Jacobo Vargas-Foronda | Política y sociedad / BÚHO DE OCOTE
Los Pueblos de Nuestra América luchan entre el rescate e implementación de sus derechos históricos, los adquiridos y los nuevos por alcanzar, con dificultades para comprender la particularidad de los egoísmos sociales del universo dominado por intereses clasistas. Así deambulan en la búsqueda de su liberación para brincar de la resistencia y sobrevivencia a la batalla por constituir nuevas armoniosas sociedades plurinacionales.
Mientras tanto, los poderes imperiales explotadores, portadores de la violenta imposición y destrucción de la Madre Tierra y cuantos seres vivos existan, insisten en aferrarse a su enloquecedor poder, y para ello marchan en dirección contraria al reloj del futuro, reviviendo las sanguinarias aspiraciones de la doctrina Monroe de 1823, «América es de los estadounidenses», y preparan las pinzas para reestablecer los criterios de la funesta doctrina de la seguridad nacional –DSN– encubierta con su embaucadora fraseología de la «humanitaria ayuda intervencionista», el «combate» contra las drogas y el terrorismo, la pelotera contra la corrupción e impunidad. Siendo, en realidad, clara la intención de restaurar sus serviles democracias de dominación continental y retomar a toda costa su llamado patio trasero con el neoliberalismo en lo económico, político y sociocultural.
En este contexto, con el lanzamiento del denominado «Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte», en noviembre de 2014, con el antifaz de «reducir el flujo migratorio indocumentado hacia territorio estadounidense,» rápidamente vuelve a reactivarse «la alianza territorial cívico-militar» de El Salvador, Guatemala y Honduras, cuyos antecedentes se remontan a octubre de 1983, con la coalición para detener «la agresión extracontinental de carácter marxista-leninista» que padece la región. Con claridad, el entonces portavoz del Ejército de Guatemala, coronel Edgar Domínguez, puntualizó la «necesidad de resucitar la alianza militar para responder a la amenaza de los sandinistas», refiriéndose al eclipsado Consejo de Defensa Centroamericano –Condeca–. Y ahora, al «peligro» ruso se agrega la «amenaza» china e iraní, para darle más teatral colorido al retorno de la DSN y el monroísmo sin necesidad de decretarlos oficialmente.
Con las pretensiones ideológicas de la DSN lanzada al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1945, óptica de un mundo bipolar, postulando que bajo «el liderazgo» estadounidense «se camina hacia la civilización, la democracia y el progreso», dominación hoy solapada con las quiméricas palabrerías de «lucha contra la corrupción e impunidad» que esconden sus verdaderas intencionalidades: terminar de desmantelar las instituciones públicas y actividades rectoras del Estado y sus instituciones, aprovechando el casi absoluto desprestigio en el cual han caído con la encubierta participación de los sectores privados de la oligarquía y élites empresariales monopólicas y transnacionales. El perfecto antifaz está funcionando en la implementación de su renovada geopolítica y geoestratégica campaña de retorno al pasado.
Entre los principales objetivos de la DSN, revestimiento teórico contemporáneo del monroísmo, tenemos los mencionados por Édgar de Jesús Velásquez Rivera: «1. Conquistar al precio más bajo posible, las áreas y territorios previstos como aptos para una integración política; 2. conducir al enemigo al desprestigio e incertidumbre en aquellos territorios y áreas aptas para la conquista; 3. fomentar y cimentar el pensamiento político de la población en aquellos territorios o áreas en donde se destacan condiciones favorables para la propaganda y la acción proselitista; 4. mantener en el ambiente internacional o nacional un estado de continua inquietud; y, 5. explotar al máximo las fallas o deficiencias que ofrezcan los opositores, enemigos o rivales» [1].
La rápida instrumentalización de esta geopolítica estrategia en el Triángulo Norte obedece a su interés de retomar su espacio en América Central e iniciar una mayor ofensiva contra El Salvador, precariamente gobernado por el FMLN, y Nicaragua con Daniel Ortega Saavedra. Todo esto sin descuidar sus ataques contra Bolivia plurinacional, Cuba revolucionaria y Venezuela bolivariana. Colombia, México y Brasil están en remojo, con la elevada posibilidad del triunfo de Gustavo Petro Urrego, 27 de mayo de 2018, Andrés Manuel López Obrador, 1 de julio, y Luiz Ignácio Lula Da Silva, 7 de octubre.
No es casual que, en la región centroamericana, a partir del 2014, tengamos visitantes de envergadura de Estados Unidos, como Sergio de la Peña, secretario adjunto de Defensa para Latinoamérica, Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas, y Matthew King, subsecretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, entre otros. Todos esos visitantes han subrayado, de una u otra manera, que sus visitas tienen como finalidad el «fortalecer lazos en tema de seguridad entre los países», particularmente Guatemala y Honduras.
En este escenario, tenemos el incremento en Guatemala de la presencia física de marines estadounidense, cuya historia reciente la ubicamos en enero de 2012 con la implementación de la Operación Martillo, coordinada por el Comando Sur de Estados Unidos, ubicada en la frontera de Guatemala y México. Posteriormente fueron llegando más efectivos, al grado de que bien podemos hablar de bases militares presentadas como «centros de entrenamiento» en Izabal, Jutiapa, Retalhuleu y Santa Rosa. Todo esto es parte de la Oficina de Cooperación en Seguridad de Estados Unidos, en coordinación con la embajada estadounidense y el Comando Sur en Guatemala, en donde se encuentra el segundo programa antidrogas y la ayuda humanitaria más importante de dicho Comando en América Latina.
