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El triunfo electoral alcanzado por Carlos Alvarado en 2018 se produce en unas disputadas elecciones centradas en el debate sobre la diversidad, la igualdad y los derechos humanos. La agenda prevaleciente en el torneo electoral favoreció a dos candidatos bastante relegados en cuanto al respaldo ciudadano, pero con propuestas antagónicas sobre los temas en torno a los cuales giraba el debate, polarizando con sus posiciones la discusión y atrayendo rápidamente y de manera inusitada hacia ellas a la mayoría de los electores.

Siendo un ministro de Gobierno con una actuación discreta y en quien recaían las críticas de una gestión gubernamental muy cuestionada por la ciudadanía y con altos niveles de impopularidad, Carlos Alvarado asume una posición progresista en relación con la familia, los derechos humanos y la diversidad, y enfrenta las posiciones ultraconservadoras de su adversario, generadoras de temor entre la población y regresivas en cuanto a los avances alcanzados y las propuestas en favor de la igualdad y la superación de la exclusión en el disfrute pleno de los derechos de ciudadanía, enfrentada aún por grupos diversos de la sociedad costarricense.

La ciudadanía enfrentó el dilema de decidir entre el ascenso ultraconservador, en torno al cual se aglutinaron grupos pertenecientes a diversas corrientes de pensamiento tradicional y las alas conservadoras de diferentes partidos políticos o las posiciones más avanzadas y renovadoras, en relación con los temas alrededor de los cuales giró la discusión política electoral. Las reservas democráticas arraigadas en el sustrato de una sociedad secularmente defensora de sus derechos, inclinaron el sufragio en la dirección que, en aquel momento, consideraron ofrecía mayores garantías a la inclusión social.

Esto significa, en otras palabras, la construcción de un respaldo electoral constituido para enfrentar el observado como un riesgo y no tanto un apoyo abierto a las propuestas en un campo que no fuera aquel restringido al pliego de derechos de ciudadanía con los cuales se saturó la agenda electoral. En realidad, las proposiciones económicas, las propuestas de reforma del Estado o de política exterior, entre otras, fueron escasamente examinadas y no ocuparon la atención de manera detenida ni por los medios, los analistas y mucho menos por la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas.

Sí estaba claro que mantenía vigencia para los ganadores de la elección la continuidad de la promesa de cambio formulada por el Partido Acción Ciudadana (PAC), con la cual logró vencer al bipartidismo y alcanzar una holgada victoria electoral en el 2014. A pesar de lo difuso de la oferta, la que al cabo de un tiempo no se logró dilucidar en qué consistía, estuvo presente como un mensaje de campaña mediante la llamada a los electores a consolidar el indefinido cambio. Las alianzas establecidas con diversas personalidades políticas (no con partidos políticos), pertenecientes a diferentes agrupaciones (PUSC, PLN y FA), integrados en el gabinete y en diversos cargos del Poder Ejecutivo, aumentaron las interrogantes en relación con la dirección del cambio propuesto.

Sobresale, en ese sentido, la firma del acuerdo entre el candidato Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien ocupó la cuarta posición en la primera ronda. El documento, titulado «Gobierno Nacional: acuerdo por la esperanza, la equidad y el desarrollo», establece las bases de su entendimiento. Este acuerdo condujo a ocupar posiciones de gobierno, en áreas estratégicas, a numerosos miembros de este partido político, de una marcada tendencia liberal, quedando a su cargo la conducción de la política económica y asumiendo Rodolfo Piza, firmante del acuerdo, la destacada posición de ministro de la Presidencia, desde la cual ejerce una evidente influencia en la conducción de las políticas y la acción gubernamental.

Revisar estos antecedentes resulta necesario para analizar este primer año de la gestión gubernamental del presidente Alvarado y del comúnmente llamado como el gobierno Alvarado-Piza. El rasgo distintivo de estos 12 meses de gobierno ha sido su carácter monotemático: giró, substancialmente, alrededor de la aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

A lo largo del año se gestó una acre discusión nacional de la que fueron partícipes empresarios, sindicatos, universidades, movimientos sociales, medios de comunicación, partidos políticos, académicos, gremios profesionales y autoridades estatales, entre otros, tratando de oponerse a la propuesta o de alcanzar un acuerdo y consensuar un proyecto alternativo. En el fondo del debate había acuerdo en cuanto a la necesidad imperiosa de aprobar una reforma fiscal, dada la difícil situación enfrentada por las finanzas públicas.

