban por el lugar, como miembros de las distintas policías que operan en el país, ya que se transportaban en vehículos con placas confidenciales, siguieron a Oliverio Castañeda hasta la esquina de la sexta avenida y octava calle y abrieron fuego sobre la multitud que se retiraba del mitin, con el fin de dispersarla y estar en posibilidad de disparar directamente sobre Oliverio Castañeda». (USAC; 1978; 13) Al respecto, Kobrak afirma: «El hecho solamente podía haber sido ejecutado por las fuerzas del Estado. Varios agentes de la policía vieron el asesinato impasiblemente desde la plaza, sin hacer nada para perseguir a los asesinos. Según testigos oculares, entre ellos se encontraba el director de la Policía Nacional, Germán Chupina Barahona, quien aparentemente coordinó la emboscada. Esta operación, al medio día y en pleno centro de la ciudad, demostró la Esta operación, al medio día y en pleno centro de la ciudad, demostró la impunidad de los asesinos y el abierto desafío lanzado contra el movimiento popular durante el tradicional día de protestas». (1999:61).
[12] Edgar Ruano, entrevista.
[13]Entrevista con Jorge Arriaga, Guatemala, julio de 2009.
Bibliografía
a. Asociación de investigación y estudios sociales de Guatemala. (1995). Más de 100 años del movimiento obrero urbano en Guatemala. Tomo III. Reorganización, auge y desarticulación del movimiento sindical. (1954-1982). Guatemala: ASIES. 793 p.
b. Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (1999). Guatemala Memoria del Silencio Tomo I. Guatemala: CEH. 288 p.
c. Centro de Investigaciones de Historia Social. (1979). Panzós. Testimonio. Guatemala: CEIHS. 112 p.
d. Del Valle, Dora Ruth. (1991). El movimiento estudiantil en Guatemala: 1973-1981 el caso de educación media. Tesis de Licenciatura. México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 141 p.
e. Kobrak, Paul. (1999). En pie de lucha: organización y represión en la Universidad de San Carlos, Guatemala, 1944 a 1996. Guatemala: AAAS, CIIDH y GAM. 179 p.
Premo, Daniel L. (1981). «Political Assassination in Guatemala: A Case of Institucionalizad Terror». En: Journal of Interamerican Studies and World Affairs. Vol. 23 N°. 4. Pp. 429-456.
f. Universidad de San Carlos de Guatemala. (1978). Anuario. Serie Separatas 10. Guatemala: Editorial Universitaria. 87p.
g. Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica. (1998). Guatemala Nunca Más. Tomo III. El Entorno Histórico. Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. 373 p.
h. Villagrán Kramer, Francisco. (2004). Biografía política de Guatemala. Volumen II. Años de guerra y años de paz. Guatemala: Editorial de Ciencias Sociales. Guatemala. 408 p.
Fotografías por Mauro Calanchina.
Ricardo Sáenz de Tejada
Antropólogo y politólogo. Profesor e investigador titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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