Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

La aprobación en el 2009 de la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto 19-2009 del Congreso de la República, fue producto de una ardua y prolongada exigencia de organizaciones de derechos humanos y pro justicia que veían la necesidad de que la selección de funcionarios tales como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Apelaciones (CA) y Fiscal General, entre otros, sea un proceso transparente en los que no tengan ningún tipo de influencia los llamados poderes fácticos, de manera que las nóminas de candidatos sean integradas con profesionales de comprobada solvencia ética e independencia, lo cual puede ser alguna garantía de que los funcionarios electos no actúen en función de intereses privados y no favorezcan la impunidad.

Sin embargo, pese al avance que significó la aprobación de la mencionada Ley, en la práctica concreta las Comisiones de Postulación se convirtieron, en poco tiempo, en un campo de disputa entre distintas facciones de los poderes fácticos. Ejemplo de ello fue el proceso de selección, en 2014, de la nómina de postulados para magistrados de la CSJ y CA y la posterior elección en el Congreso de la República de los actuales titulares de ambas cortes. Fue prácticamente una piñata negociada entre el gobernante Partido Patriota y LIDER, el principal partido de oposición en ese momento, con el fin de garantizar que no serían objeto de persecución penal bajo ninguna circunstancia. Otro ejemplo claro es el reciente proceso para el nombramiento de la Fiscal General.

Esos procesos constituyen la enésima evidencia de cómo los llamados poderes fácticos o paralelos deciden, en última instancia, quiénes han de ser los funcionarios que tengan a su cargo instituciones que son clave para asegurarse que la impunidad les permita cometer cualquier tipo de delito, con la seguridad que no serán perseguidos penalmente. La experiencia de los últimos años ha evidenciado que las comisiones de postulación tienen dos campos claramente delimitados en los que se desarrolla su trabajo de integración de las nóminas: uno privado y otro público

En el espacio público se escenifica el show mediático ante la opinión pública y, particularmente, ante la sociedad civil que observa y escudriña su trabajo. Es la parte procedimental de su integración, establecimiento de criterios de funcionamiento, fijación de los requisitos para postularse, los criterios a evaluar, integración del listado de postulantes, las pruebas psicométricas, la entrevista, la evaluación y la votación para seleccionar el listado final de donde se ha de elegir o nombrar a los o al funcionario.

El espacio privado es el más importante y el determinante. Allí es donde los poderes fácticos negocian, se reparten cuotas (si es el caso) y deciden quiénes o quién ocupará el o los cargos en disputa. Y es que es la forma de integración de estas comisiones lo que permite a esos poderes seguir influenciando y siendo determinantes en la selección de los funcionarios. Ocurrió en 2014 cuando el Congreso eligió a los actuales magistrados de la CSJ y CA, y se dio nuevamente en el reciente proceso de selección de la actual Fiscala General.

En pocas palabras, casi siempre todo queda entre los mismos (la excepción fue la selección de la Fiscala Claudia Paz). Y los mismos de siempre tienen vínculos y/o son operadores políticos de los poderes fácticos. Todas las universidades están vinculadas a grupos de capital emergente o “tradicional”, incluida la USAC (la última elección de Rector lo corrobora); el CANG penetrado por esos grupos, uno encabezado por el “Rey del tenis” que ha tenido mucha influencia en las últimas elecciones de CSJ y CA; las actuales cortes son producto de procesos viciados y corrompidos.

Eso explica por qué la administración de justicia no es independiente ni imparcial. Todo el sistema, desde la CSJ y CA hasta el Sistema Penitenciario está controlado, como todo el Estado, por ese poder paralelo compuesto por empresarios, militares (retirados o en activo) y estructuras criminales que hacen una amalgama de la cual es difícil distinguir a unos de otros.

Esto ha sido particularmente evidente en los últimos años. Jueces que, pese a todo y contra todo, han logrado mantener su independencia en procesos judiciales que han llevado o que llevan y resuelven de manera independiente e imparcial, son permanentemente hostigados y presionados para que fallen a favor de intereses espurios. En el caso por genocidio contra Ríos Montt, el de Sepur Zarco y el Molina Theissen, juezas y jueces fueron objeto de ataques, presión y hostigamiento constantes.

Esa situación también la enfrentan juzgadores que tienen a su cargo casos por corrupción como el de Migración, construcción y corrupción, caja de Pandora, Odebrecht, financiamiento ilícito, tráfico de influencias, y demás. El caso conocido como “Migración” por el que han sido condenados, entre otros, los miembros de la familia Bitkov, ha sido utilizado por los opositores de la CICIG para presionar la salida del comisionado Velásquez, al mismo tiempo que desde dentro del Organismo Judicial la Sala Tercera de Apelaciones presiona a la jueza Erika Aifán Dávila, titular del Juzgado D de Mayor Riesgo, para que falle a favor de dicha familia, especialmente de Igor Bitkov.

Como parte ello, dicha Sala, cuyo titular es el magistrado Amílcar González Dávila, anuló el fallo de la jueza que envía a la familia Bitkov a un segundo juicio, le fijó una multa de mil quetzales y ordenó al MP que le inicie proceso de antejuicio por los delitos de incumplimiento y desobediencia. Hay una clara violación a la independencia judicial.

Si entendemos que la independencia judicial no se reduce a ser prerrogativa de juezas y jueces, sino que es un derecho de todos los guatemaltecos, su vulneración afecta a toda la población y, por lo tanto, es un derecho que se debe defender denunciando a quienes hostigan, presionan, amenazan e intimidan a los operadores de justicia que actúan con transparencia, independencia e imparcialidad.

En medio de todo este fango en el que se sostiene el modelo económico y el sistema político como mecanismo que garantiza su continuidad, no es casual que el Estado y sus organismos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) estén no solo penetrados o cooptados, sino controlados por los llamados “poderes fácticos”; es decir, por quienes tienen y ejercen el poder real. En ese sentido, no es extraño que el Organismo Judicial y el aparato de justicia actúen de acuerdo a esos intereses, no importando que con ello se ponga en riesgo el sacrosanto “Estado de derecho”, es decir, que se vulneren e incumplan las mismas leyes que garantizan el funcionamiento del sistema.

Por ello, cuando hay jueces y juezas independientes, imparciales e incorruptibles que ponen en riesgo los intereses de esos grupos de poder, y más si se trata de intereses espurios que ven en la corrupción y la impunidad la garantía de su mantenimiento, son atacados, amenazados, hostigados e intimidados, tal como ha ocurrido a la jueza Yazmín Barrios y los jueces del tribunal que juzgó a Ríos Montt, los jueces y jueza del tribunal que conoció el caso Molina Theissen. Como ocurre también a la jueza Aifán que se vio obligada a poner una denuncia en la PDH contra la Sala Tercera de Apelaciones por vulnerar su independencia como juzgadora.

La actuación de dicha Sala, que ha denunciado al Procurador de los Derechos Humanos ante el Congreso de la República por intromisión, es un ejemplo de cómo muchos, quizás la mayoría, de los magistrados de la CSJ y de la CA son parte de la maquinaria de impunidad que los poderes fácticos han construido, en medio de la cual luchan algunos jueces y juezas por su independencia.

Sin independencia judicial, el mismo “Estado de derecho” burgués es una verdadera falacia y un engaño.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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