-Ana Leticia Aguilar | PUERTAS ABIERTAS–

Mi paso por la Secretaría Presidencial de la Mujer –Seprem– fue breve, dos años, en vilo.

Llegué ahí en agosto de 2016 y fui destituida en agosto de 2018.

El gobierno de Otto Pérez Molina había roto, por primera vez desde la creación de la Seprem, el procedimiento de consulta a organizaciones de mujeres para el nombramiento de la secretaria, actitud que mantuvo hasta el fin. Con el cambio de gobierno, varias de estas organizaciones realizaron incidencia por la vía del Sistema de Consejos y el presidente accedió a retomar el procedimiento y convocar al proceso de selección. Y entonces Jimmy Morales me eligió de una lista de diez mujeres seleccionadas por el movimiento. Nunca llené sus expectativas, ni él las mías.

La voluntad política manifestada en ese momento, pronto se esfumó. Rápidamente la Seprem fue parte del conjunto de Secretarías que nunca interesó a su gestión. Muy temprano me enfrenté a formas arbitrarias de gestión y a prácticas anacrónicas de gobierno. Él y su gabinete de gobierno, salvo raras excepciones, no conocían el Estado, ni entendían el carácter del mismo de cara a la garantía y tutela de Derechos Humanos, en particular de las mujeres.

Totalmente desconocedor de la cosa pública e incapaz de gobernar, su ignorancia sobre la teoría y la práctica respecto de la implementación de políticas públicas como desempeño de gobierno, para la disminución de las brechas de inequidad entre hombres y mujeres, rápidamente marcaron la pauta del escaso, o casi inexistente, vínculo entre la presidencia y la Seprem.

La Secretaría Presidencial de la Mujer es el mecanismo de más alto nivel en el Ejecutivo, para asesorar y coordinar las acciones de política pública con instancias gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos de las mujeres. Es el resultado del proceso que el país emprendió después de la firma de los Acuerdos de Paz, en aras de implementar e institucionalizar políticas públicas a favor de la disminución de brechas de inequidad y en favor de la igualdad. Es la concreción de muchos años de trabajo y aportes del movimiento de mujeres y feminista en el país, el cual le ha acompañado a lo largo de sus ya casi 20 años de existencia.

Habiendo sido funcionaria de Estado y servido públicamente por varios años, asumí el reto de dirigir la Secretaría, sabiendo que me enfrentaba a una institución sumida en una profunda e histórica crisis. Convencida de la importancia de la gobernanza democrática, tocaba diagnosticar la situación y proponer una salida. El diagnóstico se realizó y la salida fue refundar el mecanismo, esta vez sobre bases afincadas en las nociones de reestructura del Estado, la nueva gobernanza democrática y, por supuesto, a partir del mandato institucional de asesoría y acompañamiento al sector público y otros poderes del Estado, para la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres.

No hay que olvidar que la Seprem surgió en el contexto político de transición del Estado contrainsurgente, a uno más moderno, democrático y representativo. En ese momento, la preocupación fundamental era respecto de la legitimidad del gobierno y, bastante menos, sobre su capacidad de gobernar. Estaban presentes en la memoria, la enorme ineficacia gubernativa, producto de la existencia de un Estado autoritario y contrainsurgente, violador de derechos humanos; así como la represión de cualquier oposición o conducta política contraria a los intereses de los grupos de poder hegemónico.

Para cuando tomé posesión, la Secretaría había cumplido diecisiete años, período durante el cual no logró institucionalizar la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, como nociones de desarrollo, ni como ámbitos de desempeño público. Su preocupación a lo largo de estos años había estado más vinculada al ámbito político de implementación de políticas y mucho menos al ámbito técnico. Aspectos como la promoción y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, así como su reconocimiento en la agenda pública, fueron su principal enfoque.

Viejas nociones de gestión pública, afincadas en anacrónicos modelos de gobernanza, modelos conceptuales y procesos de gestión de la información y el conocimiento poco claros y a veces confusos, actividades orientadas a funciones y no a procesos, y por tanto, una estructura poco funcional, fueron algunas de las prácticas que dieron lugar a la crisis institucional ya mencionada.

Otros factores estuvieron asociados a debilidades respecto a su rol de asesoría y acompañamiento técnico, particularmente respecto de la emisión de directrices político técnicas para el ciclo de planificación, programación, presupuesto e inversión pública. Y en ese tanto, una total o casi nula capacidad profesional de muchas/os de sus colaboradores.

En síntesis, la Secretaría era una institución que no se desempeñaba en pos del control de convencionalidad y tratados, que no hacía seguimiento y evaluación de políticas públicas para la equidad y la igualdad, y con poca capacidad informativa, analítica y gerencial. Ello ocasionó, a lo largo de estos años, escasos resultados y no impactó favorablemente en la vida de las mujeres.

La transformación y el reposicionamiento global que emprendí junto a mis colaboradores, en aras de reestructurar y reposicionar el mecanismo, apenas empezó a sentar las bases de un nuevo modelo de gobernanza para la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres.

A lo largo de estos dos años hubo que hacer malabares para lidiar con el viejo arquetipo de gobierno, las necesidades históricas irresueltas y urgentes, generadas por la exclusión y la discriminación, y los cambios y la modernización emprendidas. Pero lo que es peor, todos los cambios sucedieron lejos de la Presidencia. Todo tuvo lugar al margen de los intereses y la comprensión de quienes toman las decisiones en este gobierno.

Largos y continuados esfuerzos por dialogar y acercarme al presidente, fueron la antesala a una relación fría, lejana y meramente formal entre él, sus allegados y yo. O fueron sustituidos por emisarios (reales o imaginarios), enviados a manifestarme su inconformidad o su claro malestar frente a mi gestión.

Aunado a ello, vi crecer la desconfianza política (que sentí que siempre estuvo presente), la suspicacia frente a mi desempeño y actividades, sobre todo públicas, o ante mis esfuerzos de diálogo e interlocución con actores de los otros poderes del Estado y de la cooperación internacional. Esta situación se tornó más y más compleja, conforme este gobierno fue dando muestras de imposición, arbitrariedades, manipulación y oportunismo frente al orden jurídico e irrespeto a los derechos humanos y un abandono total a la implementación de políticas sociales.

Una Secretaría con las características que tiene Seprem y los enormes cambios emprendidos, difícilmente puede existir y desempeñarse en un gobierno de espaldas a los derechos humanos, que además cree que la labor de gobernar es exclusiva del gobierno.

Difícilmente coexiste con un gobierno que no entiende o desconoce abiertamente el rol que le corresponde como convocante a diálogos ciudadanos frente a intereses de orden público. Un gobierno que sospecha y reprime la oposición, la diferencia, e incapaz de hacerse cargo de la demanda ciudadana, en particular de los sectores más marginalizados de la sociedad, como es el caso de las mujeres. En síntesis, un gobierno que no gobierna, que no es capaz de gobernar de forma competente y experta.

Esta clase de gestión actúa como un kraken que hace naufragar el barco, por más bien dotado que esté y pese al mejor equipo al frente de su navegación.

El esfuerzo por modernizar la Secretaría como una institución con capacidades técnicas y políticas para dar respuesta a la problemática de la discriminación y la exclusión es muy compleja en este país que, en lugar de evolucionar políticamente, se encuentra sumido en una crisis de gobernabilidad.

El recuento de los logros alcanzados en estos dos años, sin embargo, no es menor. La Seprem fue sujeta de un proceso de análisis de competencias y desde la óptica de macroprocesos, lo que permitió su reestructura a fondo.

Esta reestructura política y administrativa se dio en el marco de procesos de reposicionamiento institucional dentro del conjunto de instituciones del Estado, tanto a nivel sectorial como territorial. Actualmente, la Secretaría cuenta con representantes en cada departamento.

Además, fueron sentadas las bases de un proceso de control de convencionalidad y tratados, que está construyendo ese desempeño como parte de las funciones del Estado en pos de los derechos humanos de las mujeres; vinculado estrechamente al sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas para la equidad y la igualdad y en el marco del seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, que ojalá logre remontar la instrumentalización que este gobierno ha hecho de él en función de sus intereses políticos.

La Secretaría ha avanzado en la construcción de instrumentos de implementación de políticas, particularmente vigentes para los ámbitos de la planificación, la programación, el presupuesto y la inversión públicas; pero también en lo que respecta a la gestión de riesgo a desastres, el medio ambiente y el cambio climático.

Un logro especialmente importante lo constituye la actualización del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Planovi), cuya fase de consulta con actores estratégicos del Estado y sociedad civil ha finalizado.

Estos avances no podrán sostenerse en este momento, sin la participación decidida de las organizaciones de la sociedad civil con las nuevas autoridades de la Secretaría, que hasta ahora han mantenido un compromiso con la sostenibilidad de los procesos y los pendientes.

Pero, más allá de eso, hace falta que los actores políticos de la coyuntura electoral, incorporen este debate en sus análisis y no reproduzcan el búnker político de este gobierno al respecto.

Este 8 de marzo es propicio para reiterarles que las mujeres estamos observando y ya nos cansamos de esperar.

Ana Leticia Aguilar

Socióloga, disidente de la disidencia de izquierda, feminista desde 1986, guatemalteca, mamá y exfuncionaria pública. Pesimista del presente y del futuro, pero esquizofrénicamente empeñada en la contrucción de una nueva gobernabilidad y gobernanza del Estado.

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