Ricardo Barrientos | Política y sociedad / MANIFIESTO

Urge auditar socialmente y denunciar a la tenebrosa Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, por actuar a favor de la impunidad y en defensa de la corrupción.

En noviembre de 2014, cuando imperaba en el Ejecutivo la corrupción de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y toda su gavilla, el Legislativo era dominado por las bancadas de los hoy extintos PP y LIDER. En el Judicial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunciaba la integración de las salas de apelaciones vigente hoy. Fue entonces cuando se informó que la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal quedaba integrada por Jaime Amílcar González Dávila como presidente, Beila Adalí Xiomara Estrada y Sonia de la Paz Santizo Corleto, como vocales primera y segunda, respectivamente.

Entonces la noticia parecía no tener relevancia alguna, al punto que al presidente de la CSJ, Josué Felipe Baquiax Baquiax, lo que le preocupaban eran las finanzas del Organismo Judicial. Sin embargo, esa Sala se ha hecho famosa como la preferida de los corruptos y la más empeñada proveedora de impunidad.

Las actuaciones sospechosas de corrupción de esta Sala Tercera de Apelaciones son numerosas, todas vinculadas con casos escandalosos de impunidad. Para empezar, una primera causa de sospecha es que la vocal primera, Beila Adalí Xiomara Estrada, es la esposa de Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social del presidente Jimmy Morales. La sospecha gana fundamento ya que fue justamente esa sala la que ha beneficiado al hermano y al hijo del presidente, Sammy y José Manuel, respectivamente.

Quizá el clímax hasta ahora del historial putrefacto de esta Sala haya sido la protección que le brindó al difunto Álvaro Arzú Irigoyen. Quizá envalentonados porque había sido la Segunda Sala de Apelaciones del Ramo Penal quien le protegió de la acusación de haber incitado a la violencia, la Sala Tercera, con los dos votos a favor de los magistrados González Dávila y Estrada contra el voto razonado en contra de la magistrada Santizo Corleto, se congració con Arzú Irigoyen al no retirarle el antejuicio en el caso Caja de Pandora.

Si la protección a Arzú Irigoyen fue el clímax nacional, el internacional fue la pantomima del caso Bitkov, ofreciéndoles a los enemigos de la Cicig en Washington D. C. una oportunidad para golpear. En este caso, la Sala Tercera no solo protegió a la red comercializadora de documentos fraudulentos y a los Bitkov, sus clientes, sino también atacó a la jueza Erika Aifán.

Además, ha destacado por medidas de protección a Gustavo Alejos en el caso Negociantes de la salud, y la más reciente de sus fechorías es haber cerrado provisionalmente el caso del bono militar, dejando impune a Williams Mansilla, quien siendo ministro de la Defensa Nacional le pagó al presidente Jimmy Morales un bono ilegal de Q 50 mil mensuales.

Denunciar y perseguir penalmente a la pandilla delincuente enquistada en la Sala Tercera de Apelaciones no sería nuevo. En 2017, la relatora Contra la Tortura, Silvia Villalta denunció y solicitó retirar el antejuicio a sus tres magistrados y a otros cinco jueces. La relatora Villalta los acusó de negociar resoluciones para dictaminar la libertad de reclusos ya condenados, y que los cinco jueces señalados se habrían reunido en varias ocasiones con los magistrados, con la intención de coordinar el monto que se pediría a los privados de libertad a cambio de emitir fallos espurios que les permitieran regresar con sus familias, entre otras decisiones favorables a la impunidad.

La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal es un caso descarado de estructura corrupta trabajando por la impunidad. De nosotros depende denunciarla y rechazar su defensa de corruptos y ladrones.

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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