-Ana Lorena Ruano / HABLANDO DE SALUD–

La participación de las personas en el sistema de salud ha sido reconocida desde hace décadas como uno de los pilares de la atención primaria en salud y, en teoría, se encuentra al centro de todos los procesos de desarrollo de políticas públicas así como de rendición de cuentas. La experiencia y la evidencia nos muestra que las intervenciones y los programas de salud cosechan mejores resultados cuando hay participación real, significativa y comprometida, especialmente cuando estos procesos incluyen a poblaciones marginalizadas. Sin embargo, ¿cómo podemos asegurarnos que la participación exista? ¿Cómo saber que se ha llevado a cabo?

Una de las respuestas a estas preguntas se efectúa a través de procesos claros y transparentes que promuevan la participación incluyente, por medio de esquemas de financiamiento que favorezcan la inclusión de más voces de las que normalmente escuchamos. Tenemos ejemplos de esto en nuestro vecino al sur, Brasil, pero también en la India, en Uganda e incluso aquí, en Guatemala. Ahora bien, lo que sabemos que funciona a nivel local, no siempre lo hace cuando lo escalamos y tratamos de trabajar a nivel nacional. Alrededor del mundo vemos que es muy difícil asegurar la participación activa de las comunidades vulnerables o marginalizadas en el escenario nacional.

El derecho a la salud, que es parte de nuestra constitución y que debería ser el valor central de nuestro sistema e instituciones que trabajan en el sector, trae consigo el requerimiento de involucrar a las personas en las decisiones que afectan sus vidas y enfatiza la necesidad de incluir a grupos poblacionales que tradicionalmente han sido excluidos y marginalizados de los procesos de políticas públicas. Para mí, al igual que para muchos otros académicos y profesionales de la salud, no puede existir el derecho a la salud sin la participación, pero no puede existir una participación real sin antes redistribuir el poder de toma de decisiones a través de procesos democráticos. La ciudadanía debe ser capaz de impactar en la política pública y de entablar procesos reales con autoridades a nivel nacional. Para hacer esto, es necesario el desarrollo y fortalecimiento de estructuras de comunicación y participación que conecten a lo local con lo nacional y a lo nacional con lo global. Este es el gran reto de la agenda mundial de desarrollo, pero también de la nuestra.

Guatemala, como tantos otros países en vías de desarrollo, solo puede alcanzar una justicia social verdadera y el desarrollo social y económico equitativo al mejorar el equilibrio de poder a través de vías democráticas. Este es, realmente, el único camino hacia una sociedad más equitativa e inclusiva. Los retos a los que nos enfrentemos no son eternos, sino obstáculos que podemos superar por medio del fortalecimiento de los espacios de participación que ya existen, de diálogos con comunidades y organizaciones de la sociedad civil, y aprendiendo de las lecciones del pasado y de otros países. Ahora que como país enfrentamos el reto de pararnos ante la corrupción y ante la desinformación que nos hace creer en intereses que no son los nuestros, preguntémonos, ¿cómo podemos escuchar y entender los problema del otro? Este es el primer paso para reconocer que lo que otros sufren nos afecta a todos y que son nuestros problemas también. Solo trabajando juntos se puede avanzar hacia una mejor Guatemala.

Ana Lorena Ruano

Socióloga por profesión y salubrista por convicción. Pienso que a través de una discusión abierta y honesta, podemos entender y mejorar el sistema de salud.

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