-Ricardo Gómez Gálvez / GUATEMALA: LA HISTORIA INCONCLUSA–
Ya queda claro, en el devenir del debate sobre los acontecimiento históricos que definen el perfil del Estado guatemalteco, como las alianzas entre sectores dominantes, para el sojuzgamiento, control y dominación de los grupos subalternos de la sociedad, ha servido para construir coaliciones perversas, dinámicas, diversas, oportunistas y eficaces. El cemento, ha sido la corrupción y su hija bastarda, la impunidad, para la expoliación de los más débiles en beneficio de la acumulación de la riqueza en las élites de los grupos dominantes, por medio del despojo abierto gracias a las tiranías, o mañosamente encubierto por medio de las engañifas y el doble discurso seudodemocrático.
Esa fenomenología ha determinado que desde los llamados motines de indios, bien estudiados y descritos por Severo Martínez Peláez, pasando por las insurrecciones previas a la Independencia y finalmente los movimientos revolucionarios e insurgentes del siglo XX, se haya conformado esta historia de etapas inconclusas que caracteriza a Guatemala.
La preeminencia de lo externo, dadas las circunstancias geopolíticas de nuestro país, ha sido la piedra angular de esas alianzas, las cuales siempre han estado determinadas por la aprobación desde los centros hegemónicos; España en los siglos XVI, XVII y XVII; Inglaterra en el siglo XIX y los EE. UU. en el siglo XX.
Los avatares característicos de las pugnas por la hegemonía mundial han determinado las tendencias externas que han influido determinantemente en la historia de Centroamérica. Las pruebas más recientes fueron los movimientos insurgentes que protagonizaron las guerras civiles de Guatemala, El Salvador y Nicaragua a finales del siglo pasado. La pugna entre los EE. UU. y la URSS por el predominio mundial marcó la historia de los pueblos y las vidas de varias generaciones. La intolerancia y el atropello abierto de las libertades fundamentales del hombre y del ciudadano abrieron las compuertas a la violencia armada.
El salto a la posmodernidad trajo un escenario de caos e incertidumbre que abate todos los precedentes. Estamos ante realidades inéditas, frente a las cuales faltan siempre referentes suficientemente iluminadores. El conocimiento crítico de la Historia sigue siendo siempre el único asidero, ya que en el pasado, las paradojas y los sinsentidos siempre han estado presentes en los momento más álgidos de la historia humana. Probablemente la historia del siglo XX haya sido la etapa más absurda de la historia moderna.
En Guatemala estamos viviendo un momento extraordinario de nuestro acontecer histórico. Cualquier esfuerzo por enmarcarlo en los esquemas viciosos del pasado fracasará, por tres razones contundentes: el mundo cambió hacia la incertidumbre, lo cual deja sin piso a los poderes tradicionales; el Estado se aboca a su crisis más profunda de los últimos ciento cincuenta años; lo cual probadamente ha convocado un renacimiento del papel de la juventud. Por ello, la Plaza, ahora, tiene vida propia, porque es una expresión de la juventud. La Plaza es el espacio propio de la nueva ciudadanía del futuro.
En este sentido es importante señalar que la Plaza al demostrar su eficaz sobrevivencia, también apunta en la dirección correcta del aprendizaje colectivo. Es evidente la conexión existente entre las consignas y las propuestas programáticas del 2015 y aquellas que surgen con determinación y fuerza en la reciente movilización ciudadana. Renuncia, renovación y reforma; en esto último y en primer lugar instalación de un nuevo sistema electoral y de organizaciones políticas. Hay un rechazo directo a la figura desprestigiada de los partidos políticos nacionales.
La magnitud de la protesta, la claridad de las consignas y de las propuestas, sumadas a la complejidad de la situación imperante derivará en un enorme desafío consistente en la administración política de esta fuerza renovadora, dada su pluralidad y diversidad.
