Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

Hace pocos días, solo unos después de conocerse la designación de Consuelo Porras como nueva fiscal general, un grupo de camisas y playeras blancas se concentró frente a la sede de la Cicig para protestar en contra de la Comisión y el comisionado Iván Velásquez; entre ellos familiares del recientemente fallecido alcalde del municipio de Guatemala, Álvaro Arzú, encabezados por Roberto Arzú. El motivo central de su protesta fue que, según ellos, muchos de los que están en prisión por corrupción, lo están injustamente.

No creo que la preocupación de estos grupos de extrema derecha que organizaron la manifestación –Guatemala Inmortal, la Fundación contra el Terrorismo y organizaciones de militares retirados– sea ese gran número de personas que enfrentan proceso por corrupción y que en las estructuras criminales formaron los equipos operativos; ni siquiera muchos de los altos mandos de esas estructuras. Su preocupación es por ese pequeño grupo de empresarios y de militares de alto rango en situación de retiro que las investigaciones del MP y la Cicig revelaron tener participación.

En mi artículo anterior afirmé que si bien la oligarquía, de donde proviene esa estructura de las camisas blancas que, además, ha sido el soporte del Movimiento Cívico Nacional de Rodrigo Arenas vinculado al financiamiento ilícito a FCN-Nación, cuestionaba entre dientes a la Cicig, su ira rebalsó en el momento en que la «lucha anticorrupción» alcanzó a Álvaro Arzú por el financiamiento ilícito a su Partido Unionista con recursos municipales. Allí se consolida el llamado Pacto de Corruptos y cobra fuerza la conspiración para expulsar a la Comisión o, cuando menos, convertirla en un ente ineficaz como en el período del costarricense Francisco Dall´Anese.

Muerto el rey, ¿viva el rey? Los conspiradores parecen jugársela al todo por el todo y decididos a seguir la «hoja de ruta» trazada por Arzú Irigoyen. Eso se desprende del discurso pronunciado por el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, que obtuvo el cargo como fruto de ese Pacto, durante los funerales del alcalde, al afirmar rotundamente que están preparados para dar continuidad a su obra, que continuaría y ganarían la «lucha» de Arzú padre. Esto luego fue confirmado por el otro Arzú en la concentración contra la Cicig de hace unos días, quien en su Twitter escribió: «Le prometemos a Guatemala terminar lo que él empezó así sea con nuestro último latido del corazón». Se referían, claro está, a la lucha emprendida por el alcalde contra el MP y la Comisión. Ese es el trasfondo de la manifestación que el miércoles 2 de mayo realizaron los vendedores de La Terminal en «apoyo» a Jimmy Morales; una manifestación organizada por grupos «operativos» del partido oficial y del alcalde antes de su muerte, bajo amenazas de que quienes no participaran perderían los puestos de venta, según denuncias de personas afectadas.

No son días en los que se sienta que en el país se percibe algo de calma; al contrario, se respira un ambiente de tensión y de incertidumbre que hace pensar que, en cualquier momento, en una situación de desesperación incontrolable, estos grupos que ya sienten la respiración del MP y la Cicig en el cuello puedan decidir dar el paso que no dieron porque los sorprendió la muerte de Arzú. Ese discurso temerario del presidente Morales dirigiéndose a los manifestantes de La Terminal, atacando al procurador de Derechos Humanos, el MP, la Comisión, la Contraloría General de Cuentas y Codeca, es signo de que están desesperados y se sienten solos, y más cuando algunos aliados los han abandonado y lo que han intentado hasta ahora no les ha funcionado, ni dentro ni fuera del país.

La pretendida expulsión del comisionado fue un fuerte revés para el Pacto de Corruptos, y del cabildeo en la ONU no han logrado nada. Solamente las gestiones en la Comisión Helsinki de Estados Unidos tuvieron algo de éxito, no tanto porque allá le teman a la Cicig, sino porque los grupos más reaccionarios de la política estadounidense tan obnubilados por la supuesta injerencia de Rusia en las pasadas elecciones, compraron fácilmente la idea de que el gobierno de Putin ha utilizado a la Comisión en el caso de la familia Bitkov; por que el senador por Florida, Marco Rubio, quien ha sido señalado como un aliado de la corrupción en Guatemala, ha pedido al Gobierno de ese país suspenderle la ayuda financiera.

Todo ello en medio de una plaza que ha visto cómo se queda sin movilizaciones como las del 2015. La más reciente movilización de Codeca y la manifestación por el Día Internacional del Trabajo, si bien tocaron la lucha anticorrupción, sus temas centrales fueron otros. Se ha caído de nueva cuenta en la desmovilización frente al fenómeno de la corrupción como parte de un Estado controlado por la oligarquía y las mafias. Y no es porque el Estado no tenga nada que ver con los negocios privados, porque en una sociedad capitalista el Estado es el Estado de la burguesía. El problema es que, para garantizar sus intereses, hace décadas que la oligarquía y la burguesía se aliaron otros grupos de poder fáctico que tienen su origen en la contrainsurgencia.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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