-Israel E. Benavides Cerros / PUERTAS ABIERTAS–

Habitualmente los problemas financieros de los seguros sociales están vinculados al proceso de transición demográfica asociado al envejecimiento de la población. Esto ocurre fundamentalmente cuando la población económicamente activa (PEA) comienza a declinar, mientras el número de adultos mayores aumenta con rapidez.

En un esquema donde las pensiones y prestaciones se pagan con las cotizaciones de los que permanecen activos, la fase de envejecimiento poblacional conlleva al surgimiento de tensiones en las finanzas del seguro social, porque al incrementarse fuertemente el número de adultos mayores aumenta rápidamente el pago de pensiones y prestaciones, mientras la base de cotizantes activos sobre la que descansan los ingresos del sistema se vuelve, comparativamente, cada vez más estrecha.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países desarrollados, que desde hace años entraron en la fase de envejecimiento de su población, el problema del seguro social en Nicaragua no se deriva de que en el país se muestre el mismo grado de envejecimiento que en los países europeos

En Nicaragua, aunque ya estamos transitando a la fase de envejecimiento, la población es predominantemente joven y todavía hay más de siete personas incorporadas a la población económicamente activa (PEA) por cada adulto mayor de 60 años. Lejos de que el sistema de seguro social presentara los problemas que tiene, debería esperarse que esté en su mejor etapa.

El problema fundamental radica en que los puestos que ofrece el mercado de trabajo son precarios y en su mayoría informales y de bajísima productividad, mientras tanto el empleo formal se registra en «enclaves económicos» con remuneraciones salariales de sobrevivencia, en un universo de trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares sin remuneración.

Por otro lado, las estimaciones de los gastos administrativos revelan que existe despilfarro en la gestión de los recursos. De acuerdo al reglamento del seguro social, los gastos administrativos no deben superar 6 %, pero sobrepasan 13 %, en lugar de tener 1 400 trabajadores, la planilla supera los 3 000 trabajadores, por lo que los gastos excesivos superan en 700 millones de córdobas lo que debería ser. La institución paga dos sobresueldos: un décimo tercer salario en noviembre y un décimo cuarto en diciembre.

Se evidencia además mal manejo de las inversiones y la colocación de préstamos que generalmente no se han recuperado. El 2012 fue el último en que se generó algún tipo de superávit (376 millones de córdobas). Desde entonces el ejercicio administrativo de cada año presenta déficit.

Al concluir una evaluación periódica por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), se pronosticó que el Instituto Nicaragüense de seguro social (INSS) entraría en un estado de insolvencia a partir del 2024, pero luego recortó su proyección y advirtió que este podría enfrentar problemas para cumplir sus obligaciones a partir del 2019. En este contexto se propuso una reforma urgente que implicaba un aumento en la edad de jubilación y un cambio a la fórmula de cálculo de las pensiones que reduciría el monto de las mismas.

Frente a esta propuesta, el Gobierno de Nicaragua anunció que había escuchado las recomendaciones del FMI, sin embargo, no aumentaría ni la edad de jubilación ni aumentaría la cantidad de semanas cotizadas para tener derecho a una pensión (750 semanas).

Sin embargo, días después la Junta Directiva del seguro social propuso un conjunto de reformas que según ellos vendrían a resolver el problema financiero del INSS, se planteaba la imposición de 5 % sobre el monto de las pensiones de los jubilados, un incremento de la tasa de cotización de los afiliados activos de 6.25 a 7 %, un cambio en la fórmula de cálculo de las pensiones que reduce el monto de las pensiones, un incremento de 3.5 % para las cotizaciones a través de régimen facultativo y un aumento de la contribución patronal que pasaría de 19.5 a 22.5 %, en menos de 24 horas la propuesta de reformas fue aprobada y publicada por el Gobierno en La Gaceta Diario Oficial y planteaba que se ejecutarían a partir del primero de julio de 2018.

En este contexto se producen las protestas de estudiantes en diferentes universidades del país y, como resultado, el uso desproporcionado de la fuerza y la correspondiente censura a tres canales de televisión que informaron sobre estos hechos.

Las olas de protestas se diseminaron con rapidez a diferentes barrios de Managua, departamentos y municipios del país, y lo que inició como una reacción a las reformas del seguro social, se transformó en una manifestación popular que reúne una agenda mucho más amplia e incorpora temas relativos a la libertad de expresión, la corrupción administrativa, los abusos policiales permanentes, las denuncias sobre fraudes electorales, los abusos del sistema judicial, el irrespeto a la autonomía universitaria, el desempleo y el encarecimiento del costo de la vida en general.

Todos estos temas forman parte de una agenda de negociación abierta convocada por el Gobierno, con intermediación de la Iglesia católica que actualmente se organiza con la participación de todos los sectores relevantes de la sociedad.

Imagen principal tomada de The New York Times ES.