A esta silenciosa ocupación territorial político militar de facto, tenemos que agregar, desde la época de Todd Robinson, los invisibles hilos norteamericanos en el Congreso de la República, y con el nuevo embajador, Luis Arreaga, esas hebras de control penetran el Ministerio de Gobernación, y como lo ha declarado el ministro de dicha cartera, Enrique Antonio Degenhart, se desarrollarán una serie de proyectos en conjunto «donde la oficina encargada del control de fronteras de Estados Unidos estaría interactuando con equipos de la División de Puertos, Aeropuertos y Fronteras con equipamiento y entrenamiento para mejorar las capacidades de interdicción a nivel fronterizo», y combatir «todos los flagelos ilícitos». Curiosamente, contando ya con esa «ayuda técnica» empieza nuevamente «la fuga de información de órdenes de captura», lanzándose la pelotita entre el Organismo Judicial y el Ministerio de Gobernación.
La red de vigilancia se expande, además, al Tribunal Supremo Electoral con la endulzada píldora de «poner fin al financiamiento electoral ilícito en Guatemala, que tanto daño le causa al país». Muy certeramente se evita mencionar al financiamiento electoral corporativo de las élites empresariales y oligárquicas que desde 1954 vienen destrozando a Guatemala.
Así, «curiosamente», tres pequeños países del Triángulo Norte, con una nula capacidad militar y una insignificante extensión territorial conjunta de 242 420 km2 (El Salvador, 21 040 km2; Guatemala, 108 890 km2; Honduras, 112 490 km2), frente a los 9 834 000 km2 de Estados Unidos, y una población total de 32 627 776 habitantes en 2018 (El Salvador, 6 174 671; Guatemala, 17 340 238; Honduras, 9 112 867) frente los 328 483 898 habitantes de Estados Unidos, ¿resultan ser sumamente importantes para la seguridad nacional e internacional estadounidense, primera potencia militar del mundo?
A nivel continental, el desvergonzado e insolente resurgimiento del monroísmo y la DSN lo ubicamos, en esta época, a partir la orden ejecutiva 13 603 de Barack Obama, en marzo de 2015, renovada en el 2016, declarando a Venezuela bolivariana «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos». Seguido de otros hechos, como la infundada remoción del cargo de presidente del Brasil de Dilma Vana Rousseff en agosto de 2016, la detención y condena sin pruebas del vicepresidente de Ecuador, Jorge David Glas Espinel, en diciembre de 2017, y las más reciente condena y encarcelamiento, también sin pruebas, de Luiz Ignácio Lula da Silva en Brasil, abril 2018, confirman dicho retorno como la segunda versión del Nuevo Plan Cóndor en Latinoamérica, denunciado por el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, quien sentenció que «ahora ya no se necesita ni fusiles ni desaparecidos, solo jueces y prensa corrupta». Redondeamos la idea de Correa Delgado con el resurgimiento de fraudes electorales, como lo ejemplifica Honduras en el 2017. No podemos dejar de mencionar la reactivación del bloqueo económico contra Cuba revolucionaria desde 1962 y ampliado por la administración de Donald Trump, septiembre de 2017, con el uso de la denominada Ley de Comercio contra el Enemigo, establecida en 1917.
Así, tenemos que en Guatemala, de los objetivos de la DSN mencionados, el 1 ha sido alcanzado con la presencia militar y los hilos de control en las instancias públicas; el 2 con las campañas de desprestigio, difamación y xenofobia hacia Belice, Bolivia plurinacional, China, Cuba, El Salvador, Irán, México, Nicaragua, Rusia y Venezuela bolivariana; el 3 con el proselitismo de ser un «aliado» en la solapada lucha «contra la corrupción económica y política», indicando que la soberanía de Guatemala no es un tema prioritario; el 4 con la maliciosa propagación de que cualquier intento de cambio económico, político y social en Guatemala es el camino para convertirla en otra Venezuela y, en consecuencia, recibir un simiesco castigo sirio.
El cuadro de la doble cooptacion del Estado de Guatemala casi está finalizado. La primera, es atemorizar a determinadas clicas privadas y públicas organizadas en la corrupción e impunidad con esa mascarada de «anular determinadas visas» o «solicitar extradiciones al norte» como indicador de apoyo a la «democracia», y la segunda cooptacion imperial del Estado se desarrolla con una enorme silenciosa tolerancia a los claros movimientos de reorganización de las élites gobernantes para oxigenar y garantizar la culminación del periodo presidencial cobijada con su beneplácito, con una diplomacia encubierta de bajo perfil, con la certeza de tener de su lado un elevado porcentaje de la opinión pública que ve a Estados Unidos como un «aliado». El 5 objetivo, además de la criminalización y persecución de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, en lo político iniciará su andar con la proximidad del proceso electoral de 2019.
Imagen principal tomada de Acontecer.
[1] Velásquez Rivera, Édgar de Jesús. «Historia de la doctrina de la seguridad nacional». En Convergencia, Colombia, enero-abril del 2002, Núm. 27, pp. 11-39. Cf: Gonzáles Aristizábal, Luis (1960), «La Guerra Fría», en Revista de las Fuerzas Armadas, núm. 5, Bogotá: diciembre.
Jacobo Vargas-Foronda

Jurista y sociólogo. Aprendiz de escritor, analista y periodista freelance. Libre pensador y autodefinido como gitano, es decir, ciudadano universal.
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