Carlos Juárez | Política y sociedad / CLANDESTINO Y ARTESANAL

Cada 19 de octubre, en el departamento de Chiquimula, a diez kilómetros de la cabecera, se conmemora en la aldea El Jute, la desaparición forzada de ocho personas realizada por el Ejército de Guatemala.

1981 sería uno de los años más terroríficos del conflicto armado. La violencia se había disparado bajo el gobierno de Romeo Lucas García, y la represión era incesante. Aquel 19 de octubre, esa violencia se materializaría en El Jute, cuando un numeroso grupo de militares irrumpió por la noche en la casa de las víctimas, utilizó exceso de fuerza y se llevó, con rumbo desconocido, a ocho hombres de entre 20 y 35 años de edad.

La figura de los comisionados militares estaba en auge, y estos, junto a los militares de carrera, actuaban con absoluta impunidad. Los primeros eran pobladores originarios del lugar, ejercían actividades de cooperación con el Ejército y eso los ponía en posiciones de ventaja frente a los demás miembros de la comunidad.

Una enemistad de los comisionados con algunas de los desaparecidos fue motivo suficiente para sentenciar la suerte de estos. Serían señalados de colaborar con la guerrilla y la respuesta del Ejército no se hizo esperar: había que desaparecer a cualquiera que simpatizara con el movimiento.

Esa noche, los hogares de la comunidad perdieron a padres de familia que nada tenían que ver con la guerrilla, eran trabajadores del campo que se dedicaban a la agricultura. El simple señalamiento de los comisionados militares fue razón suficiente para arrebatar la vida de las víctimas. Este hecho es un claro ejemplo de cómo actuaban las fuerzas armadas, todo aquel que tenía algún nexo con la institución armada podría decidir en cualquier momento quién era digno de vivir y quién no. Total, solo se necesitaba decirle guerrillera o guerrillero a alguien, el resto quedaba en manos bélicas.

La necesidad de verdad y justicia impulsó durante muchos años a la comunidad de El Jute a esclarecer los hechos, sin embargo, durante más de dos décadas nunca encontraron respuestas o apoyo.

Fue hasta 2009 cuando, a través de un largo proceso, un tribunal de sentencia de Chiquimula condenaría a 53 años de prisión a tres comisionados militares y un coronel del Ejército por su participación en los hechos ocurridos en 1981.

Sería esta la primera vez que se juzgaría a un militar de carrera por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Así la justicia transicional empezaba a dar sus primeros pasos en Guatemala, y la comunidad de El Jute era parte importante en este camino.

Estremecedoras serían las palabras de Isidoro Gallardo, uno de los líderes de la comunidad tras el fallo judicial. Se refirió a la satisfacción que sentía por encontrar justicia 28 años después de los hechos, pero también la necesidad de saber en dónde están los restos de sus seres queridos.

Y es que la desaparición forzada es así, no importa el tiempo que pase desde la desaparición, si los familiares de las víctimas no encuentran los restos, siempre tendrán la esperanza de encontrarlos con vida. El duelo alterado es constante, mientras unos días entierran a sus familiares, otros días los encuentran en sus recuerdos y la posibilidad de que estén con vida se asoma a sus pensamientos.

La búsqueda de justicia de El Jute es, además, heroica, porque se enfrenta con otra constante que dejaron los crímenes del conflicto armado: víctimas y victimarios conviven en el mismo territorio, lo cual aumenta el peligro de buscar justicia. Los miembros de El Jute lo hicieron sin importar las repercusiones, y esa valentía de buscar esclarecimiento es un aporte también para el país. Esos procesos fortalecen la democracia, pues cuando un crimen es cometido por funcionarios del Estado, es imperante que se castigue, y para eso se requiere de la valentía de las víctimas.

El Jute fue uno de los procesos que abrió el camino de la justicia transicional en Guatemala. Hoy, a casi diez años de esa sentencia, esa justicia se ha estancado, pues nuevamente los poderes económico y militar se han articulado para negar los hechos del pasado, promover un discurso de odio y criminalizar a las víctimas que requieren respuestas.

Todo mi respeto para los miembros de la comunidad que creyeron en el derecho, en el debido proceso y en las vías legales para juzgar a los responsables de los hechos. Caso contario a los perpetradores, pues si las víctimas cometieron algún delito, debieron ser puestos a disposición de jueces competentes.

Quizá ese legado sea el más importante del caso de El Jute, creer en los procesos legales y no en el camuflaje y el fusil como lo hizo el Estado en el pasado.

Carlos Juárez

Estudiante de leyes, aprendiz de ciudadano, enamorado de Guatemala y los derechos humanos, fanático del diálogo que busca la memoria de un país con amnesia.

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