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En Guatemala, la situación de las niñas pobres conlleva un riesgo triple. Mientras la pobreza, en lugar de decrecer año con año aumenta, con casi uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años padeciendo desnutrición crónica, las niñas nacidas en esas condiciones también se ven marginadas del sistema escolar y, en muchos de los casos, víctimas de estupro y violadas, siendo obligadas a asumir una maternidad no deseada en caso de quedar embarazadas.

Con un sistema escolar que apenas si cumple con los horarios y calendarios de clase, sin llegar a ser un instrumento efectivo para la movilidad social, la pobreza familiar les condena a condiciones de vida infrahumana, siendo, además, los primeros miembros de la familia que se ven obligadas a dejar la escuela. Pobres y desescolarizadas, apenas sobreviviendo en una sociedad conservadora y patriarcal, estas niñas se enfrentan, además, al riesgo de un embarazo para nada deseado, el que se les obliga a soportar porque la manipulación ideológica de la sociedad así lo impone. Las niñas guatemaltecas, y con más intensidad las pobres e indígenas, sufren el acoso permanente de parientes y vecinos, quienes, educados en el machismo autoritario, las ven simplemente como objeto reproductor, responsable de lo doméstico.

Según los datos del Banco de Guatemala, en el país la pobreza la sufre 59 % de la población, lo que significa que de cada diez niños y niñas seis son pobres, de los cuales más de dos están en condiciones de pobreza extrema. Pero no en todo el país la pobreza se padece en iguales proporciones, si en el departamento de Guatemala apenas 5.4 % de su población vive en pobreza extrema y en Huehuetenango la padece el 28.6 %, en Quiché, Totonicapán y Chiquimula cuatro de cada diez de sus habitantes habitantes (41 %) viven en pobreza extrema, situación en la que vive más de la mitad de los habitantes (53.6 %) de Alta Verapaz.

Los datos del Ministerio de Educación, por su parte, permiten no solo confirmar que en la pobreza, especialmente indígena, las primeras en dejar o no asistir a la escuela son las niñas, sino que la cobertura es apenas un vano entretenimiento, pues los índices de la pobreza aumentan día con día. Si en el departamento de Guatemala, donde mucho menos pobres habitan, 94 % de las niñas entre siete y doce años están en el nivel primario, En Alta Verapaz, el departamento con más pobreza del país, el sistema alcanza a cubrir tres de cada cuatro niñas (75.8 %). En aquellos tres departamentos que le siguen con mayor cantidad de población en pobreza extrema (41 %), las dinámicas de cobertura escolar resultan diferentes, mientras en Totonicapán solo es atendido 59 % de sus niñas, en Quiché sube a 67 % y en Chiquimula, alcanza a 80 % de las niñas.

Dependiendo del área geográfica en la que se encuentren, muchas de las niñas pobres logran ir a la escuela, pero la pobreza no se reduce y, conforme aumenta, también crece el número de las que dejan de asistir a la escuela.

Junto a ello, los índices de embarazo infantil también aumentan, poco relacionado con la cobertura escolar, pero tampoco con los índices de pobreza extrema. Considerando la inscripción de niños nacidos vivos que proporciona el Registro Nacional de Población -RENAP-, en el primer semestre del año pasado 1 138 alumbramientos fueron de madres menores de quince años. Embarazos producto de la comisión de, por lo menos, el delito de estupro y muy probablemente de violaciones que, en la inmensa mayoría de los casos, no llegaron ante juez competente, pues las distintas instancias obligadas a denunciarlo no lo hicieron. Las cantidades crecen enormemente cuando se habla de madres menores de edad, llegándose a contabilizar, para el mismo período, la inscripción de 34 685 niños de madres menores de 19 años y mayores de 15.

Nótese que solo hay información de aquellas niñas que, obligas a ser madres, llegan a dar a luz. Los números de los crímenes de violación y estupro seguidos de embarazos que no llegan al alumbramiento con certeza son muchísimos más, pero no hay datos al respecto, como pueden ser aún muchos más los casos de aquellas niñas que, siendo víctimas de tales crímenes no quedan embarazadas y el delincuente, como los de todos los casos, permanece impune.

La situación resulta más alarmante pues, siendo niñas de hogares pobres o extremamente pobres las más expuestas a ser víctimas de estos crímenes, las proporciones de esos embarazos se producen en más cantidad en los departamentos más poblados y no necesariamente los más pobres, lo que lleva a suponer que las niñas pobres, en regiones menos pobres, están mucho más expuestas al abuso sexual.

Es en los departamentos de Guatemala y Huehuetenango donde se contabiliza un mayor número de partos de niñas: 135 y 138 de menores de 15 años y 5 755 y 3 802 de niñas de entre 15 y 19 años. En Alta Verapaz, con casi igual número de habitantes que Huehuetenango y casi el doble de su población en extrema pobreza, los alumbramientos de niños vivos fue, en el mismo período, de 98 de madres menores de quince años y de 3 244 de niñas entre quince y 19 años.

Lo anterior lleva a hipotetizar que las niñas pobres de Huehetenango, siendo menos, están aún más expuestas al estupro y violación, pues la cantidad de alumbramientos fue casi la misma que en Alta Verapaz, lo que también puede decirse de las del departamento de Guatemala, donde la pobreza es supuestamente menor, pero el número de embarazos de menores de edad es elevadísimo.

Guatemala es, pues, un país en el que las niñas están expuestas diariamente al abuso sexual, sin que las distintas instancias de la sociedad y del Estado hagan algo por evitarlo. Los centros y puestos de salud, cuando llegan a atender un alumbramiento, no operan como centros de denuncia del crimen cometido, como tampoco lo hace el Renap.

El sistema escolar, por su parte, funcionando como simple depósito de niños, sin más propuesta que cumplir con los 180 días de clase, tampoco es un espacio protector de las niñas en situación de riesgo, estando alejado totalmente de su responsabilidad educadora para la prevención del abuso sexual y el embarazo prematuro. Iglesias y agrupaciones conservadoras terminan de completar el macabro cuadro que acecha a las niñas pobres pues, con sus visiones antihumanas e hipócritas, penalizan doblemente a las víctimas, obligándolas a perder no solo su infancia sino a cargar con una maternidad que, por ser altamente prematura, les imposibilitará, aún más, salir del círculo de la pobreza.

Familia, iglesia, sociedad y Estado son todas agencias sociales que, en lugar de proteger a las niñas frente al estupro y la violación, lo fomentan, construyendo día con día una cultura del abuso sexual contra las niñas que hasta llega a verse como natural.

Por Virgilio Álvarez Aragón

Fotografía principal tomada de Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes.