-Ricardo Gómez Gálvez / GUATEMALA: LA HISTORIA INCONCLUSA–

El carácter particularmente violento que asumió la contrarrevolución de 1954, al reprimir en forma vesánica cualquier forma de cambio social y económico del Estado rufinista que afectara los intereses de las élites dominantes, lastimó la dignidad de amplios segmentos de la población en general, pero especialmente la de muchos oficiales de las fuerzas armadas que fueron testigos forzados de la traición perpetrada por el alto mando militar, cuando, doblegándose ante las presiones del embajador de los Estados Unidos, forzó la renuncia del jefe legítimo del Estado, que para colmo era un oficial distinguido del instituto armado y héroe militar de la Revolución de octubre.

Los excesos del movimiento político armado que protagonizó la invasión, llamado Liberación Nacional, obligó a algunos sectores conservadores encabezados por el arzobispo metropolitano, Mariano Rosell Arellano, a promover la inscripción de una fuerza política que moderara esas extralimitaciones, promoviendo un balance entre fuerzas conservadoras. Es así que bajo la advocación de la Iglesia católica es inscrito, en 1955, el partido Democracia Cristiana Guatemalteca, por cierto el más longevo de la historia reciente del país y el único sobreviviente, hasta el año 2007, de los partidos históricos del siglo XX. De hecho, Castillo Armas promueve esta acción, planeando su reelección en 1960, como candidato de la DCG.

Los acontecimientos subsiguientes, marcados por el predominio político de la Liberación y de sus patrocinadores, los terratenientes cafetaleros y los monopolios industriales locales, aunados al inicio de la corrupción en gran escala de la administración pública, especialmente bajo la administración del general Miguel Idígoras Fuentes, y agravados por el fraude perpetrado por el partido oficialista Redención en 1961 y por el escándalo provocado por el uso de territorio nacional para el entrenamiento de contingentes extranjeros comprometidos con la conspiración extranjera -otra vez-, con ocasión de la invasión contra el régimen cubano en Bahía de Cochinos, provocan un frustrado movimiento militar –el de 13 de noviembre de 1960- y un movimiento popular de grandes proporciones –marzo y abril de 1962- que desembocan finalmente en el golpe militar de mayo 1963, cuando el Ejército asumió en forma directa por primera vez el gobierno de la República, cerrando el ciclo del lamentable compromiso acarreado por la traición de junio de 1954.

Simultáneamente, en el fondo del drama político, se movía silenciosamente un proceso de organización y concientización, catalizado por la indignación y la frustración de importantes sectores de base popular que habían cifrado sus esperanzas en el proceso democrático y modernizador, interrumpido en 1954.

Como caso singular en la región, paralelamente ocurre un fenómeno similar al interior del cuerpo de oficiales del Ejército nacional, especialmente entre los más jóvenes, quienes ven pisoteados en la práctica los principios que el instituto armado proclama en su Academia Militar como el cumplimiento del deber, la lealtad sin límites y la gloria debida a la patria. Un importante contingente de cadetes y oficiales había sido sancionado, cuando, el 2 de agosto de 1954, la compañía de cadetes de la Escuela Militar se había alzado contra el usurpador, atacando el cuartel de los invasores. Esto produjo la indignación y la consecuente movilización de algunos contingentes regulares de la capital, en apoyo de los cadetes adolescentes, lo cual permitió la derrota y expulsión de la fuerza invasora. Una mediación comprometedora del arzobispo metropolitano provocó la clausura de la Escuela Militar, la prisión para la mayoría de los participantes y el éxodo de los cadetes, muchos de los cuales terminaron sus estudios militares en el extranjero. Varios de estos cadetes serían más tarde líderes fundadores de la insurgencia armada y jefes del Ejército protagonistas de los papeles más álgidos de la guerra interna (1960-1996), unos como fundadores y comandantes de las fuerzas insurgentes y otros como jefes del Ejército en la etapa más violenta de la guerra.

Estos complejos acontecimientos, poco mencionados y profundizados por la historia oficial, explican la singularidad del caso del Ejército de Guatemala, que libró la guerra a su propia manera, con fuerte influencia doctrinaria militar de origen francés (la doctrina contrainsurgente del Ejército francés en la guerra de Argelia), lejos de una sujeción directa a las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, contrario al caso de la guerra civil de El Salvador.

El Ejército nacional asumió los resultados insostenibles de esta situación histórica, primero a través de la apreciación de la situación, elaborada por el Estado Mayor Especial, convocado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional en el segundo semestre de 1981 y posteriormente por la Proclama de la Junta de Oficiales que encabezó en el terreno el golpe de Estado de marzo de 1982. Esta situación fue provocada al final, por el malestar de la oficialidad combatiente y por la posibilidad efectiva de una derrota militar de la institución armada, hechos que impusieron la necesidad de un viraje político radical.

Los elementos que integran la Proclama de los Catorce Puntos, publicada a las pocas horas del movimiento militar, vuelve sus pasos hacia la antigua aspiración de la ciudadanía política guatemalteca: probidad en el ejercicio de los cargos públicos, un ciudadano un voto, sufragio libre y respetado y no reelección, avanzando audazmente en temas estructurales como los derechos fundamentales del ciudadano, la postura anticorrupción, la reforma del sistema político y una velada pero firme anticipación de la ruptura con la oligarquía patrimonialista.

De nuevo se produce el eco histórico que la histórica oficialidad joven del Ejército hace de las aspiraciones y de la sensibilidad ciudadanas: el atentado perpetrado por los cadetes en 1913 contra el sátrapa Estrada Cabrera, el movimiento militar del 20 de octubre de 1944 contra Ubico y contra Ponce Vaidez y la asonada de los cadetes del 2 de agosto de 1954 en contra de la llamada Liberación. Todo esto constituye antecedentes del movimiento militar del 13 de noviembre de 1960 que inaugura el conflicto armado.

Esa plataforma política, enunciada por los líderes del golpe, solamente se mantiene como espíritu del mismo, hasta el 8 de agosto de 1983. La necesidad de pragmatizar políticamente la actuación del gobierno militar, procediendo a la transición política hacia la democracia electoral, invisibilizó algunos de los propósitos más profundos de la proclama militar, dando lugar al actual proceso de restauración democrática, que entra en un período irresuelto de crisis con el autogolpe protagonizado por el presidente Jorge Serrano el 25 de mayo de 1993.

Los aspectos de fondo que provocaron la crisis, relacionados con la reforma del sistema político, invisibilizados por el pacto de las élites de agosto de 1983 y por la componenda bendecida por el arzobispado para mediatizar la reforma constitucional de 1994, cobran sus resultados, provocando una disfunción del sistema político que aún no ha sido resuelta, cuando la democracia representativa no se desarrolla y vuelve a ser mediatizada por el sistema patrimonialista originado en la época colonial y por los efectos del mundo posmoderno, que reduce la soberanía del Estado nacional, erosionando la validez de la política.

Entre los catorce puntos incluidos en la proclama publicada por el movimiento militar como justificación de su acción, ocupan lugar preponderante algunos que se refieren directamente a esta situación, especialmente cuando señalan abiertamente la manipulación que grupos políticos y económicos han hecho de la institución armada en su detrimento y condenan los fraudes electorales acaecidos desde 1974. Se señalan también las desigualdades económicas y sociales y la falta de participación política de la población, desencantada por los abusos.

Con la creación del Consejo de Estado, como órgano corporativo compuesto por representantes de grupos sociales, étnicos, económicos y políticos en 1982, se emprende la legislación de algunos aspectos medulares, como la elaboración de normativas pertinentes para regular lo relativo al funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, del Registro de Ciudadanos, del Registro de Población y la Ley de Organizaciones Políticas.

La experiencia negativa acumulada a lo largo de todos esos años de fraudes, abusos y atropellos, producen en ese momento una síntesis apoyada y promovida por el general Efraín Ríos Montt, gobernante de facto a raíz del golpe militar, víctima en carne propia de esos fenómenos, ya que según todas las evidencias, le fue arrebatado el triunfo electoral en 1974, por la vía del fraude electoral más escandaloso de la historia política del siglo XX.

Sin embargo, los alcances de la legislación aprobada en esa época constituyen un punto de referencia de singular importancia para reconstruir la historia de la participación política electoral de la población guatemalteca, no solamente en términos de efectividad, sino, sobre todo, por la visión de un modelo integral que garantizaría, dentro de lo que era posible, la naturaleza representativa de la democracia política que preconizaba.

Ocupa lugar preponderante la Ley de Organizaciones Políticas aprobada por el Consejo de Estado, que regulaba de manera positiva y novedosa los procesos de inscripción, funcionamiento y participación democrática al interior de las mismas.

Esa legislación se detiene a normar minuciosamente los requisitos formales necesarios para dar plena validez a la elección y funcionamiento de los órganos de dirección y representación de las instituciones políticas de los niveles municipal, departamental y nacional. Establece la potestad por parte de organizaciones políticas locales (comités cívicos), para proponer candidatos a al Congreso de la República. Estas regulaciones implicaban un paso adelante, fundamental en la democratización y la descentralización de los instrumentos de participación política.

Desafortunadamente, esta legislación no perduró, cuando el modelo impulsado por el Consejo de Estado de la dictadura fue vetado por el pacto de élites que patrocinó el golpe del 8 de agosto de 1983, en especial a partir de la promulgación del decreto 1-85 de la Asamblea Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, que regresó a una visión electoralista y excluyente de la participación política. Además se retornó a los vicios estructurales como el clientelismo y el elitismo que convertían a los partidos políticos en feudos privados de personas o de grupos, los cuales, por la vía del financiamiento desregulado, los requisitos legales y los formalismos, terminaban siendo manipulables, evidenciando su carácter antidemocrático, sellando el destino de una transición inconclusa a una democracia que sucumbe víctima de la corrupción y el clientelismo.

Ricardo Gómez Gálvez

Político de vocación y de carrera. Cuarenta años de pertenencia al extinto partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Consultor político para programas y proyectos de la cooperación internacional y para instituciones del Estado.

Guatemala: la historia inconclusa