En lo que nunca se alcanzó un acuerdo fue en cuál debería ser el contenido de la reforma, pues la propuesta, finalmente aprobada, fue calificada como inaceptable por amplios grupos y que al gravar con el IVA a la canasta básica se afecta a grupos amplios de la población. Además, en esta reforma se introducen una serie de modificaciones a la Ley de Salarios de la Administración Pública, creándose topes a algunos sueldos y reduciéndose varios pluses salariales, tales como las anualidades y la dedicación exclusiva, de las que han disfrutado hasta ahora los funcionarios públicos.

Por su parte, la ausencia de mecanismos más apropiados para controlar la evasión y la elusión fiscal, así como la exoneración del pago total de los intereses de las deudas correspondientes a las obligaciones tributarias devengadas en los periodos fiscales anteriores del 1 de octubre de 2017 y la posibilidad de acogerse a la reducción de las sanciones asociadas a sus obligaciones tributarias, por parte de grandes deudores, contribuye a la percepción de que la reforma no afectó de igual manera a todos los grupos de la sociedad.

El proceso de aprobación se llevó a cabo en un entorno lleno de crispación, con una prolongada huelga que mantuvo paralizados numerosos centros educativos e instituciones públicas, con una evidente negativa a dialogar por parte del gobierno, en medio de una arremetida antiestatal por parte de los medios y una satanización de los sindicatos, debilitados y desgastados por una criticada paralización que no consiguió sus objetivos. Se convierten estos, por lo tanto, en mecanismos adoptados para crear condiciones para la aprobación de la reforma fiscal, pero dispuestos a favorecer las propuestas de reforma del Estado y una ley de empleo público, cuyos alcances no son aún del todo claros.

El gobierno se ha alineado con las políticas de austeridad o de aumento de impuestos y de recorte del gasto público, cuyos resultados han sido devastadores para el crecimiento de las economías, las políticas sociales y el bienestar de las poblaciones en la mayoría de las sociedades en las cuales se han aplicado [1]. El incremento del malestar ciudadano y el ascenso de movimientos políticos antiestablishment, entre ellos, grupos de ultraderecha cada vez con mayor representación política, los cuales proliferan como resultado de un sentimiento generalizado de que los sistemas no están dando respuestas a las necesidades esenciales de los ciudadanos (tales como la vivienda, la salud y la educación), sus derechos son entendidos como privilegios indebidos y hay una incapacidad de los gobernantes de percibir las consecuencias del menoscabo del bienestar, la pérdida de la cohesión social y la creciente ruptura de la identidad nacional.

La narrativa del cambio y la ruta gubernamental marcada sigue siendo difusa, pero sus decisiones (sus prácticas políticas), esas sí, tienen una orientación explícita y conducen a completar lo que los más representativos economistas liberales del país consideraron siempre como «reformas políticas y económicas incompletas» o como un conjunto de medidas que «no permitieron cruzar a la otra orilla del río». Esa otra orilla es la de la venta de las empresas estatales, la desregulación más extendida, el desmantelamiento institucional y la reducción aún más drástica del empleo público y de los derechos laborales de los funcionarios estatales.

Esto ha sido comprendido así por algunos sectores que, en su momento, dieron su voto a Alvarado, pero que no comparten la orientación de las medidas adoptadas en sus primeros 12 meses de gobierno, ni ven con buenos ojos la alianza parlamentaria de la cual forma parte el PAC, persiguiendo un supuesto «pragmatismo político», traducido en que el fin perseguido no para mientes en pequeñas cosas y cualquier medio está justificado para su consecución. Lo que se pretende es crear las condiciones requeridas para profundizar las próximas reformas.

Esta posición pareciera calzar bien en su desdibujada propuesta partidaria de cambio; como pueden caber, por su reiterada indefinición política e ideológica, muchas otras cosas. Entre ellas, una política exterior confusa, alejada de las sobrias y prudentes relaciones internacionales mantenidas por el país, con alguna notable excepción, respetuosa del derecho internacional y proclive a buscar la negociación y los acuerdos, aún en aquellos casos en que nuestro entorno más próximo se vio envuelto en situaciones de extrema gravedad.

Si por la víspera se suele sacar el día, es posible que al país le esperen largos meses de crispación política y de confrontación. Los medios seguirán respaldando la dirección del «cambio» adoptada por Alvarado y la ruta seguida, por la que nadie votó, seguirá profundizando un modelo que espera algún ajuste sensato y continuará el imparable desgaste gubernamental. La otrora esperanzadora acción ciudadana, seguirá esperando hacerse realidad.

Por Jorge Mora