Mario Polanco | Política y sociedad / NO MÁS IMPUNIDAD

Nuestro Diario ha evidenciado la existencia de una red de instituciones y personas que realizan vigilancia e intervención de teléfonos y redes sociales. Utilizando equipo sofisticado que fue obtenido con recursos del Estado, se han dedicado a espiar a dirigentes políticos de oposición, activistas sociales, periodistas, embajadores e incluso al personal de la Cicig, entre ellos a Iván Velásquez.

Se trata de una actividad ilegal, en primer lugar debido a que los funcionarios que realizan estas escuchas y vigilancia han sido contratados para combatir a quienes, desde la delincuencia, mantienen en zozobra a la población. En segundo lugar porque se han desviado al menos Q 90 millones para la adquisición de equipo tecnológico usado para la intromisión en la intimidad de las personas, dinero y equipo que debió ser utilizado para para mejorar la seguridad ciudadana.

Durante décadas se ha sospechado que las entidades encargadas de garantizar la seguridad de las personas se han dedicado a la vigilancia y a intervenir teléfonos, empero es hasta ahora que se cuenta con información certera de que esta práctica se viene implementando. Con la publicación de Nuestro Diario ha sido posible conocer los nombres de algunos de los responsables y de algunos de los vigilados, además del lugar en el que se montó la infraestructura para realizar esta práctica.

Debido a la ilegalidad de la acción, además de que los vigilados no son delincuentes, sino solamente opositores políticos y sociales, y férreos activistas contra el fenómeno de la corrupción, se corre el riesgo de que la información recabada sea utilizada para cometer algún acto violento, pudiendo poner en peligro la vida e integridad de las personas espiadas o sus familiares.

La comisión de violaciones a los derechos humanos, entre ellas vigilancia, pérdida de la privacidad e intimidación, genera que las familias que pudieron haber sido objeto de vigilancia se sientan vulnerables e inseguras, debido a que las entidades encargadas de garantizar la seguridad son las que se pueden convertir en las perpetradoras de posibles acciones delincuenciales que pongan en peligro su vida, integridad y patrimonio.

En el pasado, las prácticas de vigilancia y seguimiento fueron la causa de muerte, desaparición forzada, amenazas, torturas y otros delitos contra miles de personas, no es posible que nuevamente esa oscura sombra de terror aceche a la población. Por ello, el MP debe convertirse en el defensor de las libertades que han sido conquistadas luego de décadas de luchas sociales y esto solo se puede lograr a través de procesos de investigación penal que den como resultado el castigo de los responsables.

La intervención telefónica y la vigilancia constituyen delitos, entre los responsables se encuentra uno de los viceministros de Relaciones Exteriores, debido a la serie de contravenciones que se han cometido, se hace necesario que se realice una profunda investigación que permita capturas, procesamiento y castigo.

Mario Polanco

Graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con Maestría en Seguridad y Defensa por la Universidad Mariano Galvez, actualmente director del Grupo de Apoyo Mutuo. Activista de derechos humanos, haciendo esfuerzos para que no haya más impunidad.

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