Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

Este proceso electoral está dejando ver con mayor notoriedad algo sobre lo cual casi no se ha hablado, no obstante que muestra el verdadero rostro y naturaleza de la clase dominante; naturaleza que pareciera estar muy interiorizada en la conciencia de buena parte de guatemaltecos, especialmente de sectores de capas medias arribistas o, como suele decirse en ciertos círculos, «aspiracionales».

Me refiero a esa terrible arremetida contra la ex fiscal general Thelma Aldana, hoy candidata a la Presidencia por el partido Movimiento Semilla, que ha despertado el odio de la extrema derecha más reaccionaria y fascista, cuya cara más visible es el benévolamente llamado «Pacto de Corruptos», entente en la que están aglutinados los grupos de la oligarquía y la burguesía, políticos y sus partidos y estructuras mafiosas que tienen como común denominador una acérrima oposición a la lucha anticorrupción.

Ese odio y esa arremetida no ocurren por diferencias ideológicas irreconciliables o porque la ex fiscal general comulgue con la izquierda, pues ni siquiera con la «izquierda electoral». Casi desde que empezó la lucha anticorrupción, pero sobre todo cuando alcanzó a algunos miembros de la oligarquía como aquel alto ejecutivo del banco G&T Continental o el extinto alcalde de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, se empezó a regar la especie de que lo que hacían la Cicig y el MP era obra de la izquierda. El mensaje claro era que la izquierda estaba poniendo en riesgo la «democracia» en el país. Cacifones, diputados, funcionarios públicos y cientos de «netcenteros» propalaron la idea de la judicialización de la política y la amenaza izquierdista.

En más de una ocasión he escrito que la crisis del 2015 y la lucha contra la corrupción pusieron en cuestión este particular modelo de Estado pactado en 1954 y refuncionalizado a partir del proceso de «transición democrática» iniciado en 1985. La crisis del 2015 no fue una crisis del Estado burgués, pero sí ha sido y sigue siendo una crisis del modelo de Estado construido, con el apoyo de Estados Unidos hay que decirlo, por la oligarquía y burguesía, políticos de extrema derecha pagados por Estados Unidos y el Ejército, de cuyo seno surgieron las estructuras criminales que empezaron a ser combatidas en el contexto de la lucha anticorrupción. Ese es el Estado que entró en crisis, paradójicamente, con el impulso que Estados Unidos dio a la lucha contra la corrupción; por cierto, otro de sus mecanismos de injerencia e intervención.

Tanto ha insistido la extrema derecha fascista en ubicar a la ex fiscal general en la izquierda, que ella tuvo que afirmar públicamente ser «de derecha progresista», y sabido es que políticamente fue muy cercana al extinto Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el partido de Mario «el Mico» Sandoval Alarcón. De suerte que el odio de la extrema derecha a la señora Thelma Aldana es porque la lucha contra la corrupción que le tocó encabezar estando al frente del Ministerio Público (MP), desveló no la cooptación del Estado por bandas de criminales, sino la verdadera constitución y esencia del Estado guatemalteco y el papel que ha jugado la corrupción como mecanismo de acumulación de capital para la oligarquía y la burguesía y de formación/acumulación de nuevos capitales, en un contexto en el que se perdió la difusa frontera entre capitales lícitos y capitales ilícitos, que ahora existen en una especie de amalgama.

En la coyuntura actual, la derecha más reaccionaria y, además, fascista, ve en la señora Thelma Aldana a uno de sus enemigos porque, si finalmente se confirma su inscripción como candidata, tendría posibilidades de ganar las elecciones y el peligro que entraña para esa derecha y sus redes de corrupción y crimen es que, desde la poltrona presidencial, pueda continuar la cruzada anticorrupción amenazando sus negocios ilícitos.

Un peligro, sí, porque el discurso anticorrupción ha ganado muchos adeptos entre quienes creen o están convencidos que el principal problema del país es la corrupción; entre quienes creen que la pobreza, la desnutrición, la precariedad de la atención en salud y educación, la falta de vivienda digna, la exclusión, entre otros, son consecuencia de la corrupción de políticos, funcionarios y «empresarios» y que, por tanto, acabando con ella esos problemas se resuelven.

Pero la cosa no es tan sencilla. Para terminar con todo eso hace falta acabar con el capitalismo. Hace mucho, recién derrumbado el socialismo real en la extinta Unión Soviética y Europa del este, hubo quienes plantearon la posibilidad de «humanizar» el capitalismo. Treinta años de neoliberalismo puro y duro, de capitalismo más salvaje y criminal, aquello no ha demostrado más que haber sido un sueño tonto, en el mejor de los casos.

¿Acaso no es la corrupción algo congénito al capitalismo? ¡Vaya si no! Dos de las más grandes lavanderías (blanqueadoras) en el mundo de dinero que proviene de actividades delictivas se encuentran en Estados Unidos, una de ellas en Nevada. En ese país se lavan anualmente unos USD 300 mil millones; en México, alrededor de una quinta parte, unos USD 60 mil millones. ¿Por dónde entra el dinero blanqueado a los circuitos financieros nacionales e internacionales? Por bancos y bolsas de valores, y de allí al proceso productivo. Así se convierte el dinero ilícito en capital.

Combatir la corrupción en Guatemala (que, dicho sea de paso, no se terminará) no implica plantearse transformar el capitalismo; no implica buscar terminar con la pobreza, desnutrición y todos esos «males» que se le atribuyen, por más que sea combatir un mecanismo de empresarios, políticos, funcionarios y mafias para acrecentar o crear nuevos capitales. De ahí la rabia furibunda contra Thelma Aldana, aunque no haya dudas de que ella no plantea, ni mucho menos, transformar este sistema de explotación, exclusión, desigualdad e injusticia.

Por eso la arremetida contra ella, muy bien graficada por el diputado Linares Beltranena: el día que informó a periodistas haber presentado una impugnación al TSE por haberla inscrito como candidata, extrajo un bote de insecticida y lo roció diciendo que eso había que hacer con ella. El simbolismo de ese acto es muy significativo: hay que matar a los enemigos. No sería extraño que esa ultraderecha fascista, en su desesperación, intente asesinarla. Lo intentaron hace alrededor de un año contratando sicarios para asesinarla, según denuncia que hiciera la Cicig. Por lo pronto, harán todo lo posible por evitar su inscripción. Además, si algo tiene la ultraderecha fascista es que no perdona, menos aquello que consideran una traición.

Quiero decir con esto lo siguiente: el «Pacto de Corruptos» está dispuesto a hacer lo que haga falta, lo que sea necesario, para que la salida pactada a la crisis del 2015 siga siendo la solución de continuidad que les garantiza negocios ilícitos y espurios y apropiarse de los dineros del erario; que les garantiza, en fin, acumulación de capitales y la reproducción del sistema. No tolerarán, por supuesto, la posibilidad de una salida oxigenante para el sistema que garantice su reproducción en otras condiciones y con ellos al margen, que es lo que en estricto sentido representa la candidatura de la ex fiscal general.

¿Acaso las elecciones, en el contexto de una democracia burguesa, han sido el vehículo para las transformaciones sociales?

Fotografía, Thelma Aldana, tomada de La Gaceta 503, editada por Susana Alvarez Piloña.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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