– Edgar Florencio Montúfar Noriega / IDEAS AL AGUA –
La última semana del mes de noviembre se destacó por la atención en el Congreso de la República, debido al papel que le da la ley de aprobar o no el presupuesto. La misma ley estipula como fecha límite para esta acción el 30 de noviembre, y si en dado caso no se logra aprobar, el Gobierno tendrá que utilizar el mismo presupuesto del año anterior.
La no aprobación del presupuesto 2018 y la entrada en vigencia del presupuesto 2017 evidencia que no existe un acuerdo en el Organismo Legislativo, o por lo menos, que el Ejecutivo en el tema presupuestario no ha tenido la capacidad de asumir un liderazgo. En este caso en específico, el liderazgo no se alcanza con la capacidad de negociar. Se logra un liderazgo cuando se puede proponer una visión de país y esa visión de país es aceptada y ambicionada por la población, especialmente por la clase política y los sectores sociales con capacidad de influir.
Una de las consecuencias de la no aprobación del presupuesto 2018 es que los recursos destinados a la acción pública se mantienen igual al año anterior. Con el problema de que el mismo presupuesto podrá adquirir menos gracias a la inflación. Pero esperemos que la experiencia de este año permita a la actual administración ejecutarlo sin problemas y no que llegue a septiembre del 2018 con porcentaje muy bajo de ejecución.
Esta disminución impactará en todo el Gobierno, pero pongamos atención en las instituciones que están trabajando contra la corrupción, como el sector justicia o el Ministerio Público.
Si bien uno de los principales argumentos que circuló dentro de los medios fue la idea de que el nuevo presupuesto implicaría un aumento de la deuda pública, en ningún momento se planteó la necesidad de aprobar un presupuesto sin deuda pública o la necesidad de aumentar los impuestos y eliminar las exenciones para poder cubrir el nuevo presupuesto.
El otro argumento que circuló es que el presupuesto tenía agujeros por donde se podría fácilmente robar recursos públicos. Pero el esfuerzo por señalarlos y cambiarlos dentro de la propuesta de presupuesto fue pequeño e inadvertido. Además, podría haber tenido como fruto un presupuesto grande, con los elementos legales que permitieran disminuir la posibilidad que fueran robados por políticos y empresarios corruptos.
Finalmente, la corrupción se está convirtiendo en el “petate del muerto”. La explicación de que un presupuesto grande aumenta la corrupción es un argumento con sentido si se asume que siempre habrá corrupción. Para tener cero quetzales perdidos por la corrupción es necesario tener un presupuesto de cero quetzales, pero realmente se tendrá un Estado muy pequeño que no podrá evitar la impunidad. 
Edgar Florencio Montúfar Noriega
Hijo, padre, esposo, hermano, sociólogo y pecador creyente que vuelve a pecar
Un Commentario
El tema del presupuesto resulta siendo un daño colateral producto precisamente de la ausencia de liderazgo tanto dentro del Ejecutivo como del Legislativo, como bien indica el Dr. Montúfar; resulta paradójico el reconocimiento y respaldo que el Presidente recibe de la embajada americana y del sector empresarial organizado en su lucha contra la corrupción, mientras el lastre del pacto de impunidad originado el 13 de septiembre en el Congreso de la República continua teniendo secuelas, que se aprecian ahora tanto con la aprobación del presupuesto, como con la elección de la Junta Directiva del Organismo Legislativo. Evidentemente hay dos visiones paralelas sobre los mismos actores, una proveniente del poder real, que sostiene al gobierno; y otra de la percepción popular generada desde los medios de comunicación, pero no haber alcanzado el consenso para el nuevo presupuesto ni para la junta directiva indica que la clase política política guatemalteca atraviesa una miopía que les incapacita dinamizar mientras los intereses en juego se mantengan alejados del bien común. Saludos.
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