-Virgilio Álvarez Aragón / PUPITRE ROTO–

Una de las propuestas importantes de la reforma electoral es la realización de segundos turnos en las elecciones municipales. Este paso daría mayor legitimidad a los electos, evitando gobiernos locales débiles, incapaces de impulsar una agenda para beneficio de la población.

La realización de los ballotages, en los sistemas políticos medianamente consolidados, obligan a la negociación de las propuestas de gobierno, matizando y reduciendo los alcances de la propuesta ganadora, sea esta conservadora o progresista y, en pseudodemocracias como la nuestra, donde imperan los partidos-franquicias, el silencio cómplice para obtener beneficios personales sin afectar en nada la propuesta del ganador.

Trasladar a nivel municipal este procedimiento permitiría que la agenda de desarrollo municipal fuera más ampliamente discutida, estableciéndose acuerdos puntuales que podrían beneficiar a la población. Evidentemente, los logros podrían ser altos o mínimos, dependiendo del desarrollo de las fuerzas políticas locales. Pero lo que sí es cierto es que los alcaldes y síndicos electos tendrían mucha más legitimidad, evitándose las crisis de gestión que en los últimos años se han vivido en muchos municipios.

En los sistemas presidencialistas, donde a nivel local se repite en buena medida la concentración de poder que en el jefe del Ejecutivo se manifiesta, hacer que la población ratifique con un segundo voto el apoyo o rechazo a una de las opciones mayoritarias es, no solo saludable, sino necesario.

En las elecciones pasadas, en más de uno de cada tres municipios, se otorgó el Gobierno municipal a candidatos que obtuvieron menos del 40 % de los votos exigidos en esta reforma para declararlo ganador, dato que evidencia la debilidad de estos alcaldes. Tener a más del sesenta por ciento de los votantes en contra hace que las acciones de ese jefe municipal sean no solo cuestionadas sino rechazadas. Obtener el apoyo de una mayoría significativa de votantes, al menos por considerarlo el menos malo, permitiría gestiones municipales más tranquilas y, posiblemente, más eficientes.

Que alcaldes como el de Villa Nueva expresen públicamente su rechazo a esta reforma evidencia la debilidad de muchos alcaldes, quienes si bien cuentan con cierto apoyo ciudadano, al momento de enfrentarse en una segunda vuelta a su más próximo competidor podrían verse derrotados, pues el rechazo sería superior a la aceptación.

Pero la propuesta exige un Tribunal Supremo Electora fuerte y con presencia efectiva en todo el país, pues el financiamiento de las campañas tendría que estar mucho mejor vigilado y sancionado, de manera que el financiamiento ilegal, el clientelismo y el uso de la maquinaria municipal a favor de un candidato dejen de tener el peso que actualmente representan en muchos de los municipios.

Exige también ciudadanos mucho más empoderados de sus derechos y responsabilidades públicas, pues solo se logrará desterrar a los caciques, apoyados por clientelas bulliciosas pero escuálidas, si la transparencia y la eficiencia, en ese orden, son demandas claras de las amplias mayorías.

La reforma solo alcanzará sus objetivos, mejorar la calidad de la gestión municipal, si por un lado se implementan y consolidan rápidamente las unidades de control y fiscalización del financiamiento a los partidos políticos y comités cívicos, y por otro se logra inhibir al máximo el clientelismo y uso de recursos públicos con fines electorales, en especial por parte de quienes ejercen el poder y buscan la reelección.

Quienes adversan el segundo turno, esgrimiendo el argumento del incremento de los gastos de campaña, en realidad lo que están escondiendo es su debilidad política para conseguir, en eventos no envenenados por el financiamiento privado, la legitimación en el cargo.

Valga insistir, por enésima vez, que las reformas electorales continúan siendo parches y soluciones cosméticas, pues no profundizan en la reformulación del poder y la gestión pública. Mientras no avancemos hacia un sistema parlamentarista, donde de manera democrática los distintos sectores y tendencias puedan hacer valer su peso en la gestión pública, y no profesionalicemos a todos los servidores, evitando el clientelismo y patrimonialismo a nivel nacional y local, corrupción, autoritarismo e ineficencia serán las facetas de un Estado cada vez más debilitado y en crisis.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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