-Jorge Mario Salazar M. / PALIMPSESTO–

Desalojos violentos de campesinos en dos comunidades diferentes del país fueron la marca de este nuevo intento de las fuerzas ultraconservadoras por mantener la hegemonía y el control territorial. A su vez, esto les permite controlar zonas de grandes negocios y así incrementar sus ganancias con lo cual pueden coludir a funcionarios y funcionarias, cooptar instituciones de Estado para manipular las leyes a su favor.

Tal es el caso de la aldea Chab’il Ch’och’, en Río Dulce, Lívingston, Izabal, donde fueron desalojadas 80 familias por orden judicial, acusadas de haber invadido terrenos privados. Esto ocurrió el 31 de octubre y según información de Prensa Libre “La semana pasada, un grupo de campesinos denunció en el Congreso que Alejandro Sinibaldi, actualmente prófugo de la justicia, se escondía cerca de sus comunidades y que el despojo de tierras del cual argumentan están siendo víctimas, corresponde a intereses de empresarios afines al exministro de Comunicaciones en el Gobierno del Partido Patriota”.

En un extenso informe del Centro de Medios Independientes, Luis Solano describe: “Cuando Pérez Molina ganó la Presidencia las familias que quedaban en Chinamachacas empezaron a denunciar que estaban siendo arrinconadas en la montaña. Luego de amenazarles aceptaron irse, con la condición de que trabajarían como mozos colonos en la misma tierra que les vio nacer. Posteriormente, empezaron a despedirlos y la gente se sintió traicionada. Entonces presentan denuncia en el Ministerio Púbico (MP) para que se les pague toda la finca porque eran los primeros en ocupar esas tierras. También exigiendo sus honorarios no pagados. Allí empezó su lucha por recuperar Chinamachacas luego de que Pérez Molina fuera encarcelado a finales de 2015”.

Simultáneamente, otro desalojo se producía en el área de La Cumbre, Tactic, Alta Verapaz. En ambos casos el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad fue excesivo y las órdenes judiciales, así como las actuaciones del Ministerio Público, causan dudas en su legitimidad. Tanto la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas –Oacnud- para Guatemala y el Procurador de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por los desalojos porque se pone en riesgo la vida de personas, ya que no se cuenta con un plan para reubicar a estas familias que se quedan a la intemperie sin que el Estado les provea de techos y alimento.

La Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU- y el Comité de Unidad Campesina -CUC- demandaron el cese de los desalojos y señalaron el inicio de una escalada represiva.

En la finca Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, el conflicto por la construcción de una hidroeléctrica ha venido creando situaciones de violencia contra las comunidades del área. En los últimos días se incrementó nuevamente con la presencia de grandes contingentes de policías y militares llamados para proteger el inminente reinicio de los trabajos de la hidroeléctrica, detenidos por la resistencia de la población organizada en la defensa del territorio. Las autoridades se quejan de la existencia de una guerrilla en la zona, con lo que se justifica la presencia de unos 700 elementos de las fuerzas del Estado para reprimir a la población que protesta por la hidroeléctrica. Según el CMI, también en este proyecto aparecen los nombres de personas ligadas al ex Partido Patriota, Pérez Molina, Mauricio López Bonilla y Emilenne Mazariegos.

La AEU y otras organizaciones convocaron a una marcha para el 16 de noviembre, exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales y 117 diputados comprometidos con la crisis de Estado que enfrenta el país, así como por otras demandas sociales. Como respuesta, circula una carta supuestamente escrita por el Frente Estudiantil Robin García, que ninguno de sus anteriores dirigentes reconoce, amenazando con “radicalizar las protestas”, esto con el propósito de deslegitimar las protestas de la sociedad y crear un ambiente propicio para la violencia policial. La noche del 15 de noviembre, un grupo de encapuchados, supuestos estudiantes de la San Carlos, ingresaron al campus universitario a agredir a los estudiantes de varias unidades académicas con gas pimienta y golpes, realizando además, algunos disparos al aire.

Por otra parte, la aparente extorsión a una empresa de telefonía celular causó la muerte de 4 personas en el mismo día. En medio de una expectación creada por los medios de comunicación, se habla nuevamente del papel de la Cicig y el Ministerio Público que debieran dedicarse a perseguir a las maras.

Violencia, desinformación y terrorismo parecieran ser las armas del Gobierno de Jimmy Morales para combatir la crisis política. Como ha sido su conducta desde que tomó posesión, se desresponsabiliza de los grandes problemas nacionales y se dedica a los asuntos cosméticos como inauguraciones de puentes Bailey, aulas de escuelas y escáneres en los centros de detención. Mientras tanto, hay que pedirle al cielo que nos proteja.

Fotografía tomada de Centro de Medios Independientes.

Jorge Mario Salazar M.

Analista político con estudios en Psicología, Ciencias Políticas y Comunicación. Teatrista popular. Experiencia de campo de 20 años en proyectos de desarrollo. Temas preferidos análisis político, ciudadanía y derechos sociales, conflictividad social. Busco compartir un espacio de expresión de mis ideas con gente afín.

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