En algún punto debe encontrarse el hilo de la madeja por doble vía: en primer lugar, la vía práctica para encauzar el debate en esas condiciones, y hoy por hoy ese desafío debe centrarse en el establecimiento de reglas claras y sencillas para encauzar y articular ese debate social y político.
Pero en segundo lugar, en la parte sustantiva, debe encontrarse el punto medular del cual depende toda la renovación del andamiaje histórico y político. No cabe duda que el tema crucial es el que se relaciona con la necesidad urgente de un nuevo sistema electoral y de formas novedosas de organización política.
Haciendo acopio de esas ideas, y antes de iniciar una presunta reforma a la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), Decreto 1 de la Asamblea Nacional Constituyente, es menester afirmar que esa vía, la de reformar parcialmente la normativa fracasada, ha probado no ser la forma de responder a las demandas de la población en esta materia. Todas las iniciativas de reforma así concebidas han fracasado, sea porque no se construyen consensos, sea porque en la misma reforma que se aprueba, los diputados aprueban la ley e incluyen la trampa. Van por lo menos ocho reformas la mencionada LEPP y el sistema sigue intacto. Es un sistema en cual los ciudadanos votan pero no eligen. Permanece en manos de las cúpulas partidarias negociar las curules, manosear las listas y finalmente constituir las clicas llamadas eufemísticamente bancadas del Congreso.
El debate debe centrarse en la definición y conceptualización del sistema electoral y de partidos que responda a las aspiraciones de la Plaza desde las manifestaciones del año 2015. Primero hay que definir en qué consiste el sistema de representación que queremos, tanto para el Poder Ejecutivo, como para el Poder Legislativo, dado que el actual sistema se agotó; no tiene la legitimidad política derivada del consenso ciudadano.
La Constitución define un balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no configura un sistema presidencialista; esta es una falsa apreciación muy difundida y totalmente apartada de la verdad. El sistema es semiparlamentario, el cual otorga poderes especiales al Congreso.
El problema de fondo que origina la crisis del sistema político guatemalteco ahora mismo, radica en las funciones casi omnímodas que la Constitución le atribuye al Congreso. Veamos si no: el Congreso puede inducir legalmente la integración del Consejo de Ministros por la vía de la interpelación y del voto de falta de confianzas, obligando al Ejecutivo a negociar; el Congreso puede enviar a un diputado, conservando su calidad de tal, como ministro de Estado; el Congreso, al fiscalizar el sistema gubernamental, puede cogobernar; el Congreso reparte el presupuesto.
Qué más poderes necesita un Congreso para ser todopoderoso. Y no cabe duda que, sin un nuevo sistema electoral y de organizaciones políticas, llamar a una Asamblea Constituyente sería dar un salto al precipicio, ya que, con el actual sistema electoral y de partidos políticos, esa iniciativa es poco menos que absurda, porque los actores serían los partidos que probadamente han sido los responsables directos de la corrupción y la impunidad.
Luego, el centro de la controversia es el sistema por medio del cual se integra ese Congreso y, en su caso y posteriormente de una Asamblea Nacional Constituyente; esa es la punta de la madeja.
Luego se infiere que, para resolver la crisis política, es imperativo reformar radicalmente ese sistema, causante de todos nuestros males políticos, de la corrupción y de la cooptación del Estado. ¿Cómo se hace esto? Definiendo y conceptualizando, en el marco de una interpretación legítima de la Constitución, cual es el sistema electoral y de organizaciones políticas (ya no solamente de partidos políticos), que no corra el riesgo de degenerarse, provocando un caos como el que ahora vivimos.
La Constitución lo permite, las cortes lo pueden conocer y, en su caso, convalidar esa ruta para procesar las reformas más urgentes. 
Ricardo Gómez Gálvez
Político de vocación y de carrera. Cuarenta años de pertenencia al extinto partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Consultor político para programas y proyectos de la cooperación internacional y para instituciones del Estado.
0 Commentarios
Dejar un comentario