Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

Desde que Guatemala es Estado independiente, las instituciones que le dan forma y sentido han sido presa de intereses particulares. Conservadores de distinto tipo y cuño han medrado a su alrededor, haciendo del erario fuente personal de enriquecimiento. Aunque celebramos elecciones, desde 1985, y, supuestamente, llegan al ejercicio del poder los efectivamente electos por la población, la costumbre de apropiarse de bienes públicos, de ejercer violencia en contra de opositores y competidores, y mantener sus crímenes y delitos en absoluta impunidad ha sido la regla.

El nombramiento de Conrado Reyes para la Corte de Constitucionalidad, así como la persecución a ex altos mandos policiales y del Ministerio Público son los últimos acontecimientos que evidencian lo poco que hemos avanzado y el alto riesgo de debacle institucional en que nos encontramos.

Al Gobierno de Jimmy Morales y sus cómplices apenas si les restan dieciocho meses para dejar los cargos, pero en ese corto período no solo pueden destruir lo poco que en consolidación institucional hemos avanzado en los últimos treinta años, sino regresarnos a los años del terrorismo de Estado de los años ochenta.

La elección de Reyes por parte de la Corte Suprema de Justicia evidencia que las redes criminales no solo han permanecido vivas, sino que, en la sombra, se han fortalecido y en la actualidad cuentan con el apoyo directo e irrestricto del jefe del Ejecutivo. Si el autoritarismo populista de Álvaro Arzú les dio aliento y las reforzó al repartir los bienes del Estado entre los nuevos ricos; los gobiernos siguientes, sin excepción, continuaron con esas prácticas, las cuales fueron altamente nocivas en los períodos de Alfonso Portillo y Otto Pérez.

Si la independencia, profesionalismo y probidad en el sector justicia es indispensable, la constitución de una policía eminentemente civil y altamente profesional es prioritaria. No esperamos que absolutamente todos sus miembros sean personas honestas, con alto espíritu profesional y ciudadano, pero resulta que en la actualidad son la excepción, y no la mayoría, los funcionarios que en esas instituciones actúen con apego a la ley, a la ética y a los principios democráticos.

Es por ello que las últimas actuaciones de la CSJ y del Ministerio de Gobernación causan honda preocupación, pues se orientan a tratar de establecer un entramado de impunidad y corrupción que puede conducir al colapso total de la vida institucional del país y dejar a los ciudadanos totalmente desprotegidos ante la corrupción y el autoritarismo de ciertos funcionarios públicos.

Las actuaciones de Enrique Degenhart sobrepasan, con creces, al violento y sanguinario período de Carlos Vielman, durante el Gobierno de Oscar Berger. A la criminal “limpieza” social de aquel se ha agregado el asesinato selectivo de líderes comunitarios, en su mayoría vinculados a Codeca, trastocando con violencia la organización policial para impedir, de manera más que clara, el funcionamiento adecuado de la Cicig y demás instituciones persecutorias del crimen organizado, dentro y fuera del aparato público.

La profesionalización en las distintas esferas públicas es indispensable, e inicia con que todo futuro funcionario acceda al cargo por concurso público, y que los que asuman cargos de dirección demuestren, públicamente, una ejecutoria pública intachable. En la Policía Nacional Civil, poco a poco, a trancas y rempujones, eso se ha ido logrando, pero las acciones del actual ministro nos devuelven a los tiempos de la panel blanca o el nefasto Sperisen, civil con vocación de “Rambo”, recién condenado definitivamente en Suiza por sus crímenes.

La Corte de Constitucional, por su parte, es el ámbito donde las cuestiones más importantes de la vida pública son juzgadas, por lo que la llegada de Reyes anuncia con clarines y trompetas que lo que se busca es blindar al actual jefe del Ejecutivo para que los distintos pedidos de antejuicio o juicios posteriores no se lleven a cabo.

Jimmy Morales y su gente nos están diseñando un Estado y un país de impunidades, y tal parece que en todos los aspectos, a pesar de lo evidente de su incapacidad, inmoralidad y vocación delictiva, él y sus secuaces pueden no solo quedar impunes, sino destruir las aún débiles instituciones públicas.

Fotografía principal tomada de Publinews